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Cinco vocales del CGPJ denuncian que los cambios en el CGPJ del nuevo presidente son "contrarios a Derecho" 

Consejeros progresistas y conservadores claman en un voto particular contra la remodelación de Vicente Guilarte en la Comisión Permanente, el núcleo ejecutivo del CGPJ.

Primer pleno de Vicente Guilarte como presidente suplente del CGPJ, el martes 25 de julio.
Primer pleno de Vicente Guilarte como presidente suplente del CGPJ, el martes 25 de julio. CGPJ

Cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --tanto conservadores como progresistas-- han denunciado en un voto particular, al que ha accedido Público, que la remodelación de las comisiones Permanente y Disciplinaria llevada a cabo por el nuevo presidente suplente, Vicente Guilarte, es "manifiestamente contraria a Derecho", por lo que han advertido de que podría afectar a la validez de las decisiones que adopten. 

Así lo manifiestan los vocales Álvaro Cuesta y Clara Martínez de Careaga (sector progresista) y Juan Martínez Mora, Juan Manuel Fernández y Nuria Díaz Abad (bloque conservador) en un voto particular respecto a la votación del pleno de este martes, en la toma de posesión de Vicente Guilarte como nuevo presidente suplente del CGPJ. 

Los firmantes denuncian, "el trasvase de miembros" de la Comisión Disciplinaria a la Permanente. Esta es la cúpula del Consejo, el núcleo ejecutivo del mismo, donde los siete integrantes son los únicos que perciben una retribución por la dedicación exclusiva, 130.000 euros brutos al año. 

Invocan los firmantes, cuatro de ellos sustituidos en la Comisión Permanente por otros vocales propuestos por Guilarte, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para aducir que la Comisión Disciplinaria, adonde han sido destinados ahora, funciona como un "tribunal" con un mandato de cinco años, mientras que la Permanente debe renovarse anualmente para que todos los vocales del CGPJ puedan pasar por ella, excepto los integrantes de la Disciplinaria. 

Esto es precisamente lo que se aprobó en el pleno, cuando operó un trasvase de los vocales de la Disciplinaria a la Comisión Permanente.

En este sentido, los firmantes recuerdan una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, en la que se "reconoce que la integración de un miembro de la Comisión Disciplinaria en la Comisión Permanente resulta cuando menos dudosa". 

Por ello, estos cinco vocales votaron en contra del acuerdo del pasado martes, al considerar que "es manifiestamente contrario a Derecho, lo que puede afectar a la validez de todos los acuerdos que en el futuro adopten tanto la Comisión Permanente como la Comisión Disciplinaria". 

Álvaro Cuesta (progresista) y los conservadores Martínez Moya, Fernández y Díaz han salido de la Comisión Permanente y han entrado las progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas y las conservadoras Carmen Llombart y Ángeles Carmona, manteniéndose únicamente Sepúlveda y José Antonio Ballestero de la anterior Permanente.

"Falta de transparencia"

Reprochan a Guilarte, englobado en el sector conservador, que no haya respetado "la claridad y transparencia debidas" al no haber incluido la remodelación de las comisiones como "punto expreso" del orden del día, aportando los documentos necesarios para que el conjunto del pleno pudiera estudiar el asunto con antelación, como es costumbre. 

Dicen que "nada de esto ocurrió". "Los vocales que firmamos este voto particular ni siquiera fuimos consultados previamente sobre nuestro parecer o preferencias, como se hizo en ocasiones anteriores", claman. 

También señalan que "esta nueva composición de las comisiones legales resulta cuando menos sorpresiva" porque cuando el anterior presidente suplente, Rafael Mozo, llegó al cargo, el pasado 13 de octubre, el pleno decidió no tocar ninguna comisión salvo la de Asuntos Económicos, para incluir en ella al siguiente vocal del turno judicial de mayor edad. 

Argumentan que "la claridad y transparencia debidas exigían haber incluido en el orden del día como punto específico el relativo a dejar sin efecto dicho acuerdo", el del 13 de octubre de 2022, y, al no hacerlo, reprochan que se hizo "inoperante la debida colegialidad, que es la esencia de este órgano constitucional". 

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