El choque entre el Gobierno y sus socios con Junts a cuenta de la ley de amnistía tiene una serie de efectos colaterales que indirectamente pueden poner en peligro la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2024 y el despliegue de políticas sociales. Todavía es pronto para saber cuáles van a ser las consecuencias reales de la votación fallida de este martes para la legislatura, pero algunas complicaciones, las relacionadas con el calendario y los plazos, ya son una realidad.

La misma semana en la que el Congreso ha rechazado aprobar de manera definitiva esta norma, arrancan las negociaciones presupuestarias entre las dos formaciones que constituyen el Gobierno de coalición progresista, PSOE y Sumar.

El calendario que manejaba el Ministerio de Hacienda en un principio contemplaba llevar el proyecto presupuestario al Consejo de Ministros en marzo (previo pacto entre los de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz) para remitirlo al Congreso de los Diputados en marzo o abril.

Sin embargo, el choque por la ley de amnistía pone en riesgo los plazos previstos. Tras su fracaso en el Pleno, la ley será devuelta a la Comisión de Justicia, donde estará, como mínimo, entre 15 días y un mes. Durante este tiempo, todos los focos estarán puestos en esta norma y en el intento entre el PSOE y Junts por resolver sus desencuentros. 

En este escenario, se antoja como prácticamente imposible que el Gobierno pueda cerrar los apoyos del partido independentista a los Presupuestos mientras persiste el choque por la ley de amnistía, una norma que tiene la capacidad de poner en solfa la legislatura si no obtiene el consenso de las dos partes (fue el acuerdo que permitió que Junts apoyara la investidura de Sánchez).

Una negociación frenada

Por este motivo, es probable que la negociación presupuestaria se frene durante un mes (aunque la intención de PSOE y de Sumar es la de seguir avanzando en la mesa de negociación abierta en el seno del Gobierno).

Los de Díaz ya le han remitido a los socialistas un documento con sus propuestas; más allá de medidas presupuestarias concretas (fiscalidad, gastos e ingresos, partidas, etc), Sumar plantea en esta negociación dar cumplimiento y desplegar algunos de los acuerdos recogidos en el pacto de coalición rubricado entre ambas formaciones.

Entre las políticas que se quieren implementar aprovechando la aprobación de unas nuevas cuentas está la ampliación de 16 a 20 semanas del permiso de maternidad y paternidad, y la remuneración de cuatro de las ocho semanas del permiso de cuidados que entró en vigor en el verano del pasado año.

Sumar también quiere aumentar la inversión en dependencia, empezar a reducir las listas de la Atención Primaria, o desplegar una prestación universal por crianza de 100 euros hasta los seis años. Los de Díaz incluyen estas medidas en la negociación de los PGE porque, aunque no son políticas relacionadas directamente con las cuentas, tienen un importante impacto presupuestario por su coste.

En las filas socialistas se han esforzado este miércoles, con la votación de la amnistía aún caliente, en desligar el choque con Junts del futuro de la legislatura y de los propios PGE. Un puñado de ministros del Gobierno han realizado entrevistas en radios y televisiones para transmitir ese mensaje. Por un lado, de tranquilidad. Por otro, de que nada está decidido pese al varapalo parlamentario inesperado.

Los Presupuestos del 2023 ya están prorrogados

Concretamente, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que "cada cosa a su tiempo". Moncloa señala que todavía es pronto para dibujar escenarios futuros.

"Tenemos que dejar que las cosas se asienten. La velocidad política va a un ritmo que muchas veces cuesta saber cómo se va a adaptar el siguiente movimiento, vamos a esperar un poco. Nuestra voluntad es de diálogo, siempre lo ha sido así y por tanto estamos dispuestos a seguir trabajando como veníamos haciéndolo para aprobar esas cuentas públicas", ha afirmado Montero.

Fuentes de Hacienda recuerdan que las cuentas públicas ya están prorrogadas desde el 1 de enero. Es decir, que la votación de Junts en contra de la amnistía no va a desembocar en una prórroga presupuestaria porque esta ya está en vigor. En todo caso, lo que podría ocurrir es que no se pudieran aprobar unos nuevos PGE.

Estas mismas fuentes insisten en que el objetivo prioritario, su plan A, es hacerlo tal y como estaba previsto. Las negociaciones se llevan en conversaciones paralelas pese a que desde Junts ya avisaron este miércoles que sin amnistía el PSOE estaría incumpliendo el acuerdo global de investidura.

La semana pasada, de hecho, el Gobierno transmitía el mensaje de que su horizonte está en el mes de marzo para que los PGE lleguen al Consejo de Ministros. Es decir, hay margen de tiempo. Pero asumen también que esta nueva situación puede retrasar el calendario. La intención de Hacienda es asegurar, antes de esa primera aprobación, que el resto de grupos apoyan. Al menos conseguir un preacuerdo.

Hay incertidumbre sobre la posibilidad de desplegar medidas como la ampliación de los permisos de cuidados en el marco de los Presupuestos actuales y sus partidas. Además, el hecho de cerrar la posibilidad de negociar las cuentas cerraría de manera indirecta la negociación de estas políticas, que Sumar ha decidido vincular a los PGE por su impacto económico. En un mes se verán las consecuencias y los daños colaterales reales del choque por la ley de amnistía.