Nadie se quedará sin vacuna contra el coronavirus en España, ni siquiera las personas migrantes en situación administrativa irregular. Al menos es lo que consta en la Estrategia de vacunación que el Ministerio de Sanidad diseñó junto a un gran número de expertos el pasado diciembre. Aunque llegar a un colectivo difícilmente cuantificable y que se encuentra en gran parte fuera del radar del sistema se plantea como un reto que pone a prueba no solo la lucha contra el virus, sino el carácter universal de la sanidad pública que el Gobierno dice garantizar.

Ni siquiera se sabe con exactitud el número de personas migrantes indocumentadas que viven en España. El informe más reciente, realizando por la fundación PorCausa en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, hablaba de entre 390.000 y 470.000 personas en situación administrativa irregular a finales del 2019. Según el movimiento Regularización Ya, que llevó sin éxito al Congreso el año pasado una Proposición No de Ley por una regularización urgente y sin condiciones a consecuencia de la pandemia, habría más de 600.000.

"La vacunación es para todos los que residen en el territorio y seguirán la misma priorización en función de su edad, condiciones de riesgo, etc. Se vacunarán cuando corresponda a su grupo según lo establecido en la estrategia de vacunación", explica Sanidad a Público en una escueta respuesta por correo electrónico, en la que deriva en las comunidades autónomas la responsabilidad de llevarlo a cabo, lo que todavía arroja más dudas, en opinión de diferentes expertos consultados.

El problema de la economía sumergida

Por el momento, las dosis que van llegando solo se administran a los cuatro primeros grupos definidos, es decir, a usuarios y personal de residencias de mayores, a trabajadores sanitarios y sociosanitarios de primera línea y a grandes dependientes que residen en domicilios. "Después de esta primera fase de vacunación hay una nebulosa. Todavía no sabe nadie cómo se va a establecer la prioridad de otros grupos", explica a Púbico Javier Padilla, médico de familia, experto en salud pública y miembro del Comité Asesor y de Seguimiento de la Covid-19 en Asturias.

Para Padilla, uno de los grandes problemas llegará en la siguiente etapa, "cuando entra la economía informal o sumergida, donde gran parte de sus puestos de trabajo son considerados esenciales, pero están desempeñados por personas en situación irregular. Aquí hay que exigir claridad al Ministerio y a las comunidades autónomas", sentencia.

Según el plan de Sanidad, la mayoría del colectivo de personas indocumentadas podría encuadrarse dentro del grupo 7 de los 18 grupos de población que ha establecido. En concreto, en el referente a las personas "vulnerables por su situación socioeconómica", donde cabrían trabajadores precarios, de la economía sumergida, residentes en viviendas precarias con alta densidad de convivientes o personas sin hogar, entre otros.

"Suelen tener mayores dificultades de acceso al sistema sanitario y, por tanto, para el diagnóstico y seguimiento, y mayor incapacidad para el aislamiento o cuarentena. Muchas de estas personas, por sus circunstancias, presentan un peor estado de salud de base y, por tanto, un peor pronóstico de la enfermedad", asegura el documento.

Sin embargo, hay otros grupos en los que también cabría otra parte, como el grupo 8, relativo a los trabajadores esenciales. Sanidad contempla a los llamados temporeros como personal esencial, aunque gran parte de ellos son migrantes en situación irregular que viven en asentamientos de chabolas cercanos a los invernaderos de Almería o los campos de fresa de Huelva. Una población que se desplaza al ritmo de las cosechas y que el verano pasado cargó con gran parte de los contagios que llevaron a los confinamientos por grandes rebrotes en parte de Aragón y Lleida.

Cuidar a los que cuidan

Edith Espínola, miembro de Regularización Ya y portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), también pone en el foco a las trabajadoras domésticas, muchas de las cuales se dedican al trabajo de los cuidados de personas dependientes o de ancianos en domicilios, y uno de los grandes focos de economía sumergida con trabajadoras en situación irregular. Espínola recuerda que, según el último estudio de seroprevalencia del coronavirus, las trabajadoras que cuidan a personas dependientes en sus casas son el segundo grupo profesional que más se ha contagiado desde el inicio de la pandemia, un 16,3 %, solo por detrás de los trabajadores sanitaros, con un 16,8 %.

"¿Quién cuida a las que cuidan?", se pregunta, y añade que "el miedo a posibles detenciones y deportaciones" eleva el riesgo de que gran parte de este sector se quede sin vacuna. "El Gobierno perdió una gran oportunidad al no realizar una regularización amplia que dotara de derechos y de igualdad de trato a miles de personas vulnerables en esta pandemia", lamenta.

¿Sanidad universal?

Pero para Padilla, el principal problema para vacunar efectivamente a los migrantes irregulares no está en los grupos poblacionales a los que puedan pertenecer, sino en "cómo va a acceder a la vacuna la gente que no consta en las bases de datos". Hasta ahora, explica, la campaña está siendo activa y no pasiva, "no se espera a que la gente vaya a vacunarse, sino que es el sistema quien va a buscar a la gente". Pretender que esto ocurra con personas excluidas, temerosas, invisibles y con desconocimiento de sus derechos no será tarea fácil, advierte.

Además, pone sobre la mesa que la pandemia ha llegado con un sistema sanitario que aún no ha vuelto a ser universal, a pesar del último Decreto Ley 7/2018 de 27 de julio, con el que el Gobierno de Pedro Sánchez anulaba el aprobado por Rajoy en 2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a unos 800.000 migrantes sin papeles.

Según Médicos del Mundo, aún hay dos grupos de personas totalmente excluidas del sistema sanitario español. Uno engloba a personas que llevan menos de tres meses residiendo en España. Otro, más preocupante, lo conforman las personas mayores de 65 años que han llegado por la vía de la reagrupación familiar, al tener hijos con residencia legal en el país. Obligados a contar con un seguro privado, han quedado especialmente desprotegidos frente a la covid-19, a pesar de ser población de alto riesgo. Hoy siguen sin cobertura sanitaria.

Y aquí, apuntan Padilla y Médicos del Mundo, las competencias exclusivas de los gobiernos autonómicos suponen otro gran problema. "Muchas regiones no han facilitado la aplicación del último decreto para la sanidad universal. Por eso se ha pedido al Ministerio una orden para homogeneizar esta discrecionalidad de las comunidades para hacerlo efectivo. Pero aún no se ha realizado", sostiene Padilla. Y ya van más de dos años.

Puntos de vacunación y trabajo con colectivos migrantes

Según los expertos consultados, para lograr que este colectivo estructuralmente maltratado pueda acceder con todas las garantías a la inmunidad contra el coronavirus, las comunidades autónomas y el Ministerio deben estrechar lazos con organizaciones y colectivos con gran aceptación y liderazgo entre la comunidad migrante de cara a informar y eliminar temores. Además también apuntan a que sería beneficiosa la creación de puntos de vacunación alternativos a los centros sanitarios, una medida contemplada en la estrategia del Gobierno que aún está por definir.