La sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado definitivamente la causa abierta en 2015 contra Público y su redactora Patricia López por publicar una grabación entre el comisario José Manuel Villarejo Pérez y Javier de la Rosa, en la que el 'agente encubierto' se hacía pasar por el abogado Manuel Villar y aseguraba al ex financiero que solucionaría sus problemas judiciales y económicos a cambio de información para elaborar el informe Pujol. 

El auto asegura que la redactora no intervino el teléfono de los interlocutores -en contra de lo que sostenía el comisario-, y que "la periodista tenía razones fundadas para creer que la grabación no procedía de un acto ilícito de terceros". Por lo que, "no cuestionado el interés periodístico de la información que se difundió, estimamos que las circunstancias concurrentes en el caso apuntaban a que la grabación no era ilícita por proceder de una de las personas intervinientes en la conversación, por lo que desde la perspectiva del derecho penal resulta evidente que su difusión encontraba justificación en el ejercicio del derecho a la libertad de información, que constituye uno de los pilares del Estado de Derecho". 

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera el auto "no sólo una buena noticia para la periodista o su medio, sino para la libertad de información. Es un nuevo respaldo judicial a las filtraciones periodísticas, algo que, a juicio de la Plataforma, es relevante y merece ser destacado, no sólo por este caso, sino por la permanente campaña de criminalización de la que vienen siendo objeto las informaciones cuya fuente es una filtración anónima, creando confusiones interesadas sobre su supuesta ilicitud".

Análisis del teléfono de la periodista

Aunque el caso ya había sido archivado por el juzgado de instrucción nº51, el comisario Villarejo quería conseguir con su recurso que se analizaran "las llamadas telefónicas de la investigada (...) al objeto de verificar si en el terminal de la investigada obraban llamadas emitidas o recibidas que tuvieran vinculación con la grabación ilícita”.

Pero la Audiencia confirma lo ya sentenciado por el juzgado de instrucción número 51, que en su auto de archivo aseguraba que: “Parece de todo punto descartable que doña Patricia interceptara la comunicación, desde luego no hay indicio alguno que apunte a esa modalidad delictiva. Por el contrario, resulta creíble la investigada cuando sostiene que recibió la misma en la sede del periódico donde trabaja y de su declaración, plenamente convincente a juicio de esta instructora, se desprende que es verosímil que creyera que no se trataba de una interceptación ilícita (presupuesto éste exigido por el tipo que nos ocupa), argumentando convincentemente los indicios que tenía de que la grabación había sido realizada por una de las dos personas que participaban en la conversación. Relató las comprobaciones que hizo para corroborar ese extremo y cómo concretamente el denunciante no le dio respuesta”.

Además añade que “tras valorar las declaraciones prestadas y lo convincente de cada una de ellas, no se considera que haya indicios suficientes de delito”.