Pablo Crespo,  Álvaro Pérez ('El Bigotes') y Francisco Correa.

La Fiscalía Anticorrupción considera que tanto el que recibe la dádiva o el regalo como el que lo entrega a una autoridad o funcionario público a cambio de su favor deben ser juzgados en el mismo procedimiento. Por eso, ayer mismo solicitó al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) José Flors que amplíe la citación como imputados para la vista del próximo miércoles a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Son los cabecillas de la trama Gürtel y las tres personas que aparecen como las que pagaron los trajes presuntamente recibidos por el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y los otros tres dirigentes del PP valenciano acusados.

Anticorrupción precisa que 'comparte plenamente el contenido del auto' del juez Flors , que ve indicios de un delito de cohecho en los trajes recibidos por Camps. La propia resolución afirma que ha hallado evidencias de que las empresas de Francisco Correa –principal encausado y en prisión desde el pasado mes de febrero– pagaron los trajes, y se centra especialmente en Orange Market, en cuyo accionariado participa Pablo Crespo y de cuya gestión en Valencia se ocupa Alvaro Pérez, El Bigotes.

Pero ninguno de ellos aparece citado como imputado en el auto dictado el lunes pasado por Flors, que se centra en los cuatro aforados vinculados a la trama: Francisco Camps; el secretario general del PP autonómico y portavoz del Grupo Popular de Les Corts, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

La Fiscalía considera que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez deben ser también imputados en la trama valenciana del caso Gürtel por un delito de cohecho. Los tres adquirieron esa condición cuando declararon ante el juez Baltasar Garzón el pasado mes de febrero, pero sólo Álvaro Pérez ha declarado ante el TSJCV. Lo hizo el pasado 20 de mayo, el mismo día que comparecían Víctor Campos y Rafael Betoret.

El Tribunal Supremo, cuando aceptó la competencia para investigar parte del caso Gürtel –en concreto, al senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado de este partido Jesús Merino– también aceptó investigar 'a las personas que hubieran realizado las entregas de dinero'. Es decir, aunque no asumió la totalidad de la causa que se investigaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sí se encargará también de los cohechos que Correa pudo pagarle a los aforados de su competencia.

El juez Flors debe decidir sobre la petición fiscal de ampliar el número de imputados en Valencia antes de la celebración de la vista prevista para el día 15. Es la única manera de que puedan comparecer y ser informados de la imputación que se formula contra ellos. Precisamente, los cuatro aforados imputados en esta parte de la trama lograron eludir su presencia en la comparecencia al alegar que ya conocen las acusaciones que pesan sobre ellos y considerar que su derecho de defensa está perfectamente garantizado a través de sus abogados. El juez Flors les ha eximido de asistir.

El magistrado atribuye a Camps la comisión de un delito de cohecho del artículo 426, que castiga con multa de tres a seis meses a 'la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo en consideración a su función'.

La resolución de Flors no atribuye ningún delito a Correa, Crespo y Pérez, aunque su conducta sería fácilmente encardinable en el 423, que pena a 'los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos'. La pena prevista para estas personas es la misma que la que corresponda a los que se intentaba corromper. En este caso multa.