El 80% de las mujeres asesinadas en España en la última década no habían presentado denuncia por violencia de género, ni solicitado ayuda o apoyo a las administraciones públicas. Muchas no están preparadas para dar el paso de interponer una denuncia, pero se encuentran con el obstáculo de tener que acreditar su condición de víctimas de violencia de género a la hora de poder acceder a servicios jurídicos, medidas de protección asesoramiento o acompañamiento. 

Esto podría estar a punto de cambiar en breve. Todos los partidos que forman la subcomisión para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso han acordado modificar los mecanismos y canales por los que las mujeres accedan al "título habilitante" de la condición de víctima de violencia de genero.

Según el borrador de texto presentado por el Partido Popular a la subcomisión (que reúne sólo los puntos aprobados por consenso) y que trata esta cuestión de forma extensa, se trata de un "derecho que debe ser reconocido con el fin de prevenir esta violencia y asegurar su atención y protección y ayudarlas en la toma de decisiones," tal como lo establece la ley de Violencia de Género de 2004.

El borrador del documento que está debatiendo estos días los miembros  de la subcomisión, y al que ha tenido acceso Público, prevé el diseño de un Plan de acompañamiento y asesoramiento de la víctima, implicando a las diferentes administraciones, que complete la asistencia de las víctimas con carácter previo a la interposición de la denuncia y durante el procedimiento.

Este cambio implicaría algunos modificaciones importantes a nivel normativo y legislativo. Por un lado será necesario modificar la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, puesta en marcha por el Partido Popular y por la cual se le quitaron competencias a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en materia de violencia de género y atención a las víctimas.

La puesta en marcha de un sistema de protección e identificación de los posibles riesgos antes de que exista una denuncia o una asesinato, pasa necesariamente por una atención a nivel local. Así lo han reconocido todos los partidos que han acordado devolver a los Ayuntamientos y entes locales amplias competencias en esta materia.

La medida requerirá, también, modificar la Ley de Violencia de Género para reconsiderar los distintos mecanismos por los que las mujeres podrán acreditar la condición de víctimas. Según el acuerdo, los mecanismos de acreditación serán múltiples: sentencias de cualquier orden jurídico que declare que la mujer ha sufrido violencias definidas en la ley; La orden de protección vigente o resolución judicial que la acordara; El atestado elaborado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hayan presenciado una violencia; informe médico o psicológico elaborado por un profesional colegiado; el informe de los servicios públicos (servicio sociales, sanitarios, centros de salud mental, equipos de atención integral a víctimas...) o el informe de servicios de acogida de la Administración pública, entre otros.

El acuerdo alcanzado prevé, además, la creación de las llamadas "Unidades de apoyo", que estarían regidas por el principio de atención permanente, actuación urgente, especialización en las prestaciones y formado por un equipo multidisciplinar.  Tal como explicaba la diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, en un reciente artículo de opinión publicado en este diario, estas unidades de apoyo son las que deben asegurar el acceso al catálogo de derechos, que no quedan actualmente activados si no existe interposición de denuncia o sentencia firme.