La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá prisión incondicional para el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, el ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga y otros cinco detenidos, mientras que solicitará la libertad para el histórico dirigente de la formación Rufi Etxebarria y otros dos.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han precisado que por el momento el fiscal Vicente González Mota sólo ha solicitado las medidas para Díaz Usabiaga, Etxebarria, Ainara Oiz -para los que ha pedido una fianza- y José Manuel Serra, puesto que son los cuatro detenidos a los que ha interrogado el juez Baltasar Garzón por el momento tras la operación policial desarrollada el pasado martes en la sede de LAB en San Sebastián, Hernani (Guipúzcoa) y Pamplona para evitar la reconstitución de la nueva dirección de Batasuna.

La primera en declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 fue Ainara Oiz Elgorriaga, arrestada cuando trataba de sacar documentos del domicilio de Miren Zabaleta para evitar que pudieran ser intervenidos, según informaron fuentes jurídicas.

A las comparecencias asiste el fiscal Vicente González Mota en representación del Ministerio Público y los abogados Jone Goirizelaia, Iñigo Iruin y Arantxa Zulueta en defensa de los detenidos.

Los diez comparecientes, que se encontraban en las dependencias de la Comisaría General de Información, fueron trasladados en vehículos camuflados del Cuerpo Nacional de Policía. El primer grupo, formado por cinco personas, llegó a la sede de la Audiencia Nacional a las 9,15 horas y el segundo una hora después.

Además de Oiz, comparecerán ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 el líder del sindicato LAB entre 1996 y 2008, Rafa Díez Usabiaga; el ex miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Rufi Etxeberria; la ex tesorera del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) Sonia Jacinto; y Miren Zabaleta, hija del coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, candidata de ASB en 2007 y promotora de una página web (Gaztesarea.net) vinculada a SEGI.

Los detenidos estaban siendo vigilados desde febrero pasado

Los otros cinco detenidos son José Manuel Serra Ugarte, ex responsable de Comunicación de Batasuna y candidato de HB en 1995; Arkaitz Rodríguez Torres, ex responsable de Haika en Alava; José Luis Moreno Sagües, que fue miembro de la Mesa Nacional y concejal en Burlada (Navarra); Amaia Esnal, a la que se vincula con la ilegalizada Askatasuna; y Ainara Oiz Elgorriaga.

Los dirigentes de la nueva Batasuna habían conformado un órgano denominado 'Bateragune (Todos juntos)' y estaban siendo vigilados desde febrero pasado, por lo que adoptaban grandes medidas de seguridad como entrar y salir de la sede de LAB --donde se realizaban las reuniones-- de manera escalonada.

En la investigación también resultó de utilidad la documentación que se incautó al último gran ideólogo de ETA Ekaitz Sirvent, detenido el pasado mes de abril en París, que mostraría las relaciones de Otegi con la banda terrorista.

Durante estos meses de investigación, la Policía también tiene constancia de viajes de Arnaldo Otegi al sur de Francia, donde los investigadores sospechan que pudo tener relación con responsables de la banda terrorista. En esos viajes al otro lado de la frontera, Otegi cambiaba varias veces de coche ante la sospecha de que pudiera estar siendo seguido y vigilado por agentes de la lucha antiterrorista.

Otegi vuelve hoy a la Audiencia Nacional 31 meses después de su última presencia ante este tribunal, que se produjo el 21 de marzo de 2007 cuando la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal le absolvió de un delito de enaltecimiento del terrorismo después de que la Fiscalía decidiera retirarle la acusación.

La última visita de Otegi a la Audiencia fue tres meses antes del fin del último alto el fuego de ETA

La última visita del ex portavoz de Batasuna a la Audiencia Nacional se produjo tres meses antes del final del último alto el fuego permanente decretado por ETA, cuando fue juzgado por su participación en julio de 2001 en el homenaje de la etarra Olaia Castresana.

El fiscal Fernando Burgos retiró entonces la petición de 15 meses de cárcel que hasta ese momento mantenía contra Otegi por considerar que la palabras que dirigió a los asistentes al entierro de Castresana en el cementerio de Polloe (San Sebastián) no fueron más que 'manifestaciones de las propias convicciones del acusado, un análisis de la realidad político-social a su modo y a su gusto'.