BUENOS AIRES.- Los representantes de las víctimas del franquismo van a difundir un comunicado de repudio a la decisión del Consejo de Ministros este viernes, que denegó la solicitud de extradición solicitada por la Justicia argentina de ocho exministros franquistas y de otros doce imputados por delitos de lesa humanidad.

Slepoy "Es increíble que se persigan sistemáticamente los crímenes del terrorismo de ETA, que tiene casi 1.000 víctimas, pero que la política española no reaccione ante los delitos del franquismo"

El ministro de Justicia, Rafael Catalán, había desestimado la extradición de los veinte franquistas –tres de los cuales han fallecido hace poco– acudiendo a tres argumentos: el principio de territorialidad, que concede la competencia de investigar a los tribunales españoles por ser delitos cometidos por ciudadanos de este país en su propio territorio; la prescripción de los crímenes, al haber pasado más de quince años desde que ocurrieron los hechos denunciados; y el principio de la no doble incriminación, es decir, la excusa de que en el Código Penal franquista no estaba tipificado el delito de convalidar y ratificar una condena a muerte.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) desmiente los sofismas del Gobierno al recordar, en primer lugar, que los juzgados y tribunales españoles no gozan de una competencia preeminente para investigar los delitos, puesto que el principio de justicia universal avala a cualquier país para enjuiciar esos crímenes. Es sabido, además, que en España no se están investigando los abusos que cometió la dictadura.

Por otro lado, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y aún más: aunque el Gobierno pretenda soslayarlo, existe el principio de legalidad internacional, consagrado en tratados internacionales, que obliga a cualquier Estado a investigar este tipo de delitos aunque en su legislación interna no estén tipificados.

"Nos vemos obligados a recordar en este sentido que las condenas a muerte firmadas por los ministros franquistas se produjeron después de haberse celebrado juicios farsa, carentes de cualquier tipo de garantía procesal para las víctimas, generadores de absoluta indefensión y cuyas sentencias han sido además declaradas ilegítimas por la Ley de Memoria Histórica", destacan los defensores de las víctimas.

"El Gobierno invoca la Ley de Amnistía cuando esta ley es ilícita desde el punto de vista del derecho internacional", refirió a Público Carlos Slepoy, uno de los máximos referentes en la causa y abogado de las víctimas. "Por si fuera poco, hace alusión a los fusilamientos que acordaron los ministros franquistas y alega que, según la legislación franquista, esto era legal. Lo vergonzoso es que un Gobierno que se dice democrático acuda a este argumento".

Protección a los criminales

El representante de las víctimas subraya cómo el Ejecutivo de Mariano Rajoy no sólo evidencia su protección a los criminales del franquismo, sino que también desprecia las quejas y recomendaciones que han hecho los siguientes organismos de derechos humanos: Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, el Comité Contra la Tortura y el Relator Especial también de Naciones Unidas.

"Es increíble que se persigan sistemáticamente los crímenes del terrorismo de ETA, que tiene casi 1.000 víctimas, pero que la política española no reaccione ante los delitos del franquismo, teniendo en cuenta que no son sólo centenares de miles de víctimas, sino que además es simple y llanamente terrorismo de Estado", sentenció Slepoy.

Por eso, razona el abogado, esto es parte del proceso. "En Argentina, el Gobierno de Carlos Menem y Fernando de la Rúa tenían la misma actitud y denegaron todo tipo de colaboración. Sin embargo, luego se produjeron cambios políticos en el país que permitieron que esta situación se revirtiera".

El letrado considera que con los cambios políticos que habrá en España en breve se podrá avanzar a través del Gobierno central, en las Comunidades Autónomas e incluso con los ayuntamientos. "El mantenimiento de la impunidad de estos crímenes es cada vez más insostenible por la creciente presión social y política", convino Slepoy.

Los abogados de las víctimas presentarán nuevas reclamaciones de imputaciones, y solicitarán a la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora de la causa, que envíe un exhorto para tomar declaraciones a los que ya están imputados, ya sea trasladándose ella a España o por videoconferencias, además de continuar con otros pedidos que incluyen muestras de ADN y exhumación de fosas.