El arranque del curso escolar en Andalucía, con todas las carencias estructurales que arrastra el sistema –déficit de plantillas, cierre de aulas públicas, falta de atención especializada– se vio interrumpido por el traumático ataque en un instituto de Jerez.

Carmen Yuste, del sindicato Ustea, que defiende a conciencia el sistema público, considera que el caso de Jerez, "afortunadamente", fue "un hecho aislado", del que hay que buscar las causas para que no se repita.

En esta entrevista, que se desarrolla durante un café en la sevillana Alameda de Hércules, Yuste hace un repaso por los principales problemas del sistema andaluz y asegura que hay una apuesta del Gobierno andaluz "por la enseñanza privada y la privada concertada".

"Están promocionando con todos los medios a su alcance la enseñanza concertada, la colaboración público privada que dicen ellos", asegura. El sindicato calcula que este curso en la pública en Andalucía hay cerca de "2.000 unidades escolares menos, 2.000 clases menos desde que gobierna Moreno Bonilla".

Ustea participará ahora, con el resto de sindicatos de la mesa sectorial, en las negociaciones que han reclamado al Gobierno andaluz y que se iniciarán en noviembre para el estudio y ampliación de las plantillas docentes, "la principal carencia del sistema educativo andaluz", afirma.

En paralelo, colectivos de la escuela pública, como las Ampa, las mareas verdes y otros, preparan movilizaciones exigiendo mejoras.

¿Qué reflexión hace su sindicato sobre lo sucedido en Jerez?

Los hechos ocurridos son verdaderamente lamentables. Toda nuestra solidaridad con el profesorado y el alumnado que ha sufrido estos hechos. En Ustea los hemos sentido como propios, como cualquier cosa que ocurre de estas características en cualquier centro educativo de Andalucía. Les hemos ofrecido nuestra solidaridad, como no puede ser de otra manera, y todos los recursos humanos y materiales que tenemos a nuestra disposición para cualquier cosa que necesiten.

Lo que ha ocurrido es un hecho aislado. No es algo que se reproduzca evidentemente en la cotidianidad de los centros educativos andaluces, que son espacios de paz y de educación en valores. Este tipo de cosas no pueden ocurrir.

¿Está la comunidad educativa a salvo de que se repita una cosa así?

Cuando ocurren hechos de estas características hay que estudiar lo que ha pasado ahí. Como hechos aislados y absolutamente excepcionales que son, hay que analizar cuáles son las causas que han llevado a que esto ocurra para que no vuelvan a reproducirse.

Estamos al lado del profesorado del alumnado agredido, pero también tenemos que estar al lado del chico que ha sido el protagonista, el autor de estos hechos. Hay que estudiar qué es lo que le ha pasado.

¿El contexto general, las carencias del sistema educativo explican lo que pasó en el instituto de Jerez? No, porque lo de Jerez se ha tratado de un caso aislado muy particular, que afortunadamente no es la norma en los centros educativos andaluces.

Hablemos, pues, del contexto general, más allá de Jerez. ¿Cuáles son los problemas que detecta el sindicato en los centros de Andalucía?

La situación en numerosos centros educativos andaluces es que las clases, la vida escolar, se desarrolla en unos edificios, en unas infraestructuras que en muchísimos casos están completamente obsoletas. Son edificios muy antiguos a los que les falta adaptación de todo tipo al mundo actual.

La ley de bioclimatización, por ejemplo, está implantada en poquísimos centros andaluces. ¿Influyen las temperaturas extremas, el calor extremo y el frío extremo en la vida de los centros, en el estado de ánimo de la comunidad educativa, del profesorado y del alumnado? Por supuesto que sí. 

Por otro lado, las clases están absolutamente masificadas. En Ustea no nos cansamos de decirlo. Esto impide que las clases se desarrollen en las condiciones más óptimas. En muchas ocasiones vemos que las clases en los institutos tienen 31, 32, 33, 35 ó 36 alumnos por clase ¿Influye esto en el estado de ánimo y en las conductas del profesorado y del alumnado? Por supuesto que sí.

