El IB-Salut, el organismo dependiente del Govern balear que centralizó la comunicación con la empresa Solución de gestión y apoyo a empresas, S.L, vinculada al caso Koldo, contactó hasta dos veces, en 2023, con dicha compañía en el proceso de reclamación de una parte del dinero que se les había pagado en 2020. Según ha podido comprobar Público, estas comunicaciones tuvieron lugar después de comprobar, a través de análisis, que las mascarillas que habían adquirido no correspondían con la calidad contratada. Así, exigió a la empresa que se le devolvieran algo más de 2,6 millones de euros de los 3,7 que se había pagado por las mascarillas.

La primera comunicación de reclamación tiene fecha el 20 de marzo de 2023. El asunto que encabeza la misiva lleva por título "Incumplimiento requisitos mascarilla tipo FFP2". Se lo remite el IB-Salut a la empresa. Fundamentalmente, se le dice que "al haberse detectado que las mascarillas suministradas en el marco del contrato SSCC EM 226/20 [...] no cumplen con los requerimientos técnicos de las mascarillas FFP2 [...] se procederá a tomar las medidas oportunas".

Las fuentes consultadas apuntan que antes de esa primera comunicación de reclamación por escrito —posterior, por supuesto, a todos los contactos telefónicos y online que se produjeron durante la contratación—, ya se avisó vía telefónica a la empresa de que los análisis realizados confirmaban que las mascarillas no cumplían los requisitos pertinentes. 

La siguiente comunicación por escrito de la que tiene constancia este medio entre ambos actores —el IB-Salut y la empresa— se dio en sentido contrario el 24 de marzo. En este caso, la compañía responde al IB-Salut rechazando todo cuanto se le comunicaba en el primer contacto. La empresa vinculada a la trama Koldo esgrime que las mascarillas contratadas correspondían a la categoría KN95 y no a la categoría FFP2, como sostenía el Govern y mantienen las fuentes consultadas de aquel equipo.

La empresa también responde que, una vez llegaron las mascarillas, la Administración balear dio conformidad a la mercancía recibida y que no encuentra admisible que se le haga una reclamación casi tres años después de la entrega de las mascarillas.

Fuentes del entorno de Armengol señalan que, efectivamente, se dio conformidad, en 2020, a la recepción del paquete de mascarillas, pero que no era más que un "acuse de recibo" sin entrar al detalle sobre si las mascarillas estaban correctas o no. En cuanto a la demora a la hora de proceder a la reclamación, algo que también le afea el Partido Popular a la presidenta del Congreso, Iago Negueruela, persona de la máxima confianza de Armengol y exconseller balear de Trabajo, Comercio e Industria, concreta que la reclamación se retrasó por la gran carga de trabajo del IB-Salut durante la pandemia. 

El Govern que dirigió Armengol apunta, como contó Público, que el hecho de que se almacenaran las mascarillas incluso cuando muchas de ellas hubieron caducado en 2022 constituiría una demostración de que, mucho antes de esa primera comunicación de reclamación en marzo de 2023, el IB-Salut ya pretendía iniciar los procesos. Las mascarillas se habrían guardado para aportarlas como prueba.

Después de ese primer contacto y la respuesta de la empresa, llega una tercera comunicación, el 6 de julio de 2023, que las fuentes del Govern que dirigió Armengol califican como determinante. Es la Propuesta de inicio de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato. Ahí, el IB-Salut le dice a la compañía que se "propone la tramitación del pertinente expediente de resolución contractual parcial" para que se indemnice al IB-Salut con la suma de 2.626.584,40 euros.

¿Por qué es esa la suma? Porque, según se explica en el documento, es la diferencia entre el precio que se pagaba por las mascarillas quirúrgicas —la calificación que, tal y como apuntan las fuentes consultadas, los análisis dieron a las mascarillas recibidas— y el que se pagaba por unas mascarillas FFP2, las que, según el Govern, habían contratado. 

Discrepancia entre mascarillas FFP2 y KN95

El punto clave de la discusión por escrito que mantienen el IB-Salut y la empresa tiene que ver, por tanto, con la clase de mascarilla que el Govern balear sostenía que había pedido y el que, finalmente, recibió. El Govern insistía en que lo que se había pedido era una mascarilla FFP2 y que los análisis determinaban que ninguno de los cinco tipos de mascarillas que recibieron (casi un millón y medio en total) cumplía con las características requeridas. La compañía, en cambio, sostenía, según la misiva que ha podido consultar este medio, que lo que se acordó fue una transacción de mascarillas KN95.

Público ha podido acceder al albarán del pedido y al de la recepción de las mascarillas y en el apartado de "Material", donde figuran los objetos que se reciben y algunas de sus características, se especifica que son "Mascarillas de protección facial FFP2 KN95 de uso domiciliario".

En su comparecencia pública este martes, día 5 de marzo, en el Congreso, Armengol, que no aparece en el sumario de la trama, pero cuya gestión sí investigará la Fiscalía Europea, ha insistido en que el hecho de que se reclamara a la empresa vinculada al caso Koldo el dinero correspondiente desterraría cualquier sombra de duda sobre su gestión. Por el momento, eso sí, no se ha resuelto una de las cuestiones que más intrigas está despertando: cómo fue esa primera comunicación vía telefónica entre empresa y Govern balear.