La ONU saca los colores a España: "Es urgente un plan de búsqueda de personas desaparecidas"

"Consternado" y "preocupado". Así se muestra el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarios de la ONU, que visitó España en 2013, en el informe de este año tras comprobar cómo el Gobierno de Mariano Rajoy no ha cumplido con prácticamente ninguna de sus recomendaciones. Concretamente, el informe arranca con las siguientes palabras: "El Grupo de Trabajo lamenta observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones realizadas posteriormente a su visita en septiembre de 2013".

A partir de este párrafo inicial, el Grupo de Trabajo detalla una larga lista de incumplimientos o de medidas del Gobierno que son más que insuficientes. Así, el organismo señala como "especialmente preocupante" que la mayoría de las recomendaciones fundamentales para que los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura puedan investigar la suerte y el paradero de sus seres queridos, tener acceso a la verdad, a la justicia y a reparaciones no han sido plenamente implementadas, y que hasta la fecha los familiares están librados a su propia suerte". 

"Hasta la fecha el Estado español no ha actuado con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas"

"Hasta la fecha el Estado español no ha actuado con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas  (...) El

Grupo de Trabajo reitera la urgencia acerca de la adopción de un plan nacional de búsqueda

de personas desaparecidas,", denuncia el organismo, que asegura sentirse "consternado" por el hecho de que hasta la fecha no se haya velado por garantizar el acceso a la Justicia de las víctimas de desapariciones forzadas durante el franquismo y la dictadura. 

Constantes obstrucciones a Argentina

El Grupo de Trabajo de la ONU también se muestra "preocupado"  por la información sobre "constantes obstrucciones" al procedimiento judicial abierto en Argentina que investiga los crímenes del franquismo y de la Guerra Civil como presuntos crímenes de lesa humanidad y/o genocidio. Asimismo, el texto anima a España a colaborar con la causa que Amnistía Internacional ha conseguido abrir en México y que investiga el caso de un bebé robado: "Representa otra oportunidad para que España preste y fortalezca el auxilio judicial". 

Falta de información

El organismo de la ONU también lamenta en diversos casos que el Gobierno de Rajoy no haya aportado la información requerida sobre la implementación de determinadas recomendaciones de la ONU. Es el caso de la petición de la ONU de crear un Banco Nacional de ADN que sea eficaz en la búsqueda de personas desaparecidas o de la petición de la ONU de una ley de acceso a la información y de un marco legislativo apropiado sobre archivos para garantizar el acceso público a los mismos. 

Sin Comisión de la Verdad

El informe del Grupo de Trabajo también lamenta la contestación que otorga el Ejecutivo a la petición de crear una Comisión de la Verdad en España. En este sentido, el organismo supranacional dice que "lamenta" que el Gobierno entienda la Comisión de la Verdad como "una investigación histórica". El informe señala que mucho más que esto, la Comisión se refiere al "derecho a conocer los progresos y resultados de una investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y las circunstancias de la desaparición, así como la identidad del autor o los autores de la desaparición". 

Valle de los Caídos

El Grupo de Trabajo de la ONU recomendó a España en su momento retirar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco y convertir el lugar en un museo de la memoria similar al que acoge en la actualidad la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA). Sin embargo, el informe de este año lamenta una vez más que el Ejecutivo "no haya indicado las medidas concretas para llevar a cabo las recomendaciones" del Grupo. 

90 días para contestar

El Grupo de Trabajo finaliza su informe con la invitación al Gobierno de España para contestar en un plazo de 90 días desde el 7 de septiembre, fecha en la que fue emitido el informe, con un "cronograma actualizado" en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones aún pendientes.