La Junta de Andalucía ingresó hasta noviembre de 2020 unos 58 millones de euros menos –de 128 millones a 70– que en el mismo periodo del año anterior de la tasa que aplica a los juegos de suerte, envite o azar. La cifra supone un descenso del 44,7%, muy por encima de la caída general de la recaudación, del 5%, según los últimos datos oficiales disponibles.  Además de los efectos negativos de la pandemia, los fuertes beneficios fiscales otorgados por el Ejecutivo andaluz explican este desplome.

El sector de los juegos de azar y apuestas –fundamentalmente casinos, bingos y máquinas tragaperras– ha sido uno a los que el Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos que preside Juanma Moreno, –al igual que han hecho otras CCAA, como por templo Aragón, gobernada por el PSOE, aunque en menor intensidad– ha venido favoreciendo en estos tiempos complicados.

La exención, "como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus", en la cuota trimestral para las tragaperras fue del 100% entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados y del 50% entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre pasados.

Mientras trabaja en una actualización de la normativa sobre locales de juego, la Consejería de Hacienda ha decidido pleitear –a instancias de la patronal del juego, como ha sucedido en Cádiz– con los alcaldes que tratan de afrontar el problema de la cercanía de estos establecimientos a colegios y lugares de ocio de los niños.

Recursos judiciales

Estos recursos judiciales –que el consejero Juan Bravo argumenta que se ponen porque el juego es de la competencia autonómica y no municipal– han preocupado a las asociaciones que luchan contra la ludopatía y han causado la reacción de la oposición. Tanto el PSOE como Unidas Podemos han rechazado esos recursos y han instado al Gobierno a afrontar el problema. Martina Velarde, secretaria general de Podemos en Andalucía, ha acusado al Ejecutivo de haber perdonado millones de euros en tributos.

La proliferación de locales de apuestas en barrios obreros de toda la Comunidad ha hecho saltar las alarmas de la izquierda, que considera que genera problemas de ludopatía y que sirve para engañar a la gente con el "cuento liberal", como lo han llamado en una PNL presentada por Adelante Andalucía y aprobada en el Parlamento de Andalucía, en la que se insta al Ejecutivo de Moreno a tomar medidas.

El negocio del juego privado movió en la Comunidad, según los últimos datos disponibles –los de 2019–, 2.200 millones de euros. De ellos, la gran mayoría, más de 1.600 millones, se gastaron en las máquinas tragaperras; otros 150 millones se dedicaron a las apuestas; 220 a los casinos, y 240 a los bingos, incluidos los electrónicos. De esos 2.200, se devolvieron a los jugadores 581 millones, según la estadística oficial. Desde el año 2014, el volumen de gasto en estas actividades no ha dejado de aumentar año tras año.