El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley de financiación de RTVE, que renuncia a la inclusión de publicidad y tendrá aportaciones del Estado, las televisiones comerciales y el sector de telecomunicaciones.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que con este anteproyecto de ley se culmina el proceso de reforma de los medios estatales y queda claro su papel en el escenario audiovisual.

Se remitió a la ley que regula el ente, que el Gobierno ha impulsado desde la pasada legislatura, que ha impulsado una RTVE independiente, mayoritaria y al servicio de los ciudadanos; sin control del Gobierno y saneada.

Recordó que en los dos últimos ejercicios ya se había reducido el tiempo de publicidad en TVE, una reducción, dijo, que iba a continuar produciéndose en los ejercicios futuros para dinamizar al sector audiovisual en su conjunto.

Una vez en vigor la ley, la Corporación RTVE se financiará con recursos públicos exclusivamente, gran parte por la aportación del Estado por sus obligaciones de servicio público.

El resto, se hará mediante la aportación de un 3% de los canales privados que emitan en todo el Estado o en más de una comunidad autónoma y por los operadores de telecomunicaciones con un 0,9%.

Además, RTVE percibirá el 80% de lo recaudado por la tasa sobre reserva de dominio radioeléctrico, recogido en la Ley General de Telecomunicaciones, y por el ejercicio de sus activiades y la comercialización de sus productos.

Los ingresos públicos solo servirán para financiar actividades de servicio público y no podrán ser utilizados para pujar con otros competidores por derechos de gran valor. Sólo se podrá utilizar el 10% para la adquisición de derechos deportivos, con exclusión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y un 20% para invertir en cine español.

Todas las asociaciones de operadores de telecomunicaciones han calificado de desproporcionada e injusta la tasa del 0,9% y han anunciado que trabajarán para que no salga adelante.

Redtel, que agrupa a los grandes operadores Telefónica, Vodafone, Orange y ONO, ha hecho público un comunicado en el que califica la medida de 'injusta, desproporcionada, dañina e ilegal' y anuncia que considerará todas las opciones de defensa jurídica de los intereses de los operadores tanto en España como en Bruselas.

Explica que el sector 'en ningún modo se verá beneficiado por la eliminación de la publicidad en la televisión pública', ya que los servicios audiovisuales que prestan las operadoras se dan bajo el modelo de televisión de pago y no en abierto con publicidad.

Los miembros de Redtel, que representan el 80% del mercado español de telecomunicaciones, afirman que esta medida daña seriamente los planes de inversión y empleo en el sector, especialmente en el actual contexto de crisis.