Nuevo varapalo jurídico a los planes del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar por encima del histórico barrio marinero de El Cabanyal, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y protegido del afán de los conservadores en derribarlo por una orden del Ministerio de Cultura.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno (a instancias del Consejo de Estado), contra el decreto ley que el Ejecutivo de Camps tramitó de urgencia para continuar las obras, cuya aplicación queda ahora en suspenso.

El ayuntamiento del PP estudia denunciar a la ministra de Cultura

El decreto, creado ad hoc, ignoraba la orden del ministerio. La Generalitat declaraba expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) de El Cabanyal 'no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico de la ciudad'.

La decisión del TC no gustó a Barberá, quien aseguró ayer que un gabinete jurídico estudia denunciar por prevaricación a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, sin ofrecer más detalles.

Barberá insistió en que continuará con sus proyectos de derribo ya que, a su juicio, la decisión del tribunal 'supone tan sólo la suspensión de esta norma autonómica y no implica la paralización de las actuaciones del PEPRI'. Cultura instó al ayuntamiento a paralizar las obras de todo el plan urbanístico en El Cabanyal por expolio del patrimonio y exigió no realizar ninguna intervención 'que no se adapte y garantice los valores histórico-artísticos del barrio'.

La alcaldesa de Valencia luchará 'lo que haga falta' por demoler las casas

Para demostrar su interés en que el proyecto siga adelante,la dirigente del PP asegura que va a desarrollar esta iniciativa 'luchando todo lo que haga falta y donde sea necesario'. Barberá incluso llegó a asegurar que 'los que paralizan el plan tendrán que dar cuenta por saltarse la naturaleza de la democracia'.

La alcaldesa se escuda para evitar cumplir la orden del ministerio (hecha a instancias del Tribunal Supremo) en que dicha orden sólo puede aplicarse a la zona BIC afectada por el PEPRI, que únicamente es 'del 4,13 % de toda la superficie del plan'.

El decreto se aprobó para ignorar la orden del Gobierno que frenaba el plan

También recordó que el TC tiene un plazo de cinco meses prorrogable para pronunciarse definitivamente sobre el polémico decreto del Consell, un tiempo que si se prolonga demasiado sería, para ella, suficiente 'para hacer dos o tres Cabanyales'.

En su recurso, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero argumentó que la norma valenciana suponía un menoscabo de las competencias del Estado sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico. Para el Gobierno, dicha norma no se justifica, ya que no hay una 'extraordinaria y urgente necesidad' para dictar este decreto ley.

El Ejecutivo alegó asimismo que el texto impulsado por la Generalitat convalida una actuación administrativa anterior con carácter retroactivo, por lo que 'infringe las exigencias de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y proporción', requisitos exigidos constitucionalmente.

La decisión se trasladará al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al presidente de la Generalitat y a la presidenta de las Corts Valencianes, con el fin de que 'en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes'.

Desde la oposición, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, alabó la 'valentía' de la ministra de Cultura por haber 'defendido la protección' de la zona. Para Alarte, este 'nuevo varapalo' a Camps 'pone freno al desvarío urbanístico y a la política del Consell, que se basa en el expolio y la destrucción'.

En el mismo sentido, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, volvió a pedir al equipo de Gobierno municipal que dialogue con los vecinos de El Cabanyal y con el resto de agentes implicados para lograr 'un plan que revitalice El Cabanyal con rehabilitación y sin derribos'. Además, se felicitó por la noticia del TC.

Para la portavoz adjunta del grupo Compromís en las Corts y miembro de Iniciativa, Mònica Oltra, el Constitucional ha hecho lo que todos preveían: 'Pararle los pies a las ansias destructoras del PP'. En este sentido, indicó que con esta decisión se ha puesto de manifiesto 'el despropósito de decreto ley que había aprobado el Gobierno valenciano, una iniciativa legislativa del Consell que desde su concepción estaba condenada al fracaso'.

Finalmente, la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, aseguró que el TC deja 'sin argumentos' a los conservadores. 'Ahora a Rita Barberá no le queda más que rectificar y dialogar o presentar su inmediata dimisión', concluyó Sanz.