La jueza instructora de la Operación Pokémon ha citado a declarar el próximo lunes como imputados por un supuesto delito de cohecho al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), y a José Luis Baltar Pumar, expresidente de la Diputación de Ourense y del PP en esta provincia, que también está imputado por un delito previo de prevaricación. También está citado, pero en calidad de testigo, el presidente de la Diputación de A Coruña y secretario general del PP en esta provincia, Diego Calvo.

Estas declaraciones se enmarcan en una lista de 18 imputados por un delito de cohecho en el marco de la pieza número 2 separada del sumario sobre las actividades investigadas del Grupo Vendex. Han sido citados para el día 30 en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, a las que suman otros tres testigos, entre los que se incluye el también presidente de la Diputación de A Coruña.

En la providencia dictada este lunes por la instructora, cita a declarar como imputados de nuevo a los directivos de Vendex Gervasio Rodríguez Acosta y José María Tutor, que esta jornada se acogieron a su derecho a no declarar ante Pilar de Lara Cifuentes. A ellos se suman los que fueron delegados de la compañía en Ourense Adrián Cordero, y Santiago Alberto Quintana, así como el que fue responsable de la ORA en Lugo Manuel Reguera.

La lista de 18 imputados citados a declarar el próximo lunes la integran también el exedil del BNG en Ourense Fernando Varela, que dimitió tras ser imputado; así como el exregidor ourensano Francisco Rodríguez y el exjefe de la Policía Municipal Álvaro Abelardo Ulloa Pardo.

En la lista de políticos citados como imputados también está el teniente de alcalde de A Coruña y portavoz municipal, Julio Flores, así como el exedil coruñés del Bloque Xoán Xosé Martínez Cajigal y el concejal socialista José Nogueira; a los que se suma Ángel Espadas, el exjefe de gabinete del exregidor compostelano Gerardo Conde Roa.

Si bien entre los imputados citados para el próximo lunes se incluye José Luis Baltar, coincide que ese mismo día arranca, precisamente, el juicio oral contra éste, acusado de un delito de prevaricación por la supuesta contratación irregular de 104 personas en la institución que dirigió hasta enero de 2012, y que está previsto que se celebre entre los días 30 de junio y primeros de julio.

En la misma providencia de este 23 de junio, la jueza instructora cita a declarar en calidad de testigos al presidente de la Diputación de A Coruña, así como a otras dos personas, María Sol F.E. y Manuel A.V.

También requiere que se sume a la pieza otro informe relativo a pagos efectuados a políticos y funcionarios por parte del responsable del grupo Vendex en Ourense y un informe atestado por supuestos delitos de cohecho y blanqueo.

En la misma providencia, la jueza pide que se una a la causa un informe de Vigilancia Aduanera ampliatorio sobre el exfuncionario del Ayuntamiento herculino Eduardo Aceña.

Sobre éste, en una segunda providencia dictada este lunes, la jueza requiere a la Agencia Viajes Matogrande, de A Coruña, que facilite a funcionarios de Vigilancia Aduanera 'toda la información y documentación relativa a los viajes que se hayan gestionado a nombre de Eduardo Aceña y/o Celia Baldomir, tanto nacionales como internacionales, durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012, incluidos en su caso, los datos y documentos relativos a los hoteles y otros gastos que hayan sido reservados y pagados a través de la misma'.

La jueza instructora ha formado una pieza separada concreta, la número dos, enmarcada en la Operación Pokémon relativa a la investigación de las actividades supuestamente delictivas cometidas en relación a las empresas del Grupo Vendex en Galicia, en la que hay sobre medio centenar de imputados.

En el auto por el que comunicaba la formación de la pieza número 2, que aglutina lo relativo a actividades del Grupo Vendex, De Lara indica que los hechos investigados 'podrían ser constitutivas de delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales'.

La Operación Pokémon supera el centenar de supuestos implicados en esta instrucción judicial que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años. En el epicentro se sitúan las empresas del grupo Vendex, cuyas actividades se investigan en esta pieza separada, aunque también la concesionaria del servicio de aguas Aquagest centra otras ramas de esta investigación, entre otras empresas salpicadas.

Desde que la operación estalló el 20 de septiembre de 2012 con la detención de los entonces alcaldes de Ourense, Francisco Rodríguez (PSdeG); y de Boqueixón, Adolfo Gacio (PPdeG); y del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, la Operación Pokémon ha salpicado a otros gobiernos locales de las ciudades más importantes de Galicia.

Así, están imputados en esta operación los regidores de Lugo, José López Orozco (PSdeG), y Santiago, Ángel Currás (PP), aunque este último ya ha presentado su dimisión y está a la espera de ser relevado por Agustín Hernández. En la capital de Galicia fueron imputados varios ediles que ya han renunciado, así como el concejal socialista Bernardino Rama, mano derecha del exregidor Xosé Sánchez Bugallo. Por su parte, en A Coruña ya estaba imputado el teniente de alcalde, Julio Flores (PP), así como el concejal socialista José Nogueira.

Aparte de los políticos y técnicos salpicados en estos ayuntamientos, también permanece imputado el alcalde de O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes (PP), y se ha recabado información de la concesión de servicios públicos en otros múltiples consistorios como los de Ortigueira, Marín, Ponte Caldelas o Arzúa, entre otros, así como otros de Catalunya y Asturias.

En otros ayuntamientos más pequeños, como Ordes, también declaró como imputada la concejal de Educación y teniente de alcalde, Silvia Marín, del grupo independiente Unión por Ordes. En Cospeito, Manuel Pico Yáñez, que había sido elegido en la lista del PSdeG, fue llamado como imputado por su condición de empresario. Poco después de prestar declaración ante la jueza, presentó su dimisión Fernando Varela, que era concejal del BNG en el Ayuntamiento de Ourense.

La Pokémon también acabó por salpicar a Paula Prado, diputada autonómica que presentó su dimisión como portavoz del PPdeG tras meses de revelaciones sobre las investigaciones de las que fue objeto, aunque formalmente no ha sido imputada y declaró en calidad de testigo.

Dentro de la propia macroinvestigación de la Pokémon se han subdividido algunas operaciones como la Manga, que se centró en Santiago y en la que acabó imputado el exalcalde Gerardo Conde Roa, o la Pikachu, nombre con el cual fue bautizada la rama que investiga las concesiones en A Coruña.