Barack Obama dejó abierta ayer la posibilidad de procesar a los funcionarios del Gobierno de George Bush que autorizaron el uso de la tortura por la CIA. Tras asegurar el lunes que ninguno de los agentes sería enjuiciado por obedecer las órdenes de sus superiores, la inesperada matización del presidente estadounidense, contradiciendo las declaraciones de algunos de sus asesores, podría tener incalculables repercusiones legales y políticas y reabrir uno de los capítulos más oscuros de la "guerra contra el terror".

"No creo que sea apropiado enjuiciar a quienes llevaron a cabo estas operaciones en el marco de las opiniones legales o las instrucciones que les dieron desde la Casa Blanca", explicó Obama; pero, respecto a "los que formularon estas decisiones legales, diría que le toca al fiscal general tomar la decisión. Algo que no quiero prejuzgar porque pienso que hay muchos problemas muy complicados en esta cuestión".

«Nadie está por encima de la ley», declaró el portavoz de la Casa Blanca

En unas cortas declaraciones a la prensa tras recibir en la Casa Blanca al rey Abdala de Jordania, resumió la tesitura en la que se encontraba. "Por un lado tenemos a enemigos reales y dependemos de gente muy valiente de la CIA para proteger al pueblo estadounidense. Dicho esto, los informes que han sido desclasificados reflejan, desde mi punto de vista, que habíamos perdido nuestra orientación moral. Por eso decidí poner punto y final a estas técnicas de interrogatorios".

El mandatario calificó como "una de las decisiones más duras que he tenido que tomar como presidente" la orden de desclasificar a regañadientes el pasado jueves informes de la CIA que detallaban los interrogatorios brutales a los que fueron sometidos algunos miembros de Al Qaeda entre 2002 y 2005.

Poco después, el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, luchaba en su rueda de prensa diaria por tratar de ajustar las versiones aparentemente contradictorias del Gobierno. "El presidente quiere mirar hacia el futuro, pero por otra parte nadie está por encima de la ley", dijo Gibbs. Pero evitó contestar a las repetidas preguntas de los periodistas sobre qué pasaría si las responsabilidades llegaban a remontarse al propio Bush.

Cheney ha pedido a la CIA los informes sobre la eficacia del waterboarding

Obama también abrió la puerta a una posible investigación en el Congreso. "Si es necesario averiguar más detalladamente lo que ocurrió en esta época, creo que el Congreso puede examinar formas en las que se pueda llevar a cabo de forma bipartidista".

El Capitolio, de hecho, está bastante revuelto. El lunes por la noche, después de la visita del presidente a la CIA en la que prometió proteger a sus agentes, la poderosa senadora Dianne Feinstein, demócrata de California y presidenta del Comité de Asuntos de Inteligencia, pidió a la Casa Blanca que no descartara posibles acciones legales hasta que los legisladores examinaran de cerca el asunto.

Uno de sus colegas, el senador por Vermont, Patrick Leahy, ha pedido la creación de una comisión de la verdad, con el respaldo de The New York Times, que en un reciente editorial pedía suspender al juez federal Jay Bybee por haber redactado los informes, junto con John Yoo y Steven Bradburry.

Estos están siendo investigados por el Comité Ético del Departamento de Justicia, que ha criticado severamente sus decisiones y el manto legal que dieron a la política de abusos del Gobierno de Bush.

El representante John Conyers, un demócrata de Michigan que preside el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, también ha pedido que el tema de la tortura se aborde con franqueza.

El diario The New York Times apuntaba ayer que, durante su viaje a Europa, el mandatario mantuvo frecuentes reuniones con sus colaboradores, incluidos el secretario de Justicia, Eric Holder, y el director de la CIA, Leon Panetta, para decidir qué hacer.

Las dudas del presidente

Y está claro que Obama sigue albergando dudas. "En términos generales, creo que debemos mirar hacia adelante y no hacia atrás. Me preocupa que esto se politice tanto que al final no pueda funcionar eficazmente y perjudique nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones de seguridad nacional", resaltó ayer.

Los republicanos, por su parte, han empezado a montar su defensa. El ex vicepresidente Dick Cheney ha pedido a la CIA, no se sabe muy bien con qué autoridad, que haga públicos otros informes que supuestamente acreditan la eficacia del uso de técnicas como la "asfixia simulada" para conseguir información. "Hay informes que muestran lo que se consiguió con estas actividades", dijo Cheney en una entrevista en televisión, "y no han sido desclasificados".