No hay sesiones de control al Gobierno desde el 26 de abril. La función de control al Ejecutivo es una de las principales labores de las Cortes Generales. Sin embargo, la actual situación de interinidad del mismo ha interrumpido los mecanismos que permiten esa vigilancia y debate. El asunto tiene particular relevancia por el excepcional peso internacional del que goza, hoy por hoy, Pedro Sánchez ―y el Gobierno en general―, que se encuentra en plena presidencia del Consejo de la UE.

La actividad exterior del Ejecutivo ha escalado al ritmo que lo ha hecho el conflicto entre Israel y Palestina. Pedro Sánchez y el ministro de Exteriores español en funciones, José Manuel Albares, se mantienen en contacto con sus homólogos en distintos países para explorar vías de alivio del conflicto desde el 7 de octubre. Ese día el grupo terrorista Hamás llevó a cabo un ataque inesperado y mortífero en tierra israelí y, posteriormente, el Gobierno de Israel, liderado por Benjamín Netanyahu, respondió de la forma más cruda posible.

Son dos factores ―la presidencia del Consejo de la UE y la escalada de la violencia en la Franja de Gaza, además de la guerra en Ucrania― que exigen protagonismo al Gobierno español en la esfera global. Su actuación, en caso de que el Congreso estuviera funcionando a pleno pulmón, podría ser objeto de preguntas orales por parte de los diputados tanto en plenos, como en comisiones. Actualmente, los parlamentarios pueden remitir preguntas por la vía escrita y el Gobierno tiene la obligación de atenderlas y responder.

Por el momento, tampoco están constituidas las Comisiones Permanentes Legislativas, entre ellas, la de Exteriores, donde probablemente el Ejecutivo tendría que dar cuenta de su papel en las relaciones internacionales desencadenadas con la el conflicto entre Israel y Hamás. Y no solo eso. Acuerdos como el que ha impulsado Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica en funciones, para la reforma del mercado de la electricidad en la UE también serían susceptibles de de ello. En ese caso, sería la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico la que entraría en juego. 

El Partido Popular escenificó su incomodidad el pasado viernes. Su portavoz en el Congreso y secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, encabezó un acto frente al Congreso, rodeada de 90 diputados de la formación, para exigir a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que reactive las sesiones de control del Gobierno, publique un calendario de plenos, constituya las comisiones y reanude la Junta de Portavoces, que solo se ha reunido una vez en lo que llevamos de legislatura.

Fue para convocar el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Previsiblemente, volverá a reunirse para convocar el de Sánchez. "Es una injustificable parálisis institucional", insisten los populares. Sin embargo, el Senado, con mayoría popular, tampoco ha llevado a cabo, por el momento, ninguna sesión de control.

El Congreso se defiende

La realidad es que el Congreso no está "cerrado", como han dado a entender los miembros del PP. Está abierto, se producen reuniones más o menos semanales de la Mesa de la Cámara y, a partir de este miércoles, fuentes parlamentarias ya han anunciado que se estrenarán las comisiones del Estatuto del Diputado y de Peticiones. Según ha podido saber Público, Armengol no se plantea constituir las comisiones permanentes antes del debate de investidura de Pedro Sánchez.

El PP ha llegado a pedir una comparecencia de José Manuel Albares y de Fernando Grande-Marlaska, ministro del interior en funciones, para que informen sobre la "crisis migratoria", el primero, y sobre "lo que está ocurriendo en Oriente Próximo", el segundo.

Fuentes parlamentarias conocedoras de la postura del equipo de la presidenta defienden su actuación con la ley en la mano y citan el punto tres del Título IV de Ley del Gobierno, que resume la labor del Ejecutivo en funciones: facilitar la formación del nuevo Gobierno y "el traspaso de poderes al mismo", limitando su gestión "al despacho ordinario de los asuntos públicos", salvo en casos de urgencia.

Por eso, entienden que los esfuerzos de la Cámara, por el momento, más que en controlar esas funciones limitadas, tienen que dedicarse a que el actual candidato ―"igual que se hizo con Feijóo, aunque su investidura tenía menos posibilidades que la de Pedro Sáncez", deslizan― tenga todas las facilidades para lograr ser investido. 

Dos lecturas de la sentencia del TC

Fuentes del Partido Popular resumen su postura así: "En 2016, el PSOE llevó la falta de control al Ejecutivo, mientras Mariano Rajoy presidía el Gobierno en funciones, al Tribunal Constitucional". Los jueces dieron la razón al PSOE, por lo que el Partido Popular exige que se "aplique el mismo criterio y la decisión del TC". Sin embargo, fuentes parlamentarias próximas a Armengol hacen una lectura distinta. 

Matizan que lo que dice la sentencia era que el hecho de que un Gobierno esté en funciones "no impide la función de control". La sentencia del TC apunta que esa "función de control habrá de adecuarse a la propia situación del Gobierno en funciones", no especificando de qué tipo. El entorno de Armengol entiende, además, que la situación es distinta a la que vivía el país en 2016, con Rajoy, que llegó a estar 10 meses en funciones. Nunca había durado tanto un período de inestabilidad institucional. La situación de Sánchez se resolverá, como tarde, el 27 de noviembre.