El tribunal encargado de juzgar al lehendakari, a los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y a cinco representantes de la izquierda abertzale ha decidido el sobreseimiento de la causa por falta de acusación legítima.
Esta decisión se ha adoptado por mayoría de dos de los tres magistrados, ya que el presidente, Manuel Díaz de Rábago, considera que dicha acusación —ejercida por las asociaciones Dignidad y Justicia y Foro Ermua— es suficiente para continuar el proceso.
La defensa de López y Ares, así como de los cinco representantes de la izquierda abertzale habían pedido dicho archivo, mientras que el letrado del lehendakari había solicitado continuar hasta el final para demostrar que su actuación había sido legal.
Tras la primera sesión de la vista oral del proceso contra Ibarretxe y López, que se celebró el pasado jueves, el tribunal se retiró a deliberar para exponer hoy su decisión en torno a las cuestiones previas planteadas por las partes.
El tribunal ha resuelto en torno a la posibilidad o no de mantener este proceso penal sólo con la petición de condena de la acusación popular.
Los letrados del colectivo Foro Ermua y la asociación Dignidad y Justicia que ejercían la acción popular, reclamaron como prueba 'clave' de su acusación la introducción de los documentos de la Fundación Henry Dunant sobre encuentros que habría mantenido el Gobierno con ETA, para evidenciar que la celebración de la reunión del PSE con Batasuna respondía a un compromiso fijado por las delegaciones que se reunieron en Suiza.
Por su parte, Jone Goirizelaia, la letrada de Arnaldo Otegi, Rufino Etxeberria, Pernando Barrena, Juan José Petrikorena y Olatz Dañobeitia, pidió que se suspendiera el juicio hasta que llegaran varios informes que se han solicitado a la Audiencia Nacional que revelen si hubo órdenes judiciales que prohibían o no las reuniones que son objeto del litigio.
El letrado del lehendakari cambió la línea de defensa que había mantenido durante la fase de instrucción y señaló que, si bien hasta en seis ocasiones anteriores había exigido que se anulara el proceso, ahora pedía que continuara para poner demostrar la inocencia de su cliente y que la legalidad de sus actuaciones se reflejara en una sentencia absolutoria.
El calendario fijado por el tribunal establece que, una vez resueltas las cuestiones previas, el juicio arranque con las declaraciones de los acusados, comenzando por Otegi y tras él, el resto de imputados de la izquierda abertzale.
En la misma jornada de este lunes iban a declarar los dos representantes del PSE y el lehendakari.
En la sesión del martes estaban citados periodistas de varios medios que cubrieron las reuniones que se juzgan y si hubieran llegado, se daría lectura a los testimonios que por escrito han remitido del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de su predecesor en el cargo, José María Aznar.
La semana tenía previsto continuar con las declaraciones de políticos vascos y representantes sindicales, y terminará con las explicaciones de numerosos mediadores internacionales de conflictos.
Las organizaciones que ejercen la acción popular consideran que el lehendakari y los dirigentes socialistas actuaron en aquellas reuniones mantenidas en el año 2006, como 'cooperadores necesarios' para la comisión de un delito de desobediencia ante la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó Batasuna, del que acusan a los cinco representantes de la izquierda abertzale.
El tribunal ha considerado que la acusación popular no es suficiente para mantener el juicio por las reuniones que el lehendakari y los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares celebraron con cinco representantes de la izquierda abertzale durante la tregua de ETA de 2006.
El presidente de dicho tribunal, Manuel Díaz de Rábago, ha difundido hoy la decisión de archivar esta causa durante la reanudación de la vista oral y en presencia de todos los acusados, aunque ha anunciado su propio voto particular al estimar que en este caso concreto la acusación particular sí está legitimada para ejercer la acción penal.
Según ha explicado, la mayoría del tribunal ha resuelto que 'no existe en esta causa acusación legítima para seguir el juicio oral por no tener esa condición en el procedimiento abreviado la que formula la acusación popular, tal y como ocurre en este caso, y según lo dispuesto en el artículo 782 de la Ley de Enjuciamiento Criminal'.
La petición de archivo había sido solicitada durante la primera sesión de la vista oral, celebrada el pasado jueves, por el Ministerio Fiscal y la defensa de los dirigentes socialistas, así como por los letrados de los representantes de la izquierda abertzale, quienes lo plantearon en el trámite de cuestiones previas.
La defensa de Ibarretxe pidió continuar el juicio, en un cambio de la estrategia mantenida hasta entonces, con el objetivo de demostrar que su actuación se ha ajustado a la legalidad, mientras que las acusaciones populares, ejercidas por las asociaciones Dignidad y Justicia, y Foro Ermua, también pedían la continuación del juicio, pero para conseguir una sentencia condenatoria.
Díaz de Rábago también ha anunciado que el tribunal ha decidido declarar de oficio las costas y que durante los próximos días se elaborará un auto con todas estas consideraciones, y ha expresado su agradecimiento a todas las partes 'por su colaboración y comportamiento'.
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