No es lo mismo trabajar en un espacio masificado que en un espacio en el que la gente se sienta cómoda, pero es que además en una clase masificada, en una clase con ratio tan alta, al profesorado le resulta más complicado identificar situaciones de acoso escolar de cualquier tipo de problema que pudieran tener los chicos y las chicas. Así que es necesario renovar y actualizar los edificios, y por supuesto y por encima de todo reducir la ratio en las clases, reducir el número de niños y niñas por clase para que puedan ser atendidos en condiciones.

¿Cuál es la gran asignatura pendiente del sistema educativo andaluz? La cuestión de la salud mental. En estos momentos, en los centros educativos no hay profesionales dedicados específicamente a cuidar de la salud mental del profesorado y del alumnado. En toda Andalucía y sólo desde el año pasado hay únicamente 22 personas dedicadas al bienestar emocional o a la salud mental para una población de más de 100.000 alumnos y alumnas y varias decenas de miles de profesores y profesoras, de docentes.

Es muy evidente que hay que acometer la salud mental como una prioridad, que no bastan 22 personas y que en todos los centros educativos, en todas las zonas escolares, debe haber profesionales dedicados específicamente a este tipo de cuestiones.

Además de esto llevamos mucho tiempo desde Ustea denunciando la falta de personal de atención a la diversidad. Faltan orientadores y orientadoras en los institutos.

¿No están bien dotadas las plantillas a su juicio?

La principal carencia del sistema educativo andaluz son las plantillas docentes. La plantilla docente en Andalucía es claramente deficitaria, fundamentalmente en lo que se refiere a los profesionales que atienden al alumnado de necesidades educativas especiales, los profesionales de atención a la diversidad: orientación educativa, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje.

Estos profesionales tienen una ratio de atención al alumnado altísima, inabarcable. En muchos centros no hay este tipo de profesionales. Por ejemplo, los orientadores educativos. Los institutos de secundaria tienen uno en plantilla, los colegios de primaria, no. La orientación educativa en los colegios de primaria se hace desde los Equipos de Orientación Educativa, que son zonales.

Cada equipo tiene que atender a 10, 12, 15, 20, 25 centros educativos. Eso quiere decir que cada orientador de estos equipos atiende a unos mil o 1.200 alumnos y alumnas. Atienden es una forma de hablar porque eso es imposible. Muchos niños y niñas se quedan sin un diagnóstico adecuado porque simplemente los equipos no llegan. Y aquellos que tienen hecho un diagnóstico, tienen un seguimiento muy deficiente porque es imposible atender a esta población escolar con estos recursos de orientación.

De pedagogía terapéutica (PT) se puede decir una cosa parecida. Suele haber un PT y un profesional de audición y lenguaje en cada centro educativo. Lo que pasa es que en cada clase hay de media cinco o seis alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo o necesidades educativas especiales. Una persona de PT para ese volumen de alumnado con necesidades específicas pues también es inabarcable.

¿De qué necesidades específicas estamos hablando?

De todo tipo. Desde trastornos del espectro autista, hasta dificultades en el aprendizaje, síndrome de Down, dificultades motoras, que también las hay, niños y niñas que son grandes dependientes, niños y niñas con dificultades auditivas. En fin. En cada clase, cinco seis e incluso más.

¿Se ha planteado este tema a la Administración?

Claro, la reivindicación es que haya un profesional de orientación educativa, un profesional de pedagogía terapéutica y uno de audición y lenguaje para cada 250 alumnos y alumnas. Esto está a años luz de lo que está ocurriendo en este momento.

¿Alguna Comunidad Autónoma está mejor que aquí?

En realidad, la atención educativa, la atención a la diversidad y a este tipo de alumnado es deficitaria en prácticamente todas las Comunidades Autónomas. Es una atención cara porque hay que ofrecerla más o menos individualizada y todo eso es muy caro. Te encuentras casos verdaderamente dramáticos.

Hay otros profesionales que no son docentes, las famosas monitoras o PTIS que se encargan de este alumnado y que faltan en muchos centros. Directamente no están. Esta es una incidencia, por ejemplo, de inicio de curso. La Junta dice haber tenido un problema informático y hay alrededor de 50 centros educativos en Sevilla sin monitoras. Un problema informático les ha impedido contratarlas y se están empezando a incorporar en estos momentos. Los niños y las niñas llevan dos semanas acudiendo a clase sin ellas. O no, porque en algunos casos la asistencia a clase es imposible sin estas profesionales. 

