Interior empleó a cuatro confidentes condenados por delitos económicos en informes de la Operación Cataluña

MADRID-. Tajante, dolido pero con mucha energía e información. Así se presenta el dueño de la ex agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, que fue desmantelada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en 2013, bajo unas acusaciones sobre supuestas investigaciones ilegales que el tiempo ha demostrado falsas.

"Llevo cuatro años investigando a este grupo, todas sus actuaciones, y no cejaré de investigar hasta que me pidan perdón públicamente las personas que me metieron en todo este operativo y me detuvieron por algo que yo no había realizado ilegalmente, como fue la grabación de La Camarga. Igual que ellos me intentaron destrozar públicamente, no pararé hasta que ellos me pidan perdón".

Cuando Francisco Marco fue detenido en 2013 y su empresa familiar dedicada a la investigación privada quedó destruida, sus empleados Antonio Tamarit y Julián Peribáñez, llevaban ya algún tiempo facilitándole información a Antonio Giménez Raso, un ex compañero de trabajo, policía en segunda actividad, que estuvo en prisión preventiva por colaborar presuntamente con una red de narcotráfico, aunque al final fue absuelto.

Socio del comisario José Manuel Villarejo, Giménez Raso –alias El Bigotes– se hacía pasar por Andrés García, agente de la UDEF, y era el presunto suministrador de fondos reservados a los detectives, para pagarles informes de una supuesta "unidad de inteligencia" inexistente y con la que se pretendía abrir procedimientos contra la familia del expresident Jordi Pujol y otros políticos catalanes. 

En ese momento la UDEF la dirigía el comisario catalán José Luis Olivera, y sus estrechas relaciones con el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y con la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y su esposo, Ignacio López del Hierro, hicieron de la unidad que él dirigía la canalizadora de las primeras informaciones de este supuesto grupo de inteligencia que dieron lugar al apócrifo informe Pujol. 

El propio comisario José Manuel Villarejo relata en diferentes notas informativas que la información que él obtenía, valiéndose de sus empresas privadas y sus identidades ficticias –nunca bajo supervisión judicial–, las trasladaba a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que comandaba el ya jubilado Eugenio Pino, "para que después fuera procesada por la UDEF", aseguran diferentes fuentes policiales y judiciales. 

Entre estas informaciones tóxicas estaría la utilización de "al menos seis confidentes, de los que cuatro están con condenas firmes por delitos como falsedad documental, apropiación indebida, malversación y estafa", asegura a Público el empresario Paco Marco.

François de Seroux fue uno de los clientes de la agencia de detectives Método 3. Empresario francés afincado en Suiza, llegó a España estando procesado por estafa y apropiación indebida. En 2014, cuando Tamarit y Peribáñez ya están presuntamente cobrando de los fondos reservados de la mano de Giménez Raso y Villarejo, la UDEF de Olivera se pone en contacto con él, afirmando que sabe que tiene información sobre los negocios de diferentes políticos catalanes.

"Un día le llaman desde la UDEF de Madrid y quedan en ir a verle cinco policías –explica Francisco Marco a Público–. Primero se reúnen con él en el hotel Majestic y después en un piso alquilado. Hace manifestaciones sobre varias personas, cree que las está realizando sin formato de denuncia y de repente explotan en prensa todas estas declaraciones".

En concreto, esas personas fueron Jordi Pujol Ferrusola, el hermano de Felip Puig –de quienes De Seroux supuestamente conocía delitos cometidos en Panamá en verano 2014– y el propio Francisco Marco, a quien involucra "en una operación para intentar que él no pusiese esa denuncia" ante la Policía. "Él creía que lo que estaba haciendo era un informe de inteligencia para la Policía Nacional pero luego se convirtió en una denuncia contra varias personas, entre otros contra mí", explica Marco.

Como ya pasó en 2013 con las informaciones que le facilitaron Javier de la Rosa y Victoria Álvarez al comisario Villarejo –mientras éste operaba bajo diferentes identidades ficticias– las confidencias que este empresario suizo hace a la UDEF y la inexistente "unidad de inteligencia policial" aparecen publicadas en prensa.

Dice Francisco Marco que, al leer la supuesta denuncia de Seroux a la UDEF, "me entrevisté con él y me reconoció que todo era falso. Me reveló que las reuniones se celebraron en el hotel Majestic y en una oficina, pero jamás en dependencias policiales. Y él mismo subrayó que eso en cualquier país del mundo sería ilegal".

Se lo preguntó claramente, reitera el exdirector de Método 3: "¿Has cometido falso testimonio?" Y literalmente el empresario contestó: "Absolutamente". Este empresario explicó además que cuando le fueron a ver la Policía ya le había investigado: "Lo sabían todo de mi". Él estaba en una situación comprometida y le ofrecieron ayuda.

Francisco Marco ya denunció estos hechos ante un juzgado, pero "se archivó. Ahora –explica– he puesto una denuncia contra él por falso testimonio y contra los policías que redactaron ese atestado, por falsedad documental y detención ilegal".

"Como dijo el comisario Villarejo en el Juzgado de Instrucción 2 [de Madrid, en el caso Nicolás], 'una cosa es la inteligencia y otra cómo se judicializa a través de la UDEF'. Y los que aparecieron para hablar con Seroux eran de la UDEF", continúa Marco.

Francisco Marco recibió en julio de 2015 "una comunicación de la novia de Peribáñez que quería contactar" con él: "Me envió 800 páginas de whatsapps [que demuestran la colaboración entre sus exempleados y la Policía] y en agosto me entrevisté con ella en Miami. En septiembre puse una denuncia ante los Mossos contra Peribáñez y Tamarit y otro de los confidentes de la Operación Cataluña, François de Seroux".

Añade Marco que en esa denuncia puso "en conocimiento de la Justicia las relaciones que tienen esos exempleados con Antonio Giménez Raso" –a quien no denunció–. "Y pedí que fuera un juzgado el que determinase la implicación de cada uno de ellos. Lo que es obvio es que en los whatsapp aparece una relación de mis dos exempleados con este señor".

La denuncia fue desestimada por "la imposibilidad de realizar una investigación prospectiva para establecer cómo y cuándo se pagan fondos reservados". Frente a ese sobreseimiento provisional se ha planteado una reapertura de la causa aportando las notas informativas del comisario Villarejo, "en las que reconoce claramente que se está utilizando a detectives privados, pagados con fondos reservados, para efectuar seguimientos a políticos y a mandos de los Mossos d'Esquadra".

Marco solicita también al juzgado que llame a declarar al comisario Villarejo, al comisario Marcelino Martín Blas y a Antonio Giménez Raso, como testigos. Sus declaraciones deberían aclarar "si esos empleados míos estaban cobrando de los fondos reservados para, como ellos definen en sus whatsapp, realizar un plan de acción, que luego llamarán 'plan de trabajo pagado', para ir contra mí".