En los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) "vemos que hay un incumplimiento sistemático del ordenamiento jurídico sin ninguna consecuencia", aseguraba este martes Ana Bosh, abogada y coordinadora del equipo de visitas a migrantes internados en el centro de Aluche, en Madrid, de Pueblos Unidos. Y eso es lo que han logrado, que se reconozca oficialmente, al menos en parte, con una reciente resolución judicial de los magistrados de los juzgados de instrucción 6, 19 y 20 de Madrid, que ejercen las funciones de control en el centro de la capital.

En una instrucción gubernativa, los jueces han adoptado siete medidas de obligado cumplimiento para que las autoridades actúen de forma más garantista ante denuncias de malos tratos, la tutela judicial efectiva, la protección de la salud y el establecimiento de medidas especiales ante el internamiento de mujeres migrantes víctimas de violencia de género.

Una de las medidas de mayor impacto tiene que ver con mejorar la instrucción e investigación de las denuncias de malos tratos o agresiones a internos a manos de los policías que los custodian. Algo complicado ya que, según llevan años denunciando las organizaciones de derechos humanos, los denunciantes y los posibles testigos suelen acabar expulsados demasiado pronto.

El pasado julio, Mundo en Movimiento, Pueblos Unidos - SJM, el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine y el Centro de Documentación contra la Tortura alertaron tanto a la Fiscalía como al Consejo General del Poder Judicial sobre un "preocupante aumento de la violencia hacia las personas migrantes internadas" en el CIE de Aluche, así como la continua vulneración de sus derechos fundamentales. 

Diligencias urgentes 

Casi un año después, los jueces han admitido gran parte de las propuestas realizadas por las organizaciones. Entre ellas, requieren al director del CIE de Aluche un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos. En él debe figurar que los hechos deben ponerse en conocimiento de los jugados en cuanto se tenga constancia y, además, debe informarse del tiempo máximo de internamiento que el denunciante tiene pendiente y de la fecha prevista de expulsión. El objetivo es que los jueces puedan paralizar la expulsión si así lo consideran para que el proceso penal finalice.

Al mismo tiempo, los jueces ordenan la práctica de diligencias urgentes en los caos de los internos que denuncien malos tratos. En concreto exigen que sean trasladados ante el juez de control para ser escuchados y, si es preciso, reconocidos por un médico forense y que puedan así designar un abogado y un procurador. Que su testimonio se notifique con urgencia al Decanato y se lleve a reparto en el juzgado de guardia, al mismo tiempo que se informa a la Dirección del Centro de Internamiento, a la Fiscalía de Extranjería y al Juzgado que acordó el internamiento para que estudien si procede suspender la expulsión, algo para lo que no tiene competencias el juzgado de control.

"Esto reconoce la existencia de un problema, que es primer paso para solucionarlo", ha asegurado Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación contra la Tortura y Premio Nacional Derechos Humanos 2019. "Si estas medidas se ponen realmente en práctica podríamos tener un pequeño avance contra la impunidad ante agresiones", ha insistido. Las organizaciones estarán "vigilantes" porque "una cosa es anunciar protocolos y otro, ponerlo en práctica".

Intimidad en las visitas a enfermería

La resolución también requiere al director del CIE de Madrid que tome medidas para garantizar la "intimidad" en las consultas médicas, que se cierre la puerta y que solo estén presentes los policías en casos justificados.

Para María Paramés, sanitaria y portavoz de la campaña CIEs No Madrid, las medidas en materia sanitaria "se quedan muy cortas" y aún queda procedimiento por delante. Sin embargo, considera que esta garantía de la intimidad viene a reconocer que todas las visitas a la enfermería del CIE se hacen bajo presencia policial. También las visitas por posibles lesiones provocadas por agresiones policiales, lo que puede coaccionar al interno.

"Estas medidas judiciales recogen reconocen las vulneraciones de derechos que se vienen denunciando incesantemente desde la creación de los CIE", insisten las organizaciones, que agradecen la "valentía" de las personas internas que han denunciando sus casos pese a los riegos. No obstante, estas decisiones solo pueden aplicarse en el CIE de Aluche, por lo que llaman a otras entidades a solicitar estas medidas en los otros seis centros de internamiento que funcionan en el Estado.