La Sala especial del artículo 61 del Tribunal Supremo -competente para estudiar las recusaciones contra magistrados de este órgano- rechazó hoy las presentadas por asociaciones para la recuperación de la memoria histórica y por Carmen Negrín, nieta del último jefe de Gobierno de la II República, que pretendían apartar a varios de ellos de las resoluciones relativas a la causa abierta al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por una presunta prevaricación cometida al investigar las desapariciones del franquismo.

Las recusaciones afectaban a la mayoría de los magistrados de la Sala de lo Penal, entre ellos su presidente, Juan Saavedra, así como al propio presidente del Supremo, Carlos Dívar, y se habían presentado por entender que todos ellos incurrían en 'falta de imparcialidad' al haber jurado en su día 'lealtad al Caudillo' al entrar en la carrera judicial.

La Sala del 61 se limitó hoy a confirmar que todas las recusaciones han sido inadmitidas 'ad limine' y que la motivación específica de tale resoluciones ser harán públicas en los próximos días.

En el escrito que remiteron en su día al Supremo, las partes recusadoras también tildaron de 'contaminada' la propia Sala del 61, que ya tenía sobre la mesa la posible recusación de los cinco magistrados que admitieron a trámite la querella contra el juez Garzón por el asunto de la memoria histórica.

Se trataba de los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, y Juan Saavedra. Las asociaciones consideran que estos magistrados debían haberse apartado de la causa contra Garzón porque son los mismos que trataron este asunto con ocasión de la querella presentada por la nieta de Negrín contra los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que paralizaron la apertura de fosas comunes y posteriormente declararon la incompetencia del juez de la Audiencia Nacional.

La cuestión de imparcialidad se dirigía especialmente contra Adolfo Prego, ponente del auto de admisión de la querella contra Garzón, por sus 'relaciones directas e indirectas' con los firmantes de la querella -el sindicato 'Manos Limpias'- y también por su 'posición pública' contraria a la investigación de las desapariciones durante el franquismo, según la parte recusadora.