La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado al exconseller de Solidaridad y diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, a la pena de ocho años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por malversar con ayudas destinadas a proyectos de cooperación en Nicaragua.

Así consta en el fallo de la sentencia dictada por el tribunal valenciano en relación con la primera pieza del caso Cooperación, en la que se investigaban presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Consellería a la Fundación Cyes en el año 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil del considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni.

Rafael Blasco mantuvo su inocencia a lo largo de toda la instrucción y hasta el último día del juicio, en el que hizo uso de su última palabra para defender que 'siempre' había estado al lado de la ley, y criticó que la Generalitat valenciana le acusase —acusación particular— cuando 'siempre' le defendió y avaló su gestión.

Junto a Blasco, el tribunal ha condenado a Tauroni a la pena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación; y a la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuán a 7 años, seis meses y un día de cárcel. Así mismo, el exsubsecretario de la Conselleria Alexandre Català cumplirá 4 años, seis meses y un día de cárcel; al igual que el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares.

Por su parte, la condena para el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, es de tres años de cárcel; al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, de 4 años de prisión; y para una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás, tres años y seis meses. El único de los procesados que no tiene pena de cárcel es el ex director general Josep María Felip, a quien se le han impuesto siete añosa de inhabilitación.

El exconseller de Solidaridad ha renunciado a su escaño en Les Corts Valencianes. El portavoz del PP en la cámara, Jorge Bellver, había manifestado hoy que Blasco 'debería devolver' su acta de diputado tras su condena por el caso Cooperación, a pesar de que esta todavía no es firme.

Bellver se ha pronunciado así sobre la condena a Blasco por el Tribunal Superior de Justicia valenciano a ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad, en el denominado caso cooperación.

El portavoz popular ha afirmado que, aunque esa sentencia no es firme y se puede recurrir, entienden que, dentro de los criterios que está aplicando el PP 'en este caso ya el señor Blasco debería devolver su acta'.

Bellver ha manifestado su 'respeto absoluto a las decisiones de la justicia', y ha reivindicado la actuación 'contundente' del Gobierno valenciano en este caso, consistente en la aplicación y el 'cumplimiento estricto de la ley, y colaboración desde el primer momento con ella'.

Representantes de la Coordinadora valenciana de ONGD, concentrados ante el Tribunal Superior de Justicia, han acogido hoy con abrazos, vítores y pancartas que pedían justicia la sentencia del caso Cooperación que condena a todos los imputados, incluido el exconseller Rafael Blasco.

La coordinadora, que ha ejercido la acusación particular en el caso del desvío de las ayudas de la Generalitat a la cooperación internacional, ha reclamado la restitución de los fondos 'que nunca deberían haber salido del objetivo de salvar a las personas más vulnerables del planeta'.

Las ONG reclaman la restitución de los fondos

El presidente de la coordinadora, Fernando Contreras, ha reclamado al president de la Generalitat, Alberto Fabra, que adopte un compromiso público en la sede de Les Corts Valencianes para restituir esos fondos y que vayan 'realmente' para apoyar a los más pobres, 'no para pagar la deuda pública de la Generalitat'.

'Pedimos apoyo incondicional a la cooperación al desarrollo como parte de una política pública fundamental de un Estado moderno y solidario', ha explicado Contreras, quien ha asegurado que van a seguir trabajando en esta cuestión.

La Fiscalía Anticorrupción solicitaba hasta 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para Rafael Blasco. Por su parte, la Generalitat, personada como acusación particular, reclamaba hasta once años y medio de cárcel para el exconseller, mientras que el PSPV pedía 15. Para el resto de acusados, la petición de Fiscalía oscilaba entre los cuatro y los 13 años, mientras que las otras acusaciones reclamaban entre cuatro años y medio y once de prisión.