El ruido mata. Y no es una frase hecha. Ni un eslogan publicitario. Lo confirma la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y es la letanía que se repite una y otra vez entre el creciente movimiento ciudadano que recorre España en defensa del derecho al descanso. Si no, que se lo pregunten a Kiko Marcos, funcionario autonómico extremeño. Su cuerpo colapsó hace ya veinte años por efecto de la contaminación acústica intensa que puso patas arriba su salud y la calle donde vivía con su familia en el casco histórico de Mérida.

Una vía peatonal que pasó de apenas cuatro negocios hosteleros a nada menos que 17 y un mar de veladores hasta altas horas de la madrugada. "Las terrazas cerraban a las tres de la noche y yo me levantaba a las seis de la mañana para trabajar", relata en conversación telefónica con Público. La tortura no acababa con el cierre de los negocios. Luego los camareros recogían, limpiaban, arrastraban el mobiliario y se fumaban un cigarro bajo la ventana de la familia Marcos.

"Caí en una profunda depresión y necesité asistencia médica", revela. El ruido nocturno desarboló su vida, hasta tal punto que la familia tuvo que cambiar de domicilio y abandonar una vivienda que habían ocupado tres generaciones consecutivas. Desde entonces emprendió un largo y tortuoso camino de activismo vecinal, que en apenas dos décadas ha articulado una constelación de asociaciones en toda España en demanda de un derecho fundamental recogido en la legislación nacional y comunitaria.

Veinte años después, Kiko Marcos aún padece secuelas graves derivadas de aquel episodio traumático. "He perdido el control de los músculos y tengo temblores", explica. Necesita medicación rutinaria. La suya es una biografía paradigmática. España está plagada de vecinos que viven al borden del derrumbe o sencillamente han escogido el camino del éxodo.

"La lucha contra el ruido es compleja y ardua", argumenta este funcionario extremeño. "Hay actores importantes implicados, como la hostelería e incluso los fondos buitres, y las administraciones no quieren tomar medidas eficaces. Luchar cuerpo a cuerpo contra los locales de ocio es imposible. Tenga en cuenta que hay 360.000 bares en España y decenas de miles de pisos turísticos. Es una auténtica locura". El problema, en su opinión, es que no se cumple la ley. "A los políticos no les interesa", remata.

Kiko Marcos es miembro de la ejecutiva de la Federación de Asociaciones contra el Ruido, que agrupa a medio centenar de colectivos de todas las comunidades autónomas. No es la única red ciudadana que combate la polución sonora urbana. Josefa Sánchez Doreste preside la Federación de Asociaciones Contra la Contaminación Acústica y en Defensa del Patrimonio Histórico (Facuspat). Su batalla personal contra el ruido arrancó a principios de los noventa en Gran Canaria. Tenía una madre diabética y octogenaria, sometida al martirio diario de bares y restaurantes de su calle. "No descansábamos de noche", relata.

Presentó su primera denuncia contra los propietarios de un local. Y años más tarde, contra el Ayuntamiento de Las Palmas por conceder licencia de apertura a establecimientos de hostelería en zonas no autorizadas. "Gané el contencioso y la apelación", subraya. No fueron las únicas demandas. Y las ha ganado todas. Primero como ciudadana y luego como representante vecinal. "Nuestro caballo de batalla ha sido el ocio nocturno y las terrazas. Cada vez hay más negligencia municipal por no defender la calidad de vida de sus vecinos. Los tribunales están llenos de denuncias", lamenta.

Desde hace años, también es presidenta de la Asociación de Vecinos de Triana-San Telmo, una de las áreas más contaminadas acústicamente de Las Palmas. "Nos dimos cuenta de que había que crear una federación nacional porque los problemas de Cáceres o Palencia no son distintos a los nuestros". Sánchez Doreste cree que hay un desbarajuste normativo en relación al ruido, de tal manera que muchas comunidades autónomas no adaptan la ley estatal o sencillamente lo hacen de forma inadecuada. "La ley nacional dice que a partir de las 23.00 horas hay que rebajar sustancialmente el volumen de ruido, pero esa norma no se respeta".

Josefa Sánchez Doreste lo tiene claro. "Tenemos derechos", sostiene. "Las personas sufren y enferman. Pagamos nuestros impuestos y exigimos que se nos respete". La organización que preside no va a ceder. El Ayuntamiento de Las Palmas tiene en su cajón una reciente denuncia por la celebración de la noche de Reyes. "Más de 50.000 personas vienen al barrio de Triana-San Telmo a celebrar la fiesta. Y se tiran 24 horas seguidas. Hicimos mediciones acústicas y presentamos una denuncia en el juzgado".

La conciencia ciudadana crece por momentos. Ya no son vecinos inermes desprovistos de conocimientos jurídicos. Ahora están perfectamente asesorados y dominan con soltura la normativa que los ampara. En los juzgados hay decenas de denuncias activas a lo largo y ancho del territorio nacional. De hecho, ya existe un colectivo de abogados especializados en la materia que lleva trabajando desde el año 2002. Están agrupados bajo la denominación de Juristas Contra el Ruido, que integra a una treintena de profesionales.

"Es un problema muy grave, que afecta muy negativamente en nuestra salud, tal como lo indica la OMS", señala su vicepresidenta, María José Rodríguez. La exposición intensa y continuada a la polución acústica puede originar afecciones cardiovasculares, ansiedad, isquemias y desajustes metabólicos. Y se dispone de "amplia normativa" para fijar límites al ruido urbano. "Tenemos directivas europeas, además de normativas estatales, autonómicas y municipales sobre contaminación acústica", advierte Rodríguez. "Los ciudadanos tienen derecho a no exponerse a determinados niveles de ruido y, si se superan, hay que adoptar medidas correctoras", puntualiza la jurista.

Los niveles de contaminación acústica tolerados dependen de las zonas urbanas y el uso prefijado en ellas. No es lo mismo un área residencial, que otra administrativa, comercial o sanitaria. Tampoco es lo mismo un dormitorio que una cocina a la hora de valorar las mediciones acústicas, apunta la vicepresidenta de JcR. "Por la noche, superar un nivel de 30 decibelios ya puede perjudicar el sueño", precisa.

La respuesta de las administraciones es desigual. Pero hay un denominador común: "Los ayuntamientos se suelen mantener inactivos, por lo que solemos acudir a los juzgados", indica Rodríguez, para hacer valer los derechos ciudadanos. No existen datos concretos sobre el número o el porcentaje de denuncias relacionadas con la exposición al ruido. "Es una demanda creciente", reconoce. Y la mayor parte de los casos se suelen ganar.

¿Qué ocurre cuando colisiona el derecho al descanso con el derecho al ocio en un país eminentemente callejero? María José Rodríguez lo tiene claro. "No hay ningún conflicto. El derecho al descanso es un derecho fundamental que prevalece sobre el derecho al ocio. No son derechos comparables". Punto.

Algunos estudios indican que al menos 60 millones de personas en Europa están expuestas a emisiones de ruido perjudiciales para la salud. El tráfico es otra fuente relevante de contaminación acústica. París es la capital europea con mayor porcentaje (66,9%) de población sometida al ruido del coche. Le siguen Roma (60,5%), Madrid (43,8%) y Londres (33,8%).

La de la contaminación acústica es una batalla espinosa en un país que vive del sector servicios y arrastra una milenaria tradición de celebraciones callejeras. "La cultura se entiende en España con ruido. Y eso no es cierto", puntualiza Kiko Marcos. "La cultura es otra cosa". Mientras tanto, decenas de miles de ciudadanos se organizan para plantar cara a un desafío urbano de notables proporciones.