La emergencia sanitaria del coronavirus ha puesto a prueba la capacidad de gestión de las administraciones a todos los niveles territoriales. La respuesta de las instituciones a la pandemia es fruto de una acción compartida entre el Gobierno central y las comunidades autónomas donde, tras la entrada en vigor del estado de alarma, el Ejecutivo ha centralizado gran parte de las actuaciones y decisiones, pero las autonomías siguen siendo imprescindibles a la hora de paliar la emergencia sanitaria y de recabar la información de sus respectivos territorios.

Desde que se tomaron las primeras medidas más drásticas (el decreto del estado de alarma, el confinamiento general...) el Gobierno ha defendido que se ha seguido "el máximo nivel de coordinación" con los territorios, y los ministerios que lideran la respuesta a la pandemia (Sanidad, Interior, Defensa y Movilidad y Transportes) mantienen contactos permanentes con las diferentes consejerías autonómicas.

Sin embargo, a lo largo de la emergencia sanitaria se han dado algunos síntomas de que esta coordinación y unidad frente a la pandemia ha sufrido fisuras en determinados momentos. Existen casos más estables y constantes en el tiempo que apuntan a estos síntomas, como es el de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, insiste en sus críticas al Gobierno por la adquisición y el reparto de material sanitario; además, en los últimos días ha habido cruce de reproches entre los ejecutivos autonómico y central sobre la falta de información y explicaciones que Ayuso y Sánchez han ofrecido a sus respectivos parlamentos.

Existen también casos más puntuales, que no han trascendido como un choque entre gobiernos continuado en el tiempo, pero donde se han producido críticas y reproches. El ejemplo más relevante es el de Euskadi, cuando el lehendakari Iñigo Urkullu mostró su disconformidad con el decreto aprobado por el Gobierno que contenía el denominado permiso retribuido recuperable, que de facto paralizaba todos los sectores no esenciales de la economía, un periodo que ha visto su fin este lunes.

Desde el PNV llegaron a señalar que el Ejecutivo no estaba proporcionando información "de manera bilateral como debiera" al lehendakari, una crítica que extendieron incluso a las reuniones que mantiene Sánchez con todos los presidentes autonómicos. Cuando se decretó el estado de alarma, también el presidente de la Generalitat, Quim Torra, mostró rechazo ante la "recentralización de competencias" que a su juicio suponía el nuevo escenario.

Pese a las críticas y tensiones entre el Ejecutivo de Sánchez y algunos gobiernos autonómicos, su trascendencia no ha sido notable, y no ha pasado de determinadas declaraciones en los medios. Sin embargo, el PP ha encontrado un foro que podría poner a prueba la imagen de unidad entre las administraciones: el Senado.

Los de Pablo Casado han logrado forzar un debate el 30 de abril en la Comisión General de las Comunidades Autónomas para evaluar la gestión y la coordinación frente a la covid-19. La suma de los votos de los conservadores y del PNV en el Mesa de la Cámara Alta permitió la aprobación de esta petición, y este jueves la Mesa de la comisión (donde hay una mayoría socialista) le ha puesto fecha.

De un "debate constructivo" a un "cruce de reproches"

El Gobierno no está obligado a comparecer en el órgano del Senado, que tiene la particularidad de ser la única comisión parlamentaria que reúne a los partidos (a través de sus senadores), a los gobiernos autonómicos y al Ejecutivo central. Sin embargo, el Grupo Socialista ha avanzado que ellos también se sumarán a la petición de que haya representación por parte del Gobierno; lo que no se conoce de momento es si acudirá Sánchez o alguno de sus ministros.

Desde la entrada del Congreso en servicios mínimos a raíz de la pandemia, los de Casado se volcaron en reclamar que el Gobierno se sometiera al control de la oposición y trataron de forzar debates con el Ejecutivo en los diferentes foros parlamentarios (las sesiones de control al Gobierno se recuperaron en la Cámara Baja el pasado miércoles, después de ser suspendidas para garantizar la protección de diputados y trabajadores frente al virus).

El PSOE ha pedido ya que el debate se celebre de una forma sosegada y que se procure su utilidad para mejorar la coordinación y gestión de la emergencia sanitaria. Fuentes socialistas advierten de que el PP podría estar buscando "otro debate bronco cargado de reproches y de insultos, como ha hecho en el Congreso, donde en vez de aportar críticas constructivas y tender la mano para luchar contra el coronavirus se ha dedicado la mayoría de las veces a seguir la estrategia de la ultraderecha de cuanto peor, mejor".

En esta sesión no solo está en juego el contenido (mejorar la coordinación y dar respuestas tras un debate de diferentes propuestas), sino también la imagen de unidad que el Gobierno y una parte de las comunidades han defendido desde la irrupción de la emergencia. La Comisión de Sanidad del Congreso ha sido testigo de tensiones y reproches que el PP ha puesto en boca de algunas autonomías.

En las comparecencias que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha protagonizado, los portavoces del Grupo Popular han insistido en varias ocasiones en el descontento de algunas autonomías gobernadas por los de Casado con la gestión del Ejecutivo central. El ministro siempre ha defendido esta coordinación y ha trasladado una imagen de unidad (incluso se ha llegado a reprochar por parte del Gobierno que determinadas comunidades se mostraban satisfechas en las reuniones privadas entre territorios y luego mostraban descontento a través de los medios o en otros foros).

También son frecuentes las advertencias de Josune Gorospe, portavoz del PNV en la Comisión de Sanidad del Congreso, a Illa sobre la recentralización de competencias. Tan frecuentes como los rechazos del ministro al asunto de la recentralización y su defensa de la coordinación con las comunidades.

En el Senado, Gobierno y autonomías tendrán la posibilidad de debatir públicamente estas cuestiones, por lo que la sesión supondrá de facto una prueba para la imagen de unidad y coordinación entre las administraciones. La Comisión General de las Comunidades Autónomas representa, al menos sobre el papel, la vocación de Cámara territorial del Senado. Está por ver si el debate sirve para articular propuestas e intercambiar posiciones desde la experiencia de los territorios, o se convierte en otro cruce de reproches que atiende exclusivamente a la dinámica de los partidos políticos.