El dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, indicando que el Estado vulneró los derechos políticos de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull al suspenderlos como diputados en el Parlament cuando no había ninguna condena contra ellos, ha rearmado al independentismo, que considera que el Gobierno tiene que dar una "respuesta política". Y esta fundamentalmente debería pasar por acabar con la "causa general contra el independentismo" a través de una "amnistía" y también por hacer posible el ejercicio del derecho de autodeterminación de Catalunya.

Así lo han afirmado este viernes los exconsellers Romeva y Rull desde Barcelona, en una rueda de prensa que también ha contado con la participación desde Ginebra (Suiza) del abogado Nico Krisch, que es quien ha representado a los cuatro dirigentes de ERC y Junts ante la ONU. Paralelamente, Rull y Romeva haN subrayado que la resolución del organismo internacional les da "munición" para las diversas batallas jurídicas abiertas en la causa contra el 1-O. Se han referido tanto a sus propios recursos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) -con sede en Estrasburgo- contra las condenas por sedición que les impuso el Tribunal Supremo, como a los procesos en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) -ubicado en Luxemburgo-, que afecta más directamente a dirigentes como el expresident Carles Puigdemont, exiliado en Bruselas. 

Romeva ha dicho que se trata "de una victoria moral y política, pero no solo eso" y cree que es "un paso adelante en el camino hacia el TEDH". Y ha reclamado a España que reaccione. El dirigente de ERC ha destacado que la resolución "no es una sorpresa", porque "hace tiempo que insistimos en que cuando superáramos el ámbito legal español encontraríamos derecho y justicia". En este sentido, ha añadido que en el Estado español no ha habido "respeto por la separación de poderes", ya que, a su juicio, han sufrido "una clara injerencia del poder judicial en el marco legislativo" y una "clara desproporcionalidad" en sentencias judiciales tomadas con "objetivos políticos".

El Gobierno "estudiará" el texto

Rull, por su parte, ha afirmado que la resolución es "legalmente vinculante", aunque admite que es "poco optimista" con que el Estado español mueva pieza en los próximos 180 días, que es el plazo que establece el dictamen para que se informe de los pasos que se han dado para garantizar que un caso como éste no vuelva a repetirse. El dirigente de Junts ha comentado también que el Comité de Derechos Humanos de la ONU "hace referencia a que nuestro procesamiento por rebelión no tenía ningún fundamento. No había violencia, no había ningún levantamiento armado y, por tanto, habernos procesado por un delito que comportaba violencia es un fraude de ley rotundo". Precisamente era la imputación por rebelión lo que permitió suspenderlos como diputados en julio del 2018 pese a no estar condenados. Finalmente, en octubre de 2019 el Supremo le condenaría por sedición. 

Este mismo viernes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha matizado que el texto de la ONU "no es vinculante", pero que el ejecutivo español "lo estudiará" y se ha mostrado abierto a introducir cambios. Además, ha defendido que lo importante "es que ya estamos en una nueva etapa en Catalunya de diálogo, de acuerdos, de superación del conflicto" en la que se hace "política de verdad, útil para superar esa etapa absolutamente pésima en la historia de nuestro país que no llevó a ninguna parte".

"España debe acabar con la estrategia de opresión"

Como ya indicó hace dos días en Público, Nico Krisch ha comentado que el Estado debe realizar cambios legales para garantizar que no se vuelva a repetir una violación de derechos políticos como esta. "El comité no puede forzar a hacerlo, pero cada paso de no cumplimiento pone a España fuera de la familia de las democracias liberales", ha remarcado el abogado, quien también ha señalado que no cumplir el dictamen comportará "problemas de reputación importantes " en el Estado en la ONU.

Además, el letrado ha declarado que la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU es "importante" de cara a los procesos en tribunales internacionales, tanto por los casos de extradición como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "España debe terminar la estrategia de opresión", ha remachado. El dictamen de la ONU establece que la suspensión de Junqueras, Romeva, Rull y Turull como diputados supuso una "restricción injustificada" al derecho que tienen a todos los ciudadanos a ser elegidos para cargos públicos, que establece el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por España.