Todos los grupos políticos representados en la subcomisión del Congreso que han negociado durante los últimos seis meses un Pacto de Estado contra la violencia machista, se han felicitado por el documento acordado por unanimidad.

Sin embargo, excepto el Partido Popular y Ciudadanos, el resto de los grupos representados en la subcomisión han manifestado que se trata de un esfuerzo importante, pero lo han calificado de un consenso de mínimos, puesto que para muchos aún dista de ser un Pacto de Estado.

La subcomisión ya tiene un dictamen (así se llama el documento aprobado) que tiene que elevar a la Comisión de Igualdad del Congreso de los diputados el próximos viernes 28 de julio para su aprobación final. Hasta entonces, muchos de los grupos trabajaran en los votos particulares que presentarán en la Comisión de Igaldad y que serán aprobados o rechazados por mayoría, lo que puede modificar aún el documento de forma importante.

​Angela Rodríguez de Unidos Podemos ha manifestado que "esto no es un Pacto de Estado, puesto que falta un enfoque integral que atienda de la misma manera a todas las víctimas de violencias machistas. Lo que tenemos hoy es un documento que trata a unas víctimas de primera y a otras de segunda", afirma Rodríguez.

Si bien reconoce que en el texto se han incluido la mayoría de las violencias contenidas en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, no les da el mismo tratamientos, ni acceso a los mismas prestaciones. 

La ley de violencia de género vigente en nuestro país y aprobada en 2004 reconoce un amplio abanico de protección a las víctimas de violencia de género, pero sólo considera las agresiones que se producen en el seno de la pareja o expareja. 
"El documento acordado reconoce más tipos de violencia, pero no le dan la cobertura prevista en la ley de 2004", afirma Rodríguez.

​Rodríguez apunta también a imprecisiones en las partidas presupuestarias, a dónde se van a dedicar los fondos o de qué partidas van a salir, y lamenta que el pacto no haya incluido un amplio abanico de políticas para la igualdad, "puesto que es la desigualdad la que nutre la violencia de género".

A pesar de todo, resalta que durante las negociaciones "todos hemos respetado las posiciones del otro y esto hay que ponerlo en valor".

Angeles Álvarez, portavoz de Igualdad del grupo Socialista en el Congreso ha mostrado satisfecha por este “acuerdo de mínimos” alcanzado y ha señalado que “lo prioritario es que las medidas acordadas se hagan efectivas lo más rápidamente posible”.

Alvarez afirmó que "ha sido duro llegar a este acuerdo y arrastrar al Partido Popular a un pacto contra la violencia de género que el PSOE viene solicitando desde le año 2014".

Sin embargo, Álvarez no ha querido hacer una valoración política del acuerdo alcanzado por la subcomisión, que aplaza hasta a la reunión con cargos orgánicos del partido Socialista, representantes institucionales y organizaciones de mujeres que tendrá lugar el próximo martes 25 en la sede del partido en Ferráz.

Álvarez sí manifestó que "el país en su conjunto tiene que felicitarse porque hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo de mínimos”,​ y se ha mostrado  “satisfecha” del acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios, en la medida en que “se han incluido en el pacto muchas de medidas que fueron propuestas por el PSOE durante la X Legislatura pero se rechazaron en su momento por la mayoría absoluta del PP” y que “hoy van a comenzar a ser una realidad”.

Marta Sorlí, diputada de Compromís, también afirmó que "se trata de un pacto de mínimos pero es un buen principio". A su juicio lo acordado se trata de un pacto "político" y afirma que debería haber ido más allá y convertirse en un "pacto institucional, social y político, porque hay una batería de medidas pero no un compromiso firme para luchar contra violencias en todas sus vertientes".

"Esperábamos que fuera más claro, valiente y atrevido a la hora de proteger a las mujeres de las distintas violencias", afirmó Sorlí que añadió que "en Valencia acabamos de hacer un pacto y es más contundente porque equipara a las víctimas de violencia machistas con las del terrorismo", añadió.

Sorlí manifestó su satisfacción por que todos los grupos hayan aprobado el acuerdo y resaltó que como se planteó un pacto de consenso, sólo han entrado las medidas de consenso. Sí destacó la importancia de que se acordara una financiación de 100 millones de euros para las Comunidades Autónomas que será negociada con ellas y que tendrá un enfoque finalista. "Esto significa que las Comunidades de progreso que ya tienen políticas en marcha podrán seguir haciéndolas con más desahogo".

Sorlí afirmó que su grupo trabajará en los votos particulares que presentarán el próximo 28 en la Comisión de Igualdad del Congreso y que explorarán la posibilidad de presentar algunas en coordinación con otras fuerzas políticas. 

"Hoy es un día importante porque se ha conseguido que todos los grupos políticos lleguen a un acuerdo de 200 medidas de consenso y hemos alcanzado por primera vez un Pacto de Estado contra las violencias machistas", afirmó a la salida de la reunión Patricia Reyes, portavoz de Igualdad de Ciudadanos. 

Durante el proceso hemos también conseguido sacar el foco de toda la parte judicial, porque el 80% de las mujeres no denuncia la violencia de género. Por eso nos parece importante ayudar a todas estas mujeres que hasta ahora no han tenido ningún apoyo porque estaba supeditado a la demanda judicial".

Javier Maroto,vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP,  calificó este pacto de Estado como "un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país".

Maroto afirmó que la solución al drama de la violencia de género es una exigencia de primer nivel en toda la sociedad, no hay precedente de que los partidos den una respuesta "con altura de miras" y el acuerdo "no es una recopilación de sugerencias, sino que viene acompañado de cantidades económicas".