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Alberto Casero y Tito Berni cobrarán 12.500 y 10.000 euros tras renunciar a sus escaños y pese a estar imputados

Los exdiputados popular y socialista percibirán estas indemnizaciones por cese de actividad en el Congreso. La renuncia de cada uno está motivada por estar envueltos en escándalos de corrupción.

Imágenes combinadas de los exdiputados Alberto Casero y Juan Bernardo Fuentes Curbelo
Imágenes combinadas de los exdiputados Alberto Casero y Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Europa Press / EFE

Los diputados Alberto Casero y Bernardo Fuentes Curbelo (Tito Berni) percibirán 12.500 y 10.000 respectivamente por cese de actividad como diputados en el Congreso. Tanto el popular como el socialista cobrarán esta indemnización a pesar de estar imputados. Ambos abandonaron sus escaños tras ser acusados de corrupción.

No obstante, han solicitado la indemnización que prevé el reglamento de pensiones y prestaciones económicas a exparlamentarios. Según el diario El País, Casero recibirá 12.500 euros y Fuentes Curbelo, 10.000 euros. Los servicios de la Cámara Baja han dado el visto bueno a estas cuantías.

Así lo establece la norma mencionada en su artículo 12, que recoge que "quienes hayan sido miembros de las Cortes Generales y cesen en dicha condición tendrán derecho a una indemnización por cese", sin establecer ningún tipo de límite relacionado con estar implicado en algún escándalo de corrupción y que de ello se derive el abandono del acta en el Congreso o el Senado.

El exdiputado del PP está procesado por el Tribunal Supremo por los delitos de prevaricación y malversación sobre posibles irregularidades en cinco contratos durante su mandato como alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018. Mientras, el socialista está envuelto en una trama de presuntas mordidas y extorsiones a empresarios del sector ganadero y alimentario en Canarias.

Esta indemnización, sin embargo, no cabe en el caso de que el representante renuncie a su escaño y perciba otras retribuciones (públicas o privadas). Así fue el caso de Teodoro García Egea, que también dejó su acta y regresó al sector privado.

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