BARCELONA.- El 6 de octubre de 1991, seis jóvenes neonazis entraron en el Parque de la Ciutadella de Barcelona y se dirigieron hacia la glorieta de los Músicos, en la que encontraron durmiendo a las transexuales Sonia Rescalvo y Doris Romero. Empezaron a patearlas, matando a Sonia e hiriendo de gravedad a Doris. El de Sonia Rescalvo -que hoy da nombre a la glorieta en la que sucedieron los hechos- es el primero de los 86 casos -que provocaron 88 muertes- recogidos en el proyecto Crímenes de odio. Presentado esta martes en Barcelona, se trata de la primera base de datos para monitorizar las consecuencias más dramáticas del rechazo a quien es distinto y surge de la búsqueda que un equipo multidisciplinar ha realizado de los delitos de este tipo cometidos en los últimos 25 años en España.

¿Qué es un crimen de odio? El presidente del Movimiento Contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, lo define como “cualquier infracción penal que esté basada en la intolerancia al diferente”. “La persona se convierte en víctima no por lo que hace, sino por lo que es. Los crímenes de odio deshumanizan a la víctima y atacan lo más fundamental que tiene el ser humano, que es la dignidad”, añade Ibarra. El presidente del Movimiento Contra la Intolerancia cifra en 4.000 los casos de delito de odio que se dan cada año en el Estado.

Según la tipología, la mayoría de los casos detectados en el proyecto corresponden a racismo y xenofobia (37), aporofobia -el rechazo a las personas pobres, fundamentalmente a los sin techo- (23), e intolerancia criminal (17). Pero también los hay de homofobia, transfobia -como el de Sonia Rescalvo-, violencia ultra en el fútbol, como la muerte del seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta -en 1998, a manos de un miembro de la facción más ultra del Atlético de Madrid- o odio ideológico, como el asesinato en 1993 del joven independentista valenciano Guillem Agulló.

El periodista Miquel Ramos, uno de los autores del proyecto, reconoce que el listado “es incompleto, porque nos falta información” y, de hecho, Crímenes de Odio está abierto a la colaboración ciudadana y desde su estreno, el 1 de diciembre, ha recibido cuatro o cinco posibles casos, pendientes todavía de verificar. El grueso de los casos provienen del Informe Raxen, elaborado por el Movimiento Contra la Intolerancia, pero se ha ampliado a partir de la búsqueda en hemerotecas periodísticas.

David Bou, también periodista y coautor del trabajo, lamenta que no exista “ninguna base de datos judicial” para hacer la investigación y añade la dificultad para conocer el recorrido judicial de muchos casos. “Desde los medios y la sociedad civil hace falta más seguimiento de estos crímenes para que no queden impunes y haya culpables”, apunta Bou. Las cifras son reveladoras, ya que en más de la mitad de los casos -44- se desconoce totalmente el recorrido judicial. De los 42 restantes, 35 han terminado en una condena -19 por asesinato, 14 por homicidio y dos por otros-, mientras cuatro se han archivado y tres más han supuesto la absolución de las personas acusadas.

“Resistencia ideológica” del Estado para afrontar estos delitos

“Hemos hecho esto porque no lo ha hecho el Estado. Hemos tenido que suplir una carencia de las instituciones del Estado, que no han sido lo bastante beligerantes con este problema”, denuncia David Bou. De la misma opinión es la abogada penalista Laia Serra, para quién “el Estado español tiene una resistencia ideológica innegable a abordar los crímenes de odio y a aplicar la ley”. Serra añade que la investigación de estos delitos es “lamentable” y que los jueces “no saben lo que es un delito de odio”, lo que se traduce en que no se trate “con la sensibilidad necesaria” a las víctimas.

Para Miquel Ramos, el crimen de odio “no va dirigido únicamente a la persona que lo sufre, sino hacia todo un colectivo” y advierte que “nadie nace con un prejuicio de odio hacia el distinto, sino que se aprende porque hay grupos que se dedican a transmitir este discurso”. En este sentido, Bou subraya que en la mayoría de los casos los agresores tienen “entre 16 y 21 años, lo que demuestra que tenemos un problema de fondo en este sociedad, que es la educación”. “Nos tendríamos que plantear qué sociedad estamos creando, con qué valores y como estamos enseñando a vivir y a convivir con la diversidad y la tolerancia hacia las minorías”, apunta.

Más allá de la exposición del proyecto y de la problemática que denuncia, la presentación también ha servido para reclamar una ley integral contra los crímenes de odio. Mavi Muñoz, madre de Carlos Palomino -el menor madrileño asesinado en noviembre de 2007 por un militar de ideología neonazi-, ha pedido un “reconocimiento” para las víctimas, mientras que Eugeni Rodríguez, presidente del Observatorio contra la Homofobia, ha manifestado que “no se puede dejar sola a ninguna de las víctimas y tampoco podemos banalizar nunca un comentario discriminatorio, porque de aquí se puede pasar a la agresión”.

La abogada Laia Serra ha pedido una “rápida y efectiva investigación de los delitos” de este tipo, que exista un “censo y una rápida recogida de datos” que permita conocer al detalle las consecuencias del problema, que se preste asistencia a las víctimas -algo que debería mejorar con el nuevo estatuto de la víctima-, así como la aplicación de medidas preventivas para evitar que se llegue a nuevos casos de muertes. Los autores de Crímenes de Odio han afirmado que la voluntad es ir ampliando y actualizando la base de datos a medida que aparezcan nuevos casos.