¿Este es por tanto el principal problema estructural que detecta el sindicato?

En la atención a la diversidad se nota mucho el déficit de plantilla, pero en la atención ordinaria también.

La Iniciativa Legislativa Popular para una bajada de ratios fue tumbada en el Parlamento hace un año. ¿Han mejorado las ratios desde entonces? ¿Han empeorado? 

La Consejería vende que están descendiendo las ratios medias. Estamos hartas de rebatir el argumento de la ratio media. Por ejemplo, en infantil la Consejería dice que la media en primaria es de 20,5 y que la máxima permitida por aula que permite la normativa estatal es 25.

Si la Consejería dice que la media es 20,5 y en ese cómputo entran todas las escuelas -pequeñas escuelas rurales, las escuelas de barrio de difícil acceso-, nos encontramos con que la ratio generalizada es la máxima permitida por la normativa.

Las clases de primaria en Andalucía tienen 25 niños y niñas en casi todas partes, salvo en las pequeñas escuelas rurales y en algunos centros muy determinados. 25 niños y niñas con un maestro o una maestra, teniendo en cuenta lo que hablábamos hace un momento: en cada clase hay cinco, seis u ocho niños con necesidades educativas especiales sin profesionales que los atiendan.

Bueno, pues el panorama es difícil. Se hace lo que se puede y la voluntariedad del profesorado, de alguna manera, mitiga los problemas que se producen, pero desde luego es claramente insuficiente y lo mismo pasa en infantil y en secundaria. La ratio en Andalucía en general en las ciudades y en los núcleos grandes y medianos está en el máximo permitido por la normativa. Esto es así. Baja levemente, y eso es lo que vende la Consejería, gracias a que en la división entran pequeños colegios muy determinados, sobre todo del mundo rural.

¿Hay un descenso de la natalidad que no se aprovecha para mejorar las ratios?

Hay menos niños, pero (en lugar de decir) voy a aprovechar esas circunstancias para mejorar la atención, pues se cierran aulas. Y se cierran de forma masiva. En la primera legislatura de Moreno Bonilla, la primera de derechas en Andalucía, calculamos que se cerraron en torno a 1.500 unidades escolares, fundamentalmente en infantil y primaria. En este, que es el primer año de la segunda legislatura, calculamos que a estas 1.500 aproximadamente se van a sumar otras 300 unidades. Nos estamos acercando en este curso a las 2.000 unidades escolares menos, 2.000 clases menos desde que gobierna Moreno Bonilla.

¿Y estas aulas son siempre en la pública?

Siempre. Sin excepción. De hecho, la enseñanza privada y privada concertada no solamente no desciende en número de clases, sino que aumenta levemente. Es verdad que están naciendo menos niños y niñas. Pues reduzcamos el número de alumnado en cada clase. Sin embargo, en lugar de eso se mantiene una ratio que todos los profesionales entienden como desproporcionada e inasumible y se van cerrando unidades públicas, siempre públicas. En la concertada ha aumentado levemente, es que hay algún concierto más inexplicablemente.

¿Y eso por qué se produce? ¿Eso se produce porque hay una cuestión técnica? ¿De legislación?

Claro. Es una decisión política que tiene una plasmación técnica. La decisión política, y esto es así, es que el Gobierno andaluz ha apostado por la enseñanza privada y la privada concertada y están promocionando con todos los medios a su alcance la enseñanza concertada, la colaboración público privada que dicen ellos.

¿Cómo se plasma técnicamente? Pues se plasma con el mecanismo que atañe a la matriculación en la educación pública y el mecanismo que atañe a la concertación de unidades escolares en los centros privados. El decreto de escolarización de Andalucía, que es el mecanismo técnico que utiliza el Gobierno para reducir el tamaño de la de la red pública, establece en primer lugar que la ratio de las unidades escolares tienen que ser 25 en infantil y primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato.

¿Ratio máxima?

