Las siglas de ETA han tenido un hueco importante en la actividad de PP y Vox en el Congreso. Ambos grupos parlamentarios recurrieron a este argumento en más de 300 ocasiones, y lo hicieron a través de iniciativas de todo tipo. El objetivo fue siempre el mismo: atacar al Gobierno de coalición por ajustar la política penitenciaria a la ley ordinaria.

Según ha podido verificar Público, ambas formaciones (hoy inmersas en procesos de negociación para gobernar en distintas autonomías) se valieron de distintos mecanismos parlamentarios para introducir a ETA en los debates y buscar así el desgaste del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez. 

De acuerdo a los datos recogidos en la base de datos del Congreso, los grupos de PP y Vox formularon al menos 316 iniciativas que han girado, de una forma u otra, en torno a la ya desaparecida organización terrorista, cuya extinción se produjo en mayo de 2018. Esas más de 300 acciones de PP y Vox en el Congreso tuvieron lugar a partir de diciembre de 2019, cuando se conformó la legislatura que ahora termina a raíz de la convocatoria de elecciones generales anticipadas. 

El grueso de las iniciativas tomó forma de pregunta escrita al Gobierno. Vox registró al menos 168 preguntas que hacían alusión a ETA, muchas de ellas enfocadas en los acercamientos de presos a cárceles del País Vasco. La ultraderecha (y también el PP) vincularon estas medidas (basadas en la propia legalidad penitenciaria ordinaria) a supuestos acuerdos, cesiones o "beneficios" otorgados a EH Bildu.  

Con la firma de Javier Ortega Smith, el partido ultraderechista preguntó además sobre supuestos contactos entre el Gobierno de coalición y miembros de ETA a partir de 2019, o también sobre supuestas "instrucciones impartidas a los Directores, Subdirectores y Jefes de Servicio de las prisiones españolas para que voten favorablemente en las Juntas de Tratamiento cuando se trata de la progresión en grado de un preso de ETA".

El acuerdo que no existió

El PP también formuló un amplio catálogo de preguntas (alrededor de 50) que giraban en torno a la organización ya desaparecida. Al igual que Vox, formulada en marzo pasado, la formación que ahora dirige Alberto Núñez Feijóo también pidió información en 2021 acerca de un supuesto "acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno que se traduce en el traslado de presos de ETA de forma periódica".

Asimismo, el PP formuló hasta seis proposiciones no de ley en esa línea. Una de ellas, que fue presentada en julio de 2020 y retirada en octubre de ese mismo año, el grupo popular pretendía "instar al Gobierno a la adopción de determinadas acciones para evitar el blanqueo de los crímenes de ETA, el de los presos de la organización terrorista y el de sus herederos políticos".

En otra de las proposiciones, formulada en octubre de 2021, el PP se dirigía al Gobierno a fin de exigirle la "adopción de determinadas acciones para defender el derecho a la memoria democrática de las víctimas de la banda terrorista ETA". 

Ataques a Marlaska

Asimismo, desde diciembre de 2019 se registraron 18 solicitudes de comparecencia de representantes del gobierno en comisión por este tipo de cuestiones. Una de ellas, promovida por el PP, iba dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que informase sobre "los nuevos pasos en la política de beneficios penitenciarios concedidos a los presos terroristas de ETA y su relación con los pactos parlamentarios con EH Bildu".

Marlaska fue precisamente uno de los miembros del Gobierno contra el que PP y Vox dirigieron sus acusaciones. El partido ultraderechista que lidera Santiago Abascal llegó a registrar una iniciativa que buscaba su reprobación "por pactar la política penitenciaria del Gobierno respecto de los presos de la organización terrorista ETA con las formaciones políticas herederas de dicha organización terrorista", algo que resultó ser falso.  

PP y Vox formularon además nueve preguntas orales en pleno y otras cinco preguntas orales en comisión sobre asuntos similares. En cada una de esas preguntas, ambos partidos buscaban atacar al Gobierno en base a unos supuestos pactos con el independentismo vasco.

Vox fue incluso más allá y convirtió este asunto en dos interpelaciones urgentes, una de ellas sobre "las medidas que va a adoptar el Gobierno para impedir que ETA decida la política penitenciaria de España".

"Mundo proetarra"

Por su parte, el PP tampoco ahorró vocabulario a la hora de ejercer acusaciones de ese tipo. "¿Estaba el ministro del Interior al corriente de la existencia de canales soterrados de negociación con representantes del mundo proetarra para programar la concesión de privilegios a los presos de ETA?", fue la fórmula elegida por Jaime Mateu, diputado del PP por Burgos, durante una comparecencia de Marlaska en la comisión de Interior registrada en febrero de 2022.

En aquella ocasión, Mateu otorgó por cuenta propia un papel relevante al ministro del Interior en ese supuesto contubernio entre socialistas y abertzales. "Señor Grande-Marlaska, usted es el representante del presidente Sánchez para llevar a la calle a todos los presos etarras", afirmó. Según consta en el diario de sesiones, alguien le aplaudió.