Sumar impulsará, en el Congreso de los Diputados, la creación de una Oficina de Prevención de la Corrupción —el nombre que le ha dado el partido— que, en el caso de que reciba el apoyo de la Cámara Baja, trabajará por "la prevención, detección, investigación y erradicación de la corrupción, el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos". La formación ha anunciado el registro de la proposición de ley el mismo día en que el Congreso dará luz verde a la comisión de investigación de la compra de mascarillas durante la pandemia.

El elemento fundamental sobre el que giraría toda la acción del centro es la prevención, tal y como han señalado los diputados de Sumar Íñigo Errjón, Enrique Santiago y Verónica M. Barbero en una rueda de prensa. Por ello, en la proposición de ley, Sumar apunta que creará "un sistema preventivo de alertas tempranas dirigido a detectar irregularidades y malas prácticas administrativas, en el ámbito de la Administración General del Estado y su sector público instrumental".

El partido que lidera Yolanda Díaz divide en tres las funciones más relevantes que tendría la Oficina. La primera es la detección temprana de los eventuales casos de corrupción con la creación de ese sistema preventivo de alertas. La segunda, la elaboración de una Estrategia integral de prevención de la corrupción e impulso de la integridad pública. La tercera, muy vinculada a la segunda, es la elaboración de planes de prevención propios en todas las Administraciones.

La Oficina de Prevención de la Corrupción, de acuerdo con la proposición de ley que ha presentado la formación magenta, tendrá capacidad de investigación sobre todas las "Administraciones públicas, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, empresas o entidades privadas que reciban subvenciones, incluidos partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales".

Además, también se especifica que, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), "todas las Administraciones y las empresas contratantes con la administración deberán de contar con un sistema de prevención de la corrupción en los términos que se desarrollan en la proposición".

El organismo será "independiente" y su presidencia se elegirá en Pleno del Congreso por mayoría de tres quintos. La eventual falta de acuerdo durante un tiempo prolongado de seis meses se resolvería con una votación por mayoría absoluta.

A partir de este punto, Sumar empezará un proceso de negociación con el resto de grupos para lograr la mayoría parlamentaria con la que sacar adelante la proposición de ley, que sustentan en el "amplio consenso social" que existe en cuanto a que la corrupción es "un problema de primer orden" que debe ser "una prioridad política".