Ni periodistas que cubran cargas policiales, ni ciudadanos que resistan de manera pacífica ante ese tipo de intervenciones. Tras multar a un reportero de la radio Hala Bedi que presenció una actuación de la Ertzaintza en un barrio okupado, el Gobierno Vasco ha recurrido ahora a la ley mordaza para castigar a seis activistas sociales que se movilizaron contra el desahucio de una madre con dos hijos menores. Ambos hechos ocurrieron en Vitoria, la misma ciudad donde el Parlamento Vasco, con los votos del PNV, pidió no aplicar esa restrictiva ley.

El último capítulo de la ley mordaza en Euskadi empezó a escribirse hace ahora un año. El 15 de septiembre de 2016, decenas de ciudadanos se concentraron fuera de la vivienda en la que residía Anastasia, una madre de dos niños de cuatro y siete años que no podía hacer frente al pago del alquiler. En esta ocasión, el impulsor del desahucio no era ninguna entidad bancaria, sino el propio Gobierno Vasco a través de Alokabide, la sociedad pública dedicada al “desarrollo de la función social de la vivienda”.

Según recuerdan desde Stop Desahucios, “la protesta fue contestada con una violenta represión policial ante la actitud pacífica y de desobediencia pasiva de los concentrados”, entre los que se encontraban “representantes públicos del Parlamento Vasco, de las Juntas Generales de Araba y del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”. Por su parte, Anastasia tuvo que ser llevada al hospital a raíz de un ataque de ansiedad.

Este verano, cuando estaba por cumplirse el primer aniversario de aquellos hechos, comenzaron a llegar multas a varias personas que habían tomado parte en la concentración. Según han confirmado desde la plataforma Stop Desahucios, entre los multados se encuentra el actual juntero del Grupo Mixto Koldo Martín, expulsado de Podemos junto a otros tres procuradores por no acatar decisiones internas.

Multas de 602 euros

Multa impuesta a varios activistas de Stop Desahucios de Vitoria.

Los activistas sancionados mediante la ley mordaza son acusados de tratar de “obstruir” la actuación policial, lo que se traduce en 602 euros de multa para cada uno de ellos. En el expediente enviado a las seis personas castigadas, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco cita el artículo 36.4 de la mencionada ley, creado expresamente para criminalizar las protestas contra desahucios.

“No vamos a pagar”, resumió a Público el portavoz de la plataforma Stop Desahucios en el territorio de Araba, Txomin Lorenzo, quien adelantó que se presentarán recursos administrativos contra cada uno de esos expedientes. “Queremos saber de qué les acusan”, subrayó.

Casi 5.000 expedientes

En ese contexto, el Defensor del Pueblo acaba de admitir una queja de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) contra la multa recibida por el periodista de la radio Hala Bedi Mikel Saenz de Buruaga, sancionado por cubrir la intervención policial del pasado 18 de mayo en el barrio autogestionado y okupado de Errekaleor, también en Vitoria.

Su caso forma parte del largo listado de denuncias formuladas por la Ertzaintza mediante la ley mordaza: entre el 1 de julio de 2015 y el 28 de junio de 2017 se habían abierto 4.454 expedientes por parte de la Ertzaintza. De nada valió que seis meses antes, el 28 de junio de 2016, el Parlamento Vasco hubiese votado en contra de la aplicación de esa ley. Cientos de multas después, la normativa impulsada por el gobierno de Rajoy –y aplicada a rajatabla por el ejecutivo de Iñigo Urkullu- sigue tan vigente como entonces.