Esta semana, las migraciones han vuelto a ocupar espacio mediático en toda Europa, gracias a la cobertura del décimo aniversario del trágico naufragio frente a la isla de Lampedusa en Italia. Murieron casi 400 personas, desaparecieron más de 50 y 155 fueron rescatadas. Sin embargo, lo que ocurrió el 3 de octubre de 2013 en Lampedusa no fue —ni es— una tragedia aislada.

Una semana más tarde, el 11 de octubre, otro naufragio tuvo lugar a tan solo 100 kilómetros del anterior. Murieron 34 personas y desaparecieron 20. Si se repasa la cronología de naufragios en el mar Mediterráneo, la realidad de las rutas migratorias en el sur de Europa muestra que Lampedusa no fue una excepción, y que hubo embarcaciones hundidas con tantas o más personas a bordo, antes y después de octubre de 2013.

Estamos hablando de casi 300 personas desaparecidas en un único hundimiento en 2011, y más de 800 en 2015. En el año 2014, al menos 800 personas desaparecieron o murieron en dos únicos naufragios en una misma semana del mes de septiembre, en las costas de Malta y Libia. Estos números, ya por sí solos abrumadores, son solo el principio.

Cifras de mínimos que son aterradoras

Se estima que el número de personas muertas o desaparecidas en el mar Mediterráneo desde el año 2014 asciende a 28.106, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Pero este dato no es más que una estimación, en mínimos, de la magnitud de lo que sucede a las puertas de Europa, desde mucho antes de la tragedia de Lampedusa de 2013.

Con las herramientas disponibles, es imposible contabilizar de manera ajustada las cifras de muertes y desapariciones en el mar, números que se mueven entre los que recogen organismos políticos europeos y las organizaciones no gubernamentales. Tanto en los grandes naufragios, donde la estimación es algo más acertada —aunque es imposible saber con certeza cuántas personas van a bordo de las embarcaciones—, como en el caso de las embarcaciones más pequeñas, que desaparecen y no son ni tan siquiera reportadas.

Si se tiene esto en cuenta, se observa cómo, ya en el 2009 —cuatro años antes de Lampedusa— se producen tres naufragios en aguas del Mediterráneo entre los meses de marzo y abril. En el primero, fallecieron 98 personas y desaparecieron 131. Sobrevivieron 21 personas. En el segundo y en el tercero se contabilizaron 250 personas desaparecidas en cada uno. No se recuperó ningún cuerpo.

Dar respuesta a por qué se conmemora el aniversario de Lampedusa, pero no los naufragios de 2014 en Libia y Malta, con más 700 desaparecidos, es imposible. La tabla a continuación muestra una pequeña aproximación a la magnitud de las cifras y el desastre de los últimos años, las Lampedusas que fueron y no han dejado de sucederse.

La percepción no se ajusta a la realidad

Claire Kumar, investigadora del centro Overseas Development Institute (ODI), explicaba hace unos días en Madrid el estado de la percepción sobre la migración en los países de Europa del Sur que reciben flujos migratorios del Mediterráneo.

La conclusión de la encuesta que presentaba Kumar está contenida en el gráfico a continuación, que demuestra que los momentos en los que las distintas poblaciones europeas valoran que la migración es un tema clave para su país, no se corresponden con los momentos de más llegada de migrantes.

Países como Francia o España, que apenas recibieron población siria, tuvieron máximos en 2015. Italia, en 2016, año con muchas menos entradas, pero mayor tensión política. Y los mayores datos absolutos de Grecia son en 2020, donde las entradas por mar fueron las más bajas desde 2003.

Europa prefiere apostar por la securitización

El número de muertes en el mar Mediterraneo no cambia significativamente respecto al de llegadas por vía irregular a Europa. Datos recogidos por el Consejo Europeo hasta 2023 muestran cómo desde el pico de llegadas que se produjo en el año 2015 —la conocida como crisis de refugiados a consecuencia de la guerra en Siria— estas cifras se han reducido, pero no así el número de muertes.

En 2015, llegaron más de un millón de personas y murieron 4.054 intentándolo. Al año siguiente, el número de llegadas se reduce a casi 375.000 pero el número de muertos aumenta a 5.143. Esta tendencia se mantiene, desde entonces, con una querencia a la baja de las llegadas, pero no así de las muertes. Los esfuerzos de la Unión Europea se centran en reducir el número de personas migrantes y refugiadas en Europa, pero no así en evitar las muertes en su ruta.

La fotografía de la muerte del pequeño Aylan Kurdi en 2015 conmocionó a la sociedad europea. Aylan murió ahogado, junto a su hermano de cinco años y su madre, en una embarcación que se dirigía a Grecia. Esa conmoción, sin embargo, no se tradujo en políticas de protección que evitaran otras muertes así en el futuro.

Al contrario, la muerte de Aylan se ha utilizado para justificar una narrativa de securitización que, además, alimenta la criminalización de los esfuerzos de rescate y solidaridad en el Mediterraneo. Una "necropolítica" de las migraciones a nivel europeo, que pone en marcha mecanismos que ejerce la UE, y que ponen en riesgo las vidas de las personas en tránsito migrante hacia el continente.

Esta tendencia a la securitización está marcada por la creación de Frontex y el fortalecimiento económico del conglomerado que conforma la industria del control migratorio, a la par que se consolida una política de externalización de fronteras, con el objetivo de reforzar la seguridad en los países de origen.

Al mismo tiempo, la criminalización de la solidaridad y de los esfuerzos de salvamento avanza, y se consolida también en los últimos años en Europa. En 2016, se produce en Grecia el arresto de tres bomberos españoles acusados de tráfico de personas en grado de tentativa por el rescate de refugiados en las costas de la isla de Lesbos. No son absueltos por la justicia helena hasta el año 2018.

Desde entonces, se suceden en impunidad las detenciones, como la de Carola Rakete, capitana del barco de salvamento Sea Watch III, en 2019, así como las negaciones de puerto seguro a embarcaciones de salvamento como el Aquarius o el Ocean Viking, con miles de personas a bordo.

No parece que se haya aprendido nada

Tras el fracaso de la UE en su primera gran prueba frente al desplazamiento forzoso global, los esfuerzos políticos se han concentrado en detener a quienes no queríamos, antes que en gobernar lo que necesitamos desesperadamente.

El Pacto Europeo de Migraciones y Asilo —acordado bajo la presidencia española tras tres años de tortuosas negociaciones— es el reflejo del único denominador común de los Estados miembros: blindar las fronteras, externalizar el control migratorio y reducir el sistema de asilo a un mercadeo bochornoso. Su posición debilita el sistema de protección internacional y da alas a quienes quieren reformarlo para diluirlo.

Pero, en el nuevo Pacto Europeo, lo que está ausente es tanto o más importante que lo que sí se ha acordado. En plena crisis demográfica y con graves carencias en el mercado de trabajo, Europa ha elegido no regular de manera coordinada lo que constituye el 90% de los flujos de migración hacia nuestro continente: la movilidad laboral de ciudadanos no comunitarios.

Esta regulación queda en manos de cada uno de los países, que ya han entrado en una carrera por atraer las capacidades y el talento de los que dependen todas y cada una de las economías de la UE.

Tanto las acciones como las omisiones de esta última década definirán los años por venir. Europa se ha entrampado en un callejón sin salida que le forzará a ser cada vez más violenta y aislacionista. Justo lo contrario de lo que necesita el planeta en 2023.