Lo que dice la legislación estatal es que estas son las ratios máximas. Lo que dice el decreto de escolarización de Andalucía es que estas son las ratios: hay una diferencia importante. ¿Qué pasa cuando un colegio a un determinado nivel, por ejemplo infantil de tres años, no alcanza 25 matrículas? Pues se cierra la unidad. La legislación estatal te dice que ese es el máximo legal. Un curso de infantil de tres años, lo que te dice la normativa andaluza, el decreto de escolarización, es que debe tener 25 alumnos.

¿Ese decreto se refiere solo a la pública?

Solo a la pública. ¿La consecuencia de que un colegio concertado no alcance las 25 matrículas en infantil y primaria es el cierre de una unidad o la retirada del concierto? No, no lo es, porque los conciertos educativos se firman cada cuatro o cada seis años y en ese periodo de tiempo las clases en los colegios concertados, en los institutos concertados son intocables por muy baja que sea la matrícula. Esta es la clave de este asunto.

¿Este decreto fue el que se llevó una huelga, el que hizo Ciudadanos la pasada legislatura?

Sí. Se llevó una huelga inmediatamente antes de la pandemia.

¿Y ahora lo ha asumido el PP?

Claro, claro. Absolutamente. Lo está aplicando con especial rigor. Imaginemos que un colegio tiene dos clases de infantil de tres años y un año no se matriculan 50 alumnos, sino 40. Se suprime una clase de infantil de tres años en ese colegio. Se queda una clase de 25.¿Y dónde van los otros 15? Si puede ser, a los colegios del barrio y si no puede ser, van fuera del barrio.

¿Dónde únicamente se mantiene una clase, por ejemplo con 15 niños y niñas? En un colegio de un pueblo que solamente tiene esa clase y a la suficiente distancia de otro pueblo para que ni siquiera puedan ir en transporte escolar. Eso lo que hace bajar la ratio media.

¿Cómo va la nueva Ley de Educación? ¿Se está aplicando bien?

La ley tiene cosas positivas. Introduce cosas muy interesantes, como el trabajo por ámbito, el trabajo colaborativo, la enseñanza por competencia, todo este tipo de cosas. Pero el profesorado tiene muchas críticas que hacerle a la LOMLOE. La principal de ella es que ni la ley ni tampoco las comunidades autónomas dan los recursos para hacer eso.

¿Se puede hacer trabajo colaborativo y aplicar nuevos metodologías de enseñanza con 15 alumnos? Claro. Se puede si además le das al profesorado formación para introducir esa nueva metodología. Entonces se puede y es hasta deseable ¿Se puede en una clase de 25 en primaria o de 30 en secundaria sin haberte dado prácticamente formación ni recursos técnicos? Pues es muy complicado.

Nos han impuesto desde el Estado una ley y las Comunidades Autónomas la tienen que aplicar sin que ni el Ministerio ni las propias administraciones autonómicas hayan dotado de recursos humanos y materiales al profesorado para hacerlo. Eso lo está teniendo que suplir el profesorado con una sobrecarga de trabajo, que la verdad es que está causando mucho malestar entre los docentes.

Los docentes entienden que se les ha hecho responsables y se les ha cargado con el peso de modificar profundamente el sistema educativo sin los medios para ello. Eso significa que tienen que preparar nuevos materiales sin que tengan un horario específico para ello, deben formarse en su tiempo libre para aplicar la nueva metodología.

Y además la nueva ley implica un seguimiento del alumnado y un control de la aplicación de la legislación, que se refleja en un aumento espectacular de la burocracia. Y la burocracia, además, se multiplica al mismo ritmo que el número de alumnos. Si tienes pocos alumnos la burocracia es poca; si tienes muchos,  la burocracia es mucha. Esto es así.

El profesorado entiende que se le sobrecarga de trabajo y de burocracia y no porque estemos los docentes en contra de la ley y de su espíritu -porque plantea cosas interesantes-, sino que se nos ha echado encima la norma sin darnos recursos, tiempo y condiciones para poder desarrollarla. Se está haciendo a costa de la sobrecarga de trabajo y de la sobrecarga burocrática de los docentes.

En la formación profesional, ¿qué está pasando? ¿Faltan plazas?

Faltan muchísimas plazas de formación profesional pública. Los chicos y las chicas que terminan la secundaria están empezando a encontrarse con la misma preocupación, con los mismos temores que se encontraban hace unos años quienes terminaban bachillerato y querían acceder a la universidad: no me da la nota. Cuando hay más demanda de plazas que oferta de plazas públicas, la nota de corte sube.

