14 de octubre de 1977. Congreso de los Diputados. Es un día feliz para la izquierda. Estamos en plena transición y se ha conseguido llevar a las Cortes la votación de una Ley de Amnistía que pretende terminar de vaciar las cárceles de presos políticos. La Ley pretendía, sobre todo, ser una llamada al abandono de la vía armada. Todos los grupos parlamentarios están de acuerdo. Todos, menos uno: Alianza Popular. Quien le iba a decir a aquellos presos que la misma ley que sirvió para amnistiarles, serviría para blindar la dictadura franquista. O a los propios diputados que la aprobaron. 

"Operar con el concepto de amnistía, que borra el delito, para hechos atroces de muerte a sangre fría, implacables, proyecta dudas sobre la legitimidad de tales hechos, lo que puede resultar socialmente intolerable y gravemente pernicioso", defendió aquel 14 de octubre en el Congreso el exministro franquista Antonio Carro, que sentenció que la amnistía "no es buena medicina". 

Los argumentos, como el lector puede apreciar, podrían ser formulados hoy día para defender la necesidad de juzgar los crímenes franquistas, de acabar con la impunidad de la dictadura. Sin embargo, aquel 14 de octubre de 1977 fueron empleados por Alianza Popular para justificar su abstención en la aprobación de la Ley de Amnistía. Su grupo, liderado por Manuel Fraga, ni tan siquiera había participado en la elaboración de la misma en la Comisión Parlamentaria.

Así lo atestiguó Jaime Sartorius, diputado del PCE que formó parte de aquella Comisión. "Nadie planteó que la amnistía se ampliara a los delitos cometidos bajo el paraguas y en defensa de la dictadura. En primer lugar, porque Alianza Popular, su legítima heredera, no quiso intervenir en la Comisión (...) En segundo lugar, porque los franquistas no creían que fuera necesario que les amnistiaran por las tropelías que habían cometido", escribió Sartorius, que concluyó que utilizar la Ley de Amnistía para defender la impunidad del franquismo se trata de "una interpretación arbitraria y sin fundamento". 

El  Profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael Escudero, recuerda que, de hecho, fue "UCD, otro de los partidos herederos del franquismo, quien introdujo al final de la tramitación parlamentaria de la ley unas cláusulas que no estaban presentes en sus borradores iniciales: en concreto, las que extienden la amnistía a los delitos cometidos por funcionarios y agentes de orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas (arts. 2.e y 2.f).

La ley, por tanto, no buscaba en su origen convertirse una ley de punto final de una dictadura. La ley buscaba terminar de vaciar las cárceles de aquellas personas que habían luchado contra la dictadura. Punto. Sin embargo, los años pasaron y con la democracia asentada, víctimas de la dictadura y colectivos ciudadanos vieron la oportunidad de acceder a la Justicia de una democracia para pedir explicaciones a los responsables de la dictadura. Una democracia no se podía permitir la impunidad de quienes utilizaron el poder del Estado para torturar, asesinar e imponer el horror a aquellos que no compartieron su forma de pensar. O, al menos, así pensaron las víctimas de la dictadura. Se equivocaron. Esta es la historia de una vergüenza democrática. 

Los poderes del Estado, cómplices

La Ley de Amnistía de 1977 se convirtió pues en la excusa perfecta de los poderes del Estado para rechazar cualquier petición de Justicia por parte de las víctimas. El ejemplo más evidente para Rafael Escudero se dio en la sentencia de 2012 del Tribunal Supremo que rechaza la posibilidad de investigar en sede judicial española los crímenes del franquismo y calificaba la Ley como “pilar básico e insustituible de la transición española” y, a partir de ahí, se la esgrime como argumento central para rechazar toda investigación. 

Pero el Poder Judicial no ha sido el único que ha rechazado investigar los crímenes de la dictadura escudándose en la Ley de Amnistía. Los diferentes gobiernos y parlamentos son responsables de la permanencia de la legislación que permite la impunidad.

Así, por ejemplo, PP, PSOE y CiU rechazaron en 2011 por mayoría absoluta la proposición de ley para modificar la Ley de Amnistía y que no permitiera la impunidad. Más recientemente, el 20 de diciembre de 2016, PP, PSOE y Ciudadanos evitaron en la Comisión de Justicia la modificación de la norma para que estableciera que no se aplicaría a casos de torturas o desapariciones forzadas, ni a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad, tal y como dispone la normativa internacional". 

Pero hay más. El Ministerio Fiscal ha recurrido hasta en tres ocasiones a la Ley de Amnistía para impedir a los jueces españoles colaborar con Ja justicia de Argentina en la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes de la dictadura. Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó en dos ocasiones las solicitudes de extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de derecho internacional. 

La lista continúa y es casi interminable. Más ejemplos. La Fiscalía General del Estado también invocó a la Ley de Amnistía en una orden interna que emitió a los juzgados para amedrentarles y que no colaboraran con las peticiones de auxilio judicial que llegaban desde Argentina. Por no hablar de los discursos parlamentarios. "Cómo podríamos reconciliarnos los que nos estábamos matando si no borrábamos ese pasado para siempre", defendía el parlamentario del PP Jorge Fernández desde la tribuna del Congreso en el año 2011, justo antes de votar en la misma dirección que el PSOE contra la modificación de la Ley. . 

