La nigeriana Juliet nunca llegó. Su camino fue siniestro y la meta, imposible. Murió en el mar, con su hija, huyendo de la organización que le obligaba a prostituirse. Su tránsito a Europa es otra historia más teñida por la explotación sexual. Partió de Nigeria, cruzó Benín y llegó a Bamako, la capital de Malí, donde la obligaron a vender su cuerpo. Sus planes hacia una vida mejor nunca imaginaron la esclavitud.

No hay imágenes de mujeres saltando las concertinas de Ceuta y Melilla, esas mallas de alambre que seis metros por encima culminan en afiladas cuchillas. No las hay porque, según confirman los registros, ellas no intentan saltar la valla. Apenas se conocen unas pocas excepciones. Pero la ausencia de espinas metálicas no evita que niñas y mujeres ingresen en Europa a través múltiples fronteras que también rasgan sus cuerpos y sus vidas.

Su entrada al territorio europeo se produce sobre todo a través de embarcaciones o a nado, con Almería, Motril, Cádiz, Ceuta y Melilla como los principales puntos de llegada en el caso del Estado español. Y ahí ya sí que existen fotografías, incluso de embarazadas y con bebés en sus brazos. Pero el mar es apenas el penúltimo obstáculo fronterizo en su camino.

“En Bamako es horroroso. Allí comienza lo que será tu vida en Europa. Te tienes que acostar con todos los hombres que quiera el connection man [también conocidos como captador, pasador o patrón] y no hay preservativos y hay muchas enfermedades”, cuenta Precious en la investigación Vivir sin miedo, publicada por CEAR-Euskadi.

Habla Precious, pero bien se podría hablar de las congoleñas Charlotte (“en la frontera es obligatorio acostarse con policías marroquíes y argelinos. Me han violado delante de la niña”), Hope, Dorcas y tantas otras mujeres que encuentran barreras, violencia y agresiones físicas y sexuales en un trayecto que nunca imaginan tan cruel.

Fronteras blindadas

El blindaje de las fronteras europeas se traduce en el surgimiento de vías alternativas, rendijas del sistema que se traducen en el incremento de las violencias para las migrantes. El tránsito de personas no merma mientras sí crecen los peligros e inseguridades. FRONTEX, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembro, lidera en el ámbito europeo las variadas estructuras para la vigilancia y el castigo, encargadas de la violencia en las líneas divisorias: patrulleras, estancias de detención en terceros países, devoluciones en caliente, Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), acuerdos de readmisión, vuelos de deportación.

Solo en 2016 y solo por la llamada Frontera Sur, que apenas concentra el cuatro por ciento de las entradas irregulares en la UE, llegaron a España 14.128 personas. De ellas, cerca de 1.500 mujeres, 65 embarazadas. Y más de un millar de niñas y niños. Los datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se completan con 295 muertes, que se elevan a más de 5.000 ampliando el área a toda la frontera mediterránea del bloque comunitario, la ruta más mortal del mundo y eso que se desconocen las cifras que deja la travesía por el desierto norafricano.

“En el camino he trabajado de chacha, he cuidado cabras, he sido víctima de violaciones y como resultado de ellas he tenido un embarazo. Cuando di a luz no tenía ni dónde dormir. Soy una mujer llena de cicatrices, cicatrices de mis deportaciones al desierto, del camino, de todas las violaciones. He sufrido mucho y eso ha dejado señales en mi cuerpo y en mi alma”, cuenta Charlotte y recoge Vivir sin miedo.

El endurecimiento de las condiciones de entrada infringe un golpe extra a las niñas y las mujeres, tal y como atestigua la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en el País Vasco (CEAR-Euskadi): “En estos contextos de militarización, el sistema de dominación patriarcal se refuerza, haciendo más profundas las desigualdades de género. Las mujeres y las niñas se ven expuestas a las relaciones de poder, dominación y abuso sexual por parte de personas en tránsito, por las fuerzas de seguridad y control fronterizo, y por las redes de trata de personas”. Las redes de tráfico y trata de seres humanos se convierten con frecuencia en su única llave de entrada a Europa, en el sacrificio necesario para escapar del sufrimiento en sus países de origen: el conflicto armado, el matrimonio forzado, la mutilación genital o el terrorismo son algunas de las razones que les obligan a migrar. Sin duda el género es un motivo de marcha.