Las notas de corte en este momento para acceder a los ciclos más demandados de FP es altísima. En algunos casos es incluso más alta que para muchas carreras universitarias. Son muchísimos los alumnos que no es que no consigan acceder al ciclo que quieren: es que no consiguen acceder a ningún ciclo, porque hay tan pocas plazas que solo consiguen acceder quienes tienen muy buena nota.

Hay muchísimos chicos y chicas en Andalucía que no tienen interés en llegar a la universidad, pero tampoco pueden acceder a la FP pública. Tienen dos opciones: o bien se quedan con el título de secundaria pelao y mondao, que eso equivale prácticamente a día de hoy a tener muy poco acceso al mercado laboral, o bien una segunda opción: si tu familia puede permitírselo, porque tiene dinero o la posibilidad de pedir un crédito, ir a un ciclo de Formación Profesional privado.

En este caso no estamos hablando de conciertos. ¿No hacen conciertos en FP?

Muy pocos, de momento. Tenemos la red pública muy deficitaria y una red creciente de Formación Profesional privada, sobre todo de ciclos muy demandados y muy caros. 6.000 u 8.000 euros es lo que vale un ciclo superior de algunas ramas sanitarias, por ejemplo, que son muy demandadas. En actividades relacionadas con la actividad física y el deporte, electrónica, en este tipo de cosas es donde está entrando la privada.

Hasta el año pasado había 28.000 chicos y chicas estudiando en un ciclo de FP superior puramente privado. Si hay 28.000 chicos y chicas pagando, eso significa que son al menos 28.000 chicos y chicas los que querrían estudiar un ciclo de FP pública. Nadie paga 6.000 u 8.000 euros pudiendo acceder a un ciclo público. Más todos los que no sabemos: ¿cuántos no han podido siquiera acceder a ciclos privados?

¿Cuánto le costaría al Estado poner una red de FP pública en condiciones?

Seguramente estaríamos hablando de muchos millones de euros. No lo sabemos. Ustea lleva desde el año pasado pidiendo a Patricia del Pozo [la consejera de Educación] que se crearan foros para analizar cuáles son las necesidades del sistema de la red pública de FP en este momento.

¿Dónde se necesitan nuevos ciclos? ¿De qué? ¿De qué rama? ¿De qué manera el ciclo se implicaría con el tejido productivo del territorio? ¿Cuánto dinero haría falta para eso? ¿Cuántos profesionales? Hacer una temporalización. Vamos a diseñar entre todos y todas un plan de expansión de la FP pública.

Nosotros pedíamos que en esos foros estuvieran los sindicatos docentes, las familias, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones de jóvenes y que entre todos pudiéramos analizar lo que hay, proyectar qué red de Formación Profesional pública queremos.

Eso lo llevamos pidiendo desde septiembre del año pasado en repetidísimas ocasiones ¿Qué ha hecho la Consejería? Ha creado unos foros de FP con las confederaciones empresariales. Ha dejado fuera a la familia, ha dejado fuera a los sindicatos, a los docentes, a los estudiantes. Se pasó todo el curso pasado Patricia del Pozo en persona recorriendo las provincias reuniéndose con las confederaciones empresariales para diseñar la FP del futuro.

Sin duda las confederaciones empresariales tendrán algo que opinar, pero no pueden ser las que diseñen el futuro de la FP en Andalucía. A mí hubo una reunión que me llamó especialmente la atención. Fue a Málaga y se reunió con la Confederación de Empresarios de Hostelería de la Costa del Sol.

¿Para crear la red pública de FP en la provincia de Málaga van a ser los empresarios de la hostelería, el sector con más temporalidad, más precario de todos los que existen, los que diseñan cuáles son las necesidades de la FP del futuro? Mal vamos si son los empresarios los que diseñan la formación de su futura mano de obra en sectores tan precarizados como en la hostelería, sin opinión de los docentes, de la familia y de los estudiantes. Nos va a salir una FP con el molde de los empresarios, pero desde luego no se atenderán las demandas de la comunidad educativa.