El PP no esperó ni 24 horas para armar su contrataque. Ayer, los conservadores se apoyaron en el sobreseimiento de la causa contra Francisco Camps para lanzarse en tromba contra el PSOE. Lo hicieron, además, al estilo de los últimos meses, vinculando el caso Gürtel a conspiraciones y ataques contra la misma democracia.

A juicio del PP, el anuncio de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega de que el ministerio público recurrirá ponen de manifiesto la “persecución” de la que el presidente valenciano ha sido objeto. “Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza a la Fiscalía General del Estado, no para darle instrucciones de perseguir a la organización terrorista ETA, sino de perseguir a un partido político por el mero hecho de ser el Partido Popular, la oposición a Rodríguez Zapatero”, subrayó su secretaria general, María Dolores de Cospedal.

Luego, alertó de la amenaza que se cierne sobre España en caso de que el recurso se formalice: “Con este Gobierno, lamentablemente, la democracia está en un serio peligro y tenemos el deber y la obligación de denunciarlo”.La campaña de la dirección conservadora recuerda al comunicado que hace poco más de dos semanas se difundió desde la calle Génova.

Entonces, el PP acusaba al Gobierno “y otras instituciones” de orquestar un plan para “aniquilar al primer partido de la oposición”. Además de a la Fiscalía, el PP señaló entonces a la Policía. Días más tarde, presentó una denuncia judicial por la filtraciones del caso Gürtel en el que se llamaba a declarar ante el juez a parte de la cúpula del Ministerio del Interior .

Los intentos de detener el recurso no se limitaron a la secretaria general del partido. Diversos cargos estatales y valencianos del PP cargaron contra el Gobierno, el fiscal Cándido Conde Pumpido y el PSOE indistintamente. Federico Trillo, el portavoz de Justicia del PP, cuestionó indirectamente el trabajo de todos los jueces por los que ha pasado la trama valenciana del caso Gürtel. En su opinión, la operación ha sido, “en lo tocante a la Comunidad Valenciana siempre y hasta el último momento, un montaje del PSOE”.

Durante una entrevista concedida a RNE, Trillo aseguró que las derrotas electorales que han cosechado los socialistas en Valencia y Alicante son el germen de la conspiración. “De la Vega es una mujer llena de rencor hacia los valencianos porque no la votan ni a ella ni a su partido”, le respaldó en los micrófonos de la cadena Cope, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons. El Ejecutivo valenciano pedirá la comparecencia de la vicepresidenta primera en el Senado.

La número tres del PSOE, Leire Pajín, también sirvió de blanco para el PP. Por la mañana, la secretaria de Organización socialista había reclamado a Francisco Camps que asumiera las “responsabilidades políticas” que se extraen del caso. A su juicio y “con independencia del alcance penal”, queda demostrado que el presidente valenciano “mintió” cuando dijo no conocer a Álvaro Pérez y aseguró que él se pagaba sus propios trajes. Los conservadores, que hace unos meses trataron de socavar la credibilidad del juez Garzón, reclamaron ahora a Pajín que “asuma las resoluciones judiciales en lugar de manchar el honor de las personas”.

Aunque judicialmente el caso permanecerá parado durante todo agosto, la batalla legal se reanudará el septiembre. Tanto la Fiscalía como el PSOE valenciano anunciaron ayer que presentarán sendos recursos ante el Supremo cuando terminen las vacaciones. Los socialistas valencianos apuntaron ayer las líneas en las que basarán el recurso, entre ellas que consideran que el auto de la Sala supone una “infracción de ley” al realizar una interpretación “distinta” del artículo 426 del Código Penal, el que tipifica el cohecho impropio.

Mientras, la presión del PP no cede. Ayer registró la petición para que Conde Pumpido explique en el Congreso el “bochornoso” uso de la Fiscalía.