El Ejecutivo de Mariano Rajoy también ha invocado la Ley de Amnistía para justificar la negativa del Estado a juzgar los crímenes franquistas ante diversos organismos internacionales. Y es que hasta cinco organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos han pedido a España su derogación. A saber: Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Desaparición Forzada; y Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación. 

Qué ha dejado atrás la democracia

De esta manera, en el año 2017 los muertos republicanos siguen en las cunetas y sus familiares siguen, como en 1939, esperando verdad, justicia y reparación. Al menos 114.226 desaparecidos siguen en las cunetas del Estado en alrededor de 2.500 fosas comunes aún por exhumar. Tampoco hay ninguna investigación ni ningún responsable por los alrededor de 400.000 presos políticos que fueron utilizados como trabajadores forzados ni sobre las empresas que los emplearon.

Las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y detenciones continúan figurando como delincuentes para la Justicia española, así como los que fueron 'ajusticiados' por los franquistas durante la Guerra y los primeros años de represión. La lista de víctimas es casi infinita. Como los de la comunidad LGTBi, que fueron tratados y reprimidos como enfermos. 

Pero el Estado de español ha mirado hacia otro lado para no ver la impunidad de la dictadura franquista. Y al olvido sistemático, garantizado legalmente por la Ley de Amnistía, se suman declaraciones vergonzantes del Partido Popular. Ejemplos no faltan. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, respondió al periodista Jordi Évole que no tiene "claro que sea cierto" que miles de españoles no sepan dónde están enterrados sus abuelos y que no cree que el Gobierno "pueda hacer nada para arreglarlo". O Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, que dijo en un plató de televisión que "los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones". 

Razones para dejarla sin efecto

Los diferentes organismos internacionales que han pedido a España que deje sin efecto la Ley de Amnistía han enumerado diferentes motivos y vías para sortear el escudo franquista que supone la Ley. La principal: la voluntad política. Es decir, la Ley de Amnistía nunca sería un impedimento si hubiese voluntad política de acabar con la impunidad franquista. 

Pero hay más. La Ley de Amnistía podría ser sorteada, porque los crímenes del franquismo pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad, tal y como señaló el juez Baltasar Garzón y, por tanto, no pueden ser amnistiados por ninguna ley. Asimismo, la Ley contradice, entre otros compromisos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que fue suscrito por España el 30 de abril de 1977. Este compromiso señala en su artículo 15 que aquellas personas que cometieron actos delictivos conforme a "los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional" pueden ser juzgados y condenados aunque sus actos no fueran delito según el derecho nacional en el momento en el que se cometieron. 

Asimismo, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, en su informe sobre España que "nada en la Ley de Amnistía vigente impide expresamente el desarrollo de investigaciones" por los crímenes de la dictadura. De esta manera, el Relator Especial de la ONU señala que el artículo sexto de esta Ley establece que "la amnistía determinará en general la extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer con carácter principal o accesorio". Por tanto, se puede juzgar, conocer y después, amnistiar. Por contra, la práctica en el Estado español ha sido la contraria: archivar toda denuncia sin investigar los hechos alegando a la Ley de Amnistía.

Por último, también está la vía judicial. Decía el juez Grande Marlaska en una entrevista concedida a ETB que los jueces no podían hacer nada para investigar los crímenes de la dictadura porque había una Ley de Amnistía que había sido aprobada por las Cortes españolas y que, por tanto, se trataba de una ley que mostraba la voluntad de la ciudadanía en cuanto a cuerpo representado. El caso de Argentina, sin embargo, muestra que hay otro camino posible: el de unos jueces capaces de hacer frente a una injusticia manifiesta.

Así, la ley de punto final de Argentina también fue votada por un Parlamento democrático, pero eso no impidió a jueces de primera instancia, primero, y a la Corte Suprema, después, declarar la nulidad de la misma conforme a leyes de Derecho Internacional. El Parlamento argentino también señaló que la propia ley era indigna para una nación democrática y la retiró. España no es el primer país con una dictadura sangrienta a sus espaldas. Pero sí puede pasar a la historia como el país que prefirió convertirse en refugio de criminales antes que investigar los crímenes sucedidos en el territorio estatal. 

Propuesta para que sea modificada

El miércoles 18 de octubre se presentan en el Congreso dos iniciativas surgidas de colectivos memorialistas y víctimas de la dictadura y que ha pasado por el intergrupo parlamentario sobre Memoria Histórica que han creado los diferentes grupos. Las iniciativas pretenden modificar la Ley de Amnistía para dejar negro sobre blanco que no puede ser aplicada en casos de crímenes de lesa humanidad.

Por otro lado, también se pretende la incorporación del Principio de Legalidad Internacional al Código Penal español. Las dos buscan acabar con la impunidad del franquismo. Las fuentes consultadas por Público para conocer la suerte de estas iniciativas coinciden al 100%. "PP y Ciudadanos votarán no. La pelota está en el tejado del PSOE. Veremos hasta qué punto es nuevo este PSOE", señalan a este medio fuentes jurídicas próximas a la elaboración de la iniciativa.