Después de dos años de una crisis que ha creado millones de desempleados y ha provocado que el número de personas hambrientas y desnutridas en el mundo alcance un nuevo record, están bien claras las causas de esta grave situación.

Dejar en plena libertad a los capitales financieros y dejar que los mercados sean los únicos reguladores de las relaciones económicas sólo lleva, como estamos comprobando, a la inestabilidad permanente, a la escasez de recursos financieros para crear empleo y riqueza y a las crisis recurrentes.

Se ha demostrado también que la falta de vigilancia e incluso la complicidad de las autoridades con los poderosos que controlan el dinero y las finanzas, esto es, la falta de una auténtica democracia, sólo produce desorden, y que concederles continuamente privilegios, lejos de favorecer a las economías, las lleva al desastre.

Dejar que los bancos se dediquen con absoluta libertad a incrementar artificialmente la deuda con tal de ganar más dinero es lo que ha provocado esta última crisis.

Pero también es una evidencia que las políticas neoliberales basadas en reducir los salarios y la presencia del Estado, el gasto social y los impuestos progresivos para favorecer a las rentas del capital, han provocado una desigualdad creciente.

Y que la inmensa acumulación de beneficios de unos pocos, en lugar de producir el efecto 'derrame' que pregonan los liberales, ha alimentado la especulación inmobiliaria y financiera que ha convertido a la economía mundial en un auténtico e irracional casino.

Y es evidente que esos desencadenantes de la crisis no tienen que ver solamente con los mecanismos económicos, sino con la política controlada cada vez más por los mercados, por el poder al servicio de los privilegiados y por el predominio de la avaricia y el afán de lucro como el único impulso ético que quieren imponer al resto del mundo los grandes propietarios y los financieros multimillonarios.

Por eso la crisis económica que vivimos es también una crisis política y cultural y ecosistémica.

Las prácticas financieras neoliberales que la han provocado se justificaron con el predominio de unos valores culturales marcados por la soledad, el individualismo egoísta, la degradación mercantil de los conceptos de felicidad y de éxito, el consumo irresponsable, la pérdida del sentido humano de la compasión y el descrédito de las ilusiones y las responsabilidades colectivas.

Los debates surgidos en torno a esta crisis demuestran que en las democracias occidentales se ha establecido un enfrentamiento peligroso entre los poderes económicos y la ilusión política.

Los partidarios del mercado como único regulador de la Historia piensan que el Estado debe limitarse a dejar que los individuos actúen sin trabas, olvidando que entre ellos hay una gran desigualdad de capacidades, de medios y de oportunidades.

Por eso le niegan capacidad pública para ordenar la economía en espacios transparentes, y para promover los equilibrios fiscales y la solidaridad social. Y por eso desacreditan el ejercicio de la política.

Pero la política no debe confundirse con la corrupción, el sectarismo y la humillación cómplice ante los poderes económicos.

La política representa en la tradición democrática el protagonismo de los ciudadanos a la hora de organizar su convivencia y su futuro.

Palabras como diálogo, compromiso, conciencia, entrega, legalidad, bien y público, están mucho más cerca de la verdadera política que otras palabras por desgracia comunes en nuestra vida cotidiana: corrupción, paraíso fiscal, dinero negro, beneficio, soborno, opacidad y escándalo.

Como esta crisis es política y cultural, debemos salir de esta crisis reivindicando la importancia de la política, la educación y la cultura.

No podemos confundir la sensatez y la verdad científica con diagnósticos interesados en perpetuar el modelo neoliberal y sus recetas financieras. Ahora resulta prioritario buscar una respuesta progresista a la crisis.

Para evitar nuevas crisis en el futuro hay que luchar en primer lugar contra todas las manifestaciones de la desigualdad.

Y para ello es necesario garantizar el trabajo decente que proporcione a mujeres y hombres salarios dignos y suficientes, y el respeto a sus derechos laborales como fundamento de un crecimiento económico sostenible.

Así mismo, es imprescindible que se lleven a cabo reformas fiscales que garanticen la equidad, la solidaridad fiscal, sin paraísos ni privilegios para millonarios, y la mayor contribución de los que más tienen, para que el Estado pueda aumentar sus prestaciones sociales y ejercer como un potente impulsor de la actividad económica.

Frente a los daños ecológicos de la ambición especulativa, una respuesta progresista supone revisar los marcos jurídicos para que sea posible una mayor protección de nuestro ecosistema y establecer suficientes incentivos para promocionar la producción y el consumo sostenibles.

Frente a un modelo productivo basado en la especulación financiera e inmobiliaria y en la consideración de que nuestros recursos son ilimitados, una respuesta progresista supone invertir más en educación, investigación y cualificación laboral.

Frente al desprestigio de la política, una respuesta progresista supone devolverle la autoridad a los espacios públicos y a los representantes de los ciudadanos para que regulen en nombre del interés común las estrategias del mercado.

Frente a la misoginia y la discriminación de género, una respuesta progresista supone consolidar las políticas de igualdad, defender el derecho a la reproducción y medidas específicas para evitar que las mujeres se vean relegadas al paro o a la economía sumergida y a soportar muchas más horas de trabajo no retribuido que los hombres, sufriendo así en mucha mayor medida que éstos los efectos de la crisis.

Frente al racismo y a la xenofobia, una respuesta progresista supone defender los derechos de los trabajadores extranjeros y asegurar el respeto jurídico a la dignidad las personas.