Largas décadas han tenido que pasar para que un secreto a voces del que muy pocos, por miedo, se atrevían a hablar sea desvelado y zanjado oficialmente. El Estado ha resuelto definitivamente que la isla de Benidorm es de su exclusiva propiedad desde tiempo inmemorial y, por tanto, la ocupación y explotación del islote es ilegal, según la resolución del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente comunicada a los interesados en fechas recientes.

Es importante poner el foco en esta cuestión, ya que el Estado considera en esta resolución que el primer ocupante ilegal de la isla es el propio Ayuntamiento de Benidorm, quien conscientemente se habría apropiado y dispuesto por su cuenta del islote para levantar construcciones, mercadear con concesiones, permisos o consentimientos de explotación a terceros desde 1959, en pleno franquismo, hasta nuestros días.

Según consta en el documento de cuatro páginas al que ha tenido acceso en su integridad el diario Público, elaborado por la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, se resuelve que el islote, con una extensión de 5 hectáreas, es propiedad exclusiva del Estado e inscrito convencionalmente en el Registro de la Propiedad de Benidorm el 2 de enero de 1964, con el número de finca 6.896.

La ley del silencio

De poco ha servido la “omertá” reinante en el Ayuntamiento de Benidorm como institución a lo largo de la democracia, ante los requerimientos oficiales de información y documentación sobre la Isla. Diversas instituciones y representantes electos han reconocido a Público las dificultades que impone la actual alcaldía del PP para acceder a información acerca de conflictos, actividades, acuerdos y contratos municipales de Benidorm, en relación con la Isla en particular y con muchos otros casos en general. Pero eso también lo han hecho alcaldes del PSOE.

Ya en 1990 el Ministerio de Hacienda, entonces dirigido por el socialista Carlos Solchaga, pidió ayuda al Ayuntamiento de Benidorm para descubrir quién estaba detrás de “un restaurante operativo en la Isla de Benidorm” y del que la Hacienda pública no tenía constancia de su existencia fiscal. Enviado el preceptivo requerimiento no hubo respuesta, enfadando al Ministerio que reiteró su escrito. Y eso que el alcalde era Manuel Catalán Chana, del PSOE como el ministro de Felipe González. Al cabo de un mes el edil respondió lo que quiso: “no hay apuntes ni solicitud alguna para obras”. (SIC) No le volvieron a preguntar. Un año después llegaría Eduardo Zaplana.

Pregunta de Hacienda y Respuesta del alcalde de Chana

Medio Ambiente inicia la clausura cautelar de la Isla

La importancia de esta resolución del Estado allana el pedregoso camino a la Dirección General de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana -adscrita a Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural- para recuperar el control de la Isla de Benidorm, en tanto que se trata de un enclave de especial protección maltratado dentro del Parque Natural Marítimo Terrestre de Serra Gelada, en la Costa Blanca, cuya singularidad está en peligro a pesar de ser espacio protegido.

Imagen de los vertidos

Un parque protegido creado, no obstante, con posterioridad a la existencia del restaurante, por lo que legalmente había cuestiones jurídicas controvertidas a resolver antes de que la Administración autonómica pudiera intervenir.

Lo que más ha inquietado al nuevo Govern de la Generalitat Valenciana, y en especial al secretario autonómico de Medi Ambient, Julià Álvaro, ha sido tener conocimiento de las graves irregularidades que rodean la explotación de esta isla desde 1967, donde un negocio privado de hostelería, montado sin los preceptivos permisos, ha incumplido durante 50 años todo el catálogo de ilegalidades posibles, según acreditó la Policía Autonómica y reconoció la Guardia Civil. Restaurante sin permisos, carencia de seguros, trabajadores ilegales, ocupación de espacio público, introducción de especies de fauna y flora exóticas, vertidos de aguas negras al entorno marino con grave peligro para la salud, y un sinfín de cosas más que están denunciadas por terceros en la vía judicial.

La resolución ministerial aclara una de las muchas encrucijadas de este caso, que no es otra que establecer quien es ejerce autoridad legítima sobre el islote, y de esta manera despejar la duda acerca de los derechos que pudieran haber podido adquirir sus ocupantes durante este medio siglo de impunidad.

Lo cierto es que ahora, la autoridad que ejerce la Generalitat Valenciana sobre la isla de Benidorm en materia de protección medioambiental, cedida en 2004 por el Estado con la declaración de parque natural, permite que la dirección general de Medi Ambient actué legalmente con un escenario más nítido, tras años de omertá municipal.

Fosa séptica y cañerías del restaurante ilegal de la Isla Benidorm

En estos momentos los departamentos competentes de la Generalitat Valenciana -entre ellos Justicia- trabajan para encontrar la fórmula legal más precisa e inmediata poner coto a los vertidos, poniendo en marcha una acción inminente de clausura cautelar de la actividad del establecimiento, bloqueando de momento toda actividad, canalización e infraestructura que provoque emisiones contaminantes, lo que sin duda impedirá la normal actividad del restaurante ilegal de la familia Cervera.

