La preocupación y el descontento ha regresado a la comunidad educativa del colegio e instituto Ramiro de Maeztu en Madrid. Durante varios meses, el centro se ha convertido en el foco de todo tipo de tensiones y protestas tras la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de abrir una Escuela Europea Acreditada (EEA) dentro de sus instalaciones. El proyecto, destinado a los hijos de funcionarios europeos, se ha gestionado con una opacidad que ha puesto a las familias en pie de guerra. Las amplias movilizaciones lograron que el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, diera su brazo a torcer y anunciara la paralización de la iniciativa en la Asamblea de Madrid el pasado 20 de junio. Una promesa que, sin embargo, no se ha cumplido, ya que las obras han comenzado en el edificio histórico este mismo lunes.

La sorpresa fue mayúscula cuando el pasado jueves un grupo de obreros se presentó en el centro para realizar una serie de comprobaciones y tareas preliminares, antes de iniciar esta semana la faena. Algo que dejó "atónitos" tanto al equipo docente como a los padres y madres del centro, pues la última noticia que tenían de la EEA era que la Consejería tenía la "intención" de reubicarla en otro sitio. Así se lo hizo saber el viceconsejero José Carlos Fernández a través de una carta emitida el pasado 26 de junio a la que ha tenido acceso Público: "Les comunico que se ha trasladado al secretario de Estado de Educación la intención de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de buscar una nueva localización que garantice el éxito de la Escuela Europea Acreditada", versaba el escrito.

La misiva, aunque no informaba de cuál sería la nueva ubicación de la EEA, sí que suponía un respiro para unas familias que no habían cesado en su lucha por mantener "a salvo" la calidad educativa del Ramiro de Maeztu. No obstante, conscientes de las "irregularidades" que había atravesado todo el proceso, decidieron ponerse en contacto con el secretario general de las Escuelas Europeas, Andreas Beckmann, para comprobar si éste era conocedor del cambio. Su respuesta fue que no había tenido ninguna comunicación con la Comunidad de Madrid. El proyecto tampoco había desaparecido de la página oficial de las EEA ni de la del propio Ramiro de Maeztu.

"Todo apunta a que nadie ha paralizado nada. Parece que se trataba más bien de una estrategia para desarticular la coordinación entre las familias. Cuando se anunció la suspensión del proyecto, muchas abandonaron el grupo", cuenta a Público Alicia Torija, diputada de Más Madrid y vocal en el Consejo Regional de Patrimonio.

Sobre las obras, la Consejería de Educación asegura que son solo trabajos de ampliación de instalaciones, "como en otros centros educativos de la región". Sin embargo, según un correo electrónico del Ayuntamiento de Madrid que ha podido leer este diario, las obras que están en marcha no son de mantenimiento y mejora, sino las destinadas a crear las seis aulas para la incorporación al programa de escuelas europeas, manteniendo el proyecto original.

Torija destaca la falta de transparencia y la incongruencia en las comunicaciones oficiales. Ni el Consejo Escolar ni el AMPA del Ramiro de Maeztu han sido consultados o informados adecuadamente sobre el proyecto. "¿Por qué operan bajo la misma licitación que antes, cuando se supone que iban a abrir la EEA, si se supone que se ha puesto freno a su incorporación?", se pregunta, en la misma línea, Mario Cordero Benito, padre y exalumno del Ramiro de Maeztu. 

Las familias han pasado de tener una mínima esperanza a sentirse engañadas y desinformadas. La directora del centro ha estado vaciando los espacios destinados a las obras previstas con la EEA, que incluyen parte del Salón de Actos y la biblioteca, "confirmando así los temores de que se trata de la preparación para la escuela europea". Ahora, esta situación ha generado nuevas preocupaciones sobre el futuro de los estudiantes. Si sus movilizaciones y los recursos interpuestos provoca que las obras se retrasan y no se completan a tiempo, los niños podrían verse obligados a ser trasladados a otros centros, una situación que las familias consideran inaceptable. 

Según Cordero, la dirección del centro está intentando conseguir los planos y la memoria del proyecto oficial, pero no han recibido información concreta. "Entendemos que lo que tendría que haber es una modificación de ese proyecto. Si es algo bueno y beneficioso para los alumnos del Ramiro, no se comprende por qué no ponen a nuestra disposición esos documentos", señala. Con todo, Cordero insiste en que van "a seguir sin parar hasta conseguir la claridad necesaria". Hasta ahora, han presentado un recurso contencioso administrativo y están considerando la posibilidad de una demanda vía Patrimonio, ya que las obras pueden afectar significativamente a la estructura del centro.

Dudas sobre la legalidad de la obra 

"Nosotros llevamos años pidiendo una reforma porque le hace mucha falta al colegio. Hemos intentado arreglar incluso cuestiones básicas, pero siempre se ha parado por Patrimonio", explica Mario Cordero. Sin embargo, la situación actual presenta una paradoja: las mismas restricciones que impedían mejoras menores, ahora no parecen obstaculizar nada.

Tal es la contradicción que el pasado jueves, durante una reunión del Consejo Regional de Patrimonio, Alicia Torija (Más Madrid) cuenta que aprovechó para preguntar sobre esta novedad: "¿Cómo se habrá aprobado este proyecto que es de mayor embergadura?". El Director General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, relata Torijo, afirmó que "las obras eran compatibles con la preservación del Patrimonio y leyó un acta de cuatro páginas que autorizaba la creación de seis aulas". El representante del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid afirmó, en cambio, "no tener conocimiento" de esto y expresó "que se había presentado era una consulta, no una aprobación", detalla Torija. Un conflicto de versiones entre las autoridades regionales y los arquitectos que plantea dudas adicionales sobre la legalidad del proceso.