El preso político cubano Orlando Zapata Tamayo murió ayer en un hospital de La Habana. Tras pasar 85 días en huelga de hambre exigiendo que se le tratara como 'prisionero de conciencia', Zapata falleció sobre las 16.00 hora local (21.00 GMT) en el hospital Hermanos Ameijeiras. Allí fue trasladado la noche del lunes desde un centro médico para reclusos de la capital cubana, donde se encontraba desde el 16 de febrero.
La madre de Zapata, Reina Tamayo, dijo al Directorio Democrático Cubano (DDC), una asociación dirigida por disidentes, que 'la muerte de mi hijo ha sido un asesinato premeditado'. Antes de la muerte, la mujer dijo a la agencia EFE que su hijo estaba muy grave debido a una huelga muy larga, y pesea a que se le estaban suministrando alimentos por vía intravenosa contra su voluntad. Según su testimonio, además de la desnutrición de casi tres meses de huelga, tenía bronconeumonía y una infección en la boca.
José Ortiz Molina, su padrastro, prometió 'continuar esta lucha por los Derechos Humanos' en la isla tras su muerte. 'Tenemos la fuerza de continuar esta lucha por los Derechos Humanos', aseguró Molina en declaraciones por teléfono al diario El Nuevo Herald.
El DCC calificó la muerte desde Miami de asesinato 'del régimen castrista, que se negó a garantizarle sus derechos básicos'. Según el Directorio, en octubre de 2009, Zapata Tamayo fue brutalmente golpeado por militares de la prisión provincial de Holguín. Esto le causó un hematoma interno en la cabeza y tuvo que ser intervenido de urgencia.
El disidente, miembro del Movimiento Alternativa Republicana, inició a principios de diciembre una huelga de hambre en la prisión de Camagüey para pedir que se le tratara como 'prisionero de conciecia'. Según denunció, durante 18 días se le negó el agua, lo único que ingería.
'Los abusos cometidos contra Orlando Zapata Tamayo comprueban que la tortura y el terror contra el pueblo son políticas de Estado bajo el régimen castrista. Esta muerte es una prueba de la práctica del terrorismo de Estado', afirmó Janisset Rivero, secretaria nacional adjunta del DDC.
Por su parte, Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), dijo que el deceso de Zapata, 'aparte de una tragedia para la familia, es una muy mala noticia para todo el movimiento cubano de derechos humanos y también para el Gobierno, porque esa muerte era evitable'.
Zapata formaba parte del grupo de 75 disidentes condenados en la primavera de 2003 con penas de hasta 28 años de cárcel. España, en una reunión en Madrid el pasado jueves entre altos cargos españoles y cubanos, pidió a Cuba que reconsiderara su postura sobre los presos políticos.
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