Asimismo, estos delitos contra el Medio Ambiente serán denunciados por la Generalitat Valenciana ante la Fiscalía correspondiente, según ha sabido Público de fuentes de la administración autonómica, tanto por las investigaciones realizadas por la Policía Autonómica, como las nuevas informaciones, y además serán impuestas sanciones administrativas, algunas de ellas de gravedad.

Un ayuntamiento “okupa”

En este sentido, la situación que describe el Ministerio respecto del Ayuntamiento de Benidorm, la isla y la familia que la explota comercialmente guarda semejanza con casos cotidianos y tipificados protagonizados por grupos delictivos.

Organizaciones criminales que se apropian de un edificio o espacio público -no para resolver desinteresada y solidariamente las carencias ocupacionales de familias sin recursos- sino para mercadear con estos inmuebles alquilándolos o vendiéndolos a terceros, careciendo de todo derecho sobre los mismos, con el fin de obtener un lucro ilícito indefinido. En este caso todo apunta que el arrendatario no pagaba oficialmente por la ilícita concesión y el arrendador municipal tampoco hacía lo necesario para cobrar oficialmente el ilícito canon.Lo interesante de esta resolución ministerial es que no ha surgido como respuesta oficial a una denuncia previa de ninguna asociación o particular, sino como respuesta a la petición presentada en enero de este año 2017 conjuntamente por el Ayuntamiento de Benidorm y el empresario José Cervera, solicitando al Estado lo que paradójicamente ya disfruta; “la concesión de usos de bar y restaurante e instalaciones anexas”, que sería rechazada por el Estado.

Una petición realizada por Cervera justo cuatro semanas después de ser denunciado ante la Fiscalía por la Asociación Costa Blanca Marine, que adjuntaba un demoledor informe de detectives Distrito 46 que acreditaba la ocupación del islote y la supuesta falsedad contable en sus empresas, además de prácticas contrarias al medio ambiente.

Esta resolución recoge la documentación obrante en el expediente de investigación abierto en 2004 por la entonces ministra de Medio Ambiente -la actual presidenta del PSOE Cristina Narbona- atendiendo en aquellas fechas a la denuncia de un empresario náutico de Denia.

Así el Servicio de Costas de Alicante transcribe que “existe un edificio destinado a bar restaurante y almacén con terrazas, aljibes y jaulas para animales, de los que no ha quedado acreditada su legalidad, ni la existencia de ningún título administrativo que ampare la ocupación del dominio público. Esto último también -dice el escrito- es de aplicación al uso y explotación por parte de terceros del embarcadero existente en la isla, que pertenece al Estado desde sus inicios”.
En este sentido y ante la petición conjunta del Ayuntamiento -gobernado por el Partido Popular- y las empresas de Cerbuques SL y Excursiones Marítimas Benidorm, SL, la Dirección General de Costas y del Mar se opuso a sus pretensiones de perseverar en sus actividades ilícitas.

La Isla de Benidorm

Ante la negativa el empresario José Cervera alegó en su descargo los argumentos habituales que ya eran conocidos por la administración central: que “el ayuntamiento [de Benidorm] era titular de los terrenos, que la edificación se construyó de forma legal y que la actividad de restaurante cuenta con autorizaciones pertinentes”. Lo que llama la atención es que en el escrito ministerial no consta que el Ayuntamiento del PP, parte en esta petición conjunta, haya realizado alegación alguna tras la negativa.

Pero no obstante el Ministerio, en cualquier caso, establece que no hay derechos adquiridos por parte de los ocupantes -el Ayuntamiento y Jose Cervera- a pesar de los años como arrendatario, ya que “es imprescindible ser titular de los terrenos donde se realiza la actividad para otorgar la concesión solicitada”. Según la resolución “resulta indiscutible la titularidad estatal de los terrenos, siendo el Ayuntamiento de Benidorm conocedor del hecho. La construcción de la edificación se realiza mediante Acuerdo del Ayuntamiento sobre terrenos de los que no tiene titularidad, como así reconoce su propio inventario de Bienes. El titular de los terrenos raíz de dicha construcción [el Estado] ha abierto diversos procedimientos de usurpación, de deslinde, sancionadores y de investigación, que culminan con el presente expediente de derechos, para depurar la situación legal de las instalaciones”.

Finalmente, la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, a cuyo frente se encuentra la abogada valenciana Raquel Orts, resuelve que “no reconoce al Ayuntamiento de Benidorm ni a las mercantiles Excursiones Marítimas Benidorm SL y Cerbuques, SL el derecho de preferencia para la obtención de concesiones para nuevos usos y aprovechamientos que puedan otorgarse sobre la parcela de terreno afectado [la isla] al no haber quedado acreditada la anterior titularidad de los terrenos en cuestión con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la ley de Costas de 1988”.