Los embarazos y abortos forzados también funcionan como control de los cuerpos en ese purgatorio migratorio. “Muchas no conocen el significado del término ‘violación’ y tampoco tienen el mismo concepto del embarazo y del aborto que manejamos en Europa. Las redes no les facilitan anticonceptivos, sometiéndolas a prácticas sexuales de alto riesgo y obligándoles a interrumpir sus embarazos en condiciones de extrema insalubridad. Pero también les obligan a gestar cuando lo consideran conveniente para alcanzar Europa”, añaden desde Women’s Link Worldwide. Esta violencia reproductiva en ocasiones termina con la apropiación de su maternidad, con los bebés al servicio de sus fines, tal y como denuncian desde el colectivo Caminando Fronteras.

La trata, una parte del tránsito

“La posibilidad de emprender un proceso migratorio sin sufrir violencia sexual o acabar en manos de las redes de trata es casi inviable para quienes vienen de África subsahariana”, añaden desde CEAR-Euskadi. Nigeria es, por cierto, el país de origen que, según sus datos, presenta los peores registros: en 2016, más de 40 mujeres nigerianas han sido atendidas en el País Vasco por la organización de refugio con síntomas de haber sido víctima de trata con fines de explotación sexual.

De acuerdo con Women’s Link Worldwide, en la travesía aparecen figuras tan controvertidas como el ‘marido del camino’, una especie de ‘protector’ que ‘cobija’ a las mujeres a cambio de ejercer de esposas sexuales, pudiendo además estar vinculado con redes de trata.

Las evidencias recogidas confirman que gran parte de las que transitan por la Frontera Sur son víctimas de estos entramados, como sucede por ejemplo con quienes llegan al CETI de Ceuta, según recoge Amnistía Internacional. Porque las que consiguen llegar no escapan a la vulneración de sus cuerpos: la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) estima que 140.000 niñas y mujeres sufren trata con fines de explotación sexual en Europa. Los guarismos en el Estado español tampoco son mejores: el año pasado se han detectado el 12.419 personas en riesgo de explotación sexual (la mayoría, entre el 80 y el 90 por ciento, de origen extranjero), a pesar de que únicamente se identificaron 591, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Rumanía, Nigeria y China son los principales países de captación.

Un derecho de asilo condicionado

Todos estos hechos, que podrían dar pie a establecer un protocolo especial en la frontera, no brindan para las mujeres la opción preferencial de ser refugiadas ni de recibir protección, pues no son consideradas como un grupo de especial vulnerabilidad. Hasta 2016, apenas seis personas (cuatro mujeres y dos menores) recibieron protección internacional por esta haber sido víctima de trata en el Estado, si bien es cierto que en el último cuatrimestre del pasado ejercicio el Ministerio del Interior se la concedió a 19 africanas, cuentas que refleja CEAR-Euskadi en #Refugiadas. La trata con fines de explotación en el contexto de militarización y cierre de fronteras, asegurando sin embargo que “aún es pronto para ver si esta protección se afianza o se circunscribe a circunstancias especiales de carácter político”.

La legislación española vigente (Ley de Asilo de 2009) por primera vez incluye expresamente como causa de asilo la persecución por motivos de género y orientación sexual, pero ninguna de estas dos causalidades tiene el mismo nivel de protección de la que gozan otros motivos de persecución como la raza, la religión, la nacionalidad, el grupo social y las opiniones políticas. Por sí solos, ni el género ni la orientación sexual pueden dar origen a la aplicación de la legislación, siendo necesarias otras circunstancias que justifiquen la salida de los países de origen. Todas estas solicitudes suelen ser rechazadas sin un estudio individual.

Además, esta normativa excluye a las personas comunitarias, así como a las que procedan de un país considerado seguro. En definitiva, denuncia CEAR-Euskadi, “son muy pocas las mujeres que, superados los obstáculos, acceden al procedimiento de protección internacional”. El Defensor del Pueblo recoge en uno de sus informes esta realidad: en 2015 y en la primera mitad de 2016 no hubo resoluciones favorables a la concesión del estatuto de refugiado o protección subsidiaria a las víctimas de trata.

Y cuando las autoridades aceptan revisar las peticiones de estas mujeres, el camino sigue cuesta arriba, subrayan desde la delegación vasca de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado: “El miedo a exponer su verdadera situación, especialmente cuando aún se encuentran bajo la influencia de la red, las lleva a ocultar información o a mentir sobre su procedencia y sobre los motivos de persecución. Como consecuencia, sus solicitudes son inadmitidas o denegadas por inverosímiles o incoherentes”.