El anuncio del adelanto del calendario escolar a inicios de febrero fue la gota que colmó el vaso y uno de los motivos por los que la comunidad educativa catalana está saliendo a las calles este marzo, en cinco jornadas de huelga convocadas por los sindicatos. Maestros y profesorado de infantil, primaria y secundaria ya se hicieron escuchar la semana pasada en la primera tanda de huelgas: vaciaron las aulas y se plantaron en las vías y plazas principales de grandes ciudades catalanas para reclamar la dimisión del conseller de Educació, Josep González-Cambray, así como para exponer sus demandas en el terreno educativo. La protesta culminará la próxima semana con dos jornadas más de paro.

Si bien es cierto que generaron revuelo en toda Catalunya, las peticiones del colectivo de profesionales del primer ciclo infantil, de 0 a 3 años, quedaron en un segundo plano. Los recortes de 2010 que se arrastran desde la crisis económica, la falta de consenso en las decisiones del Departament d'Educació, las altas ratios de alumnos por educadora o la falta de negociación con los sindicatos repercuten en todos los niveles educativos. En esta línea, la plataforma Dignitat pel 0-3, impulsada por un conjunto de educadoras de las guarderías públicas de Barcelona, sirve para denunciar la situación que sufren, unas demandas que se extienden al resto de Catalunya.

Eva Jansà, educadora en este sector y una de las propulsoras de la plataforma, señala que falta "crear conciencia" de la importancia de este primer ciclo. "No se nos ve parte del sistema educativo, sino como espacios donde familias dejan a sus hijos para su conciliación", afirma. La educación en esta etapa va más allá del acompañamiento. Jansà explica que es en esta fase cuando se establecen "las bases de la persona" y que "se necesitan muchos más recursos, tanto a escala económica como humana".

Educadoras, "desbordadas"

Desde la plataforma piden, por un lado, la derogación del Decreto 282/2006 de la Generalitat que estipula el número máximo de niños por grupo y el mínimo de profesionales por grupo de alumnos. Las ratios son de un profesional por cada ocho niños menores de un año, de un educador por cada 13 niños entre uno y dos años, y de uno por cada 20 de entre dos y tres años.

En cuanto a las 103 guarderías públicas de la capital catalana, que son gestionadas por el Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB), la limitación en el número de integrantes de los grupos de I2 (entre dos y tres años ), es inferior y se coloca el tope en entre 18 y 19, según el centro. Sin embargo, Jansà incide en que cada niño tiene unas necesidades diferentes y no se les puede ofrecer "una atención plena particular" en un grupo de 13 o 19.

Maria Truñó, la comisionada de Educación en el Ayuntamiento de Barcelona, manifiesta que no pueden bajar los ratios, ya que "sólo cubren un 65% de la demanda, pese a los esfuerzos". Puntualiza que, este año, 2.000 familias se han quedado sin plaza en las guarderías públicas. "Estamos buscando el equilibrio entre cantidad y calidad", indica, y añade: "No podemos dejar más menores fuera, por eso intentamos reforzar la parte de profesionales". Hasta ahora el actual gobierno municipal ha recuperado las 2 horas de apoyo educativo recortadas por el gobierno de Xavier Trias, y se han ampliado en media hora más, y recientemente se han podido incrementar también las horas de apoyo educativo para la atención de necesidades especiales.

Las educadoras, sin embargo, señalan que están "desbordadas" desde la pandemia y ponen de manifiesto la necesidad del aumento de personal. En esta línea, Eva Jansà lamenta que no pueden "hacer correctamente la labor de prevención ni de acompañamiento" en niños con necesidades educativas especiales. Dignitat pel 0-3 también exige que las bajas sean cubiertas desde el primer día, puesto que en estos momentos "la sustitución llega a partir del tercer día". Este hecho significa que el personal de apoyo debe dejar su grupo para atender a uno nuevo y, por tanto, que dos clases no pueden contar con una mano extra.

Además de las ratios y la falta de recursos humanos, advierten que es necesaria la modificación del calendario escolar, ya que no permite una correcta planificación del curso, la preparación de la acogida y el acompañamiento de cada niño y de cada familia. "En cuatro días no se puede poner en marcha un proyecto pedagógico de una escuela", defiende Dignitat pel 0-3.

Por todo ello, piden un modelo inclusivo real, que pueda satisfacer las demandas y necesidades de todos los niños, con una financiación equitativa y suficiente para poder llevarlo a cabo. Consideran que, con voluntad política, se puede encontrar solución a las demandas, pero que "hace falta, ante todo, esa voluntad que llevamos años buscando y no encontramos", reivindica Jansà.

La respuesta institucional

Desde el IMEB señalan que no tienen las competencias para poner solución a todas las demandas y que quedan pendientes del Departament d'Educació de la Generalitat y de las resoluciones en firme. De hecho, en relación con la gratuidad de p-2 a partir de este septiembre, una medida anunciada por el propio Pere Aragonès, Truñó afirma que se está negociando y trabajando con la comisión mixta de la Generalitat y el mundo local, porque "muchos municipios están preocupados por el anuncio engañoso que no reconoce el coste real de las guarderías".

En lo que sí trabaja el IMEB es en el despliegue de nuevas guarderías en Barcelona, sobre todo enfocado en el curso 2023-2024 y en la eliminación de barreras para facilitar el acceso a todo el mundo. Para ello, la institución se reúne desde hace unas semanas con las Asociaciones de Familias (AFA) de las guarderías públicas de Barcelona, las cuales habían enviado una carta denunciando la falta de recursos a los centros, con el objetivo de crear espacios de escucha y comunicación también con las familias. Su propósito es mejorar la calidad del servicio, ofreciendo una red más potente que aglutine a los mayores niños posibles con la mejor calidad posible. Truñó detalla que es un proceso "de cocción lenta" que se tiene la intención de cumplir paulatinamente.

En este contexto, las educadoras de la pequeña infancia buscan soluciones a sus demandas y peticiones, frente a la falta de respuestas de las instituciones. "De hecho, en el fondo reivindicamos políticas de conciliación para que el niño esté con la familia en su primer año de vida, pero entendemos que la realidad social y laboral empuja a muchas familias a tener que utilizar las guarderías, por eso pedimos unas mejores condiciones", detalla Jansà.