Unas 150.000 personas siguen desaparecidas después de la Guerra Civil y la represión franquista posterior. Existen aún 2.000 fosas comunes dispersas por territorio español y unos 30.000 niños robados desconocen a día de hoy su origen. Son las cifras que han llevado a varios eurodiputados a demandar la creación de una Comisión de la Verdad en España al Parlamento Europeo. Junto con varias asociaciones de víctimas, han registrado su reclamación ante el Comité de Peticiones de la Eurocámara.

'Es una obligación para la Unión Europea solicite a España que investigue y repare crímenes de guerra', ha exigido el eurodiputado de IU Willy Meyer, firmante de la petición. Espera una respuesta 'satisfactoria' por parte de la cámara, aunque ha reconocido que seguramente habrá que esperar a la próxima legislatura. Se trata de un tema 'complicado' para que lo resuelva el Parlamento actual, que se enfrenta en algo más de dos meses a las elecciones.

Luis Naranjo, director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, espera que la iniciativa consiga que la UE 'perciba los crímenes del franquismo como lo hace con los de la antigua Yugoslavia o la Alemania nazi'. El director es el único representante de una institución pública que ha acudido al acto. Ha recordado que el Estado 'tiene que asumir el deber de la memoria' y no puede derivarlo a las asociaciones y familias. La Junta de Andalucía asumía ayer la exhumación de 11 fosas comunes en la región. Naranjo ha insistido en que estas intervenciones deberían servir para promover una Comisión de la Verdad que cuente 'con el respaldo del Estado'. La exigencia se centra en que el gobierno de España reescriba una versión oficial de lo que sucedió 'y la socialice', con el objetivo de desbancar 'los mitos franquistas que hoy siguen vigentes'.

Una de esas víctimas que se han desplazado hasta Bruselas para pedir justicia es Remedios Gómez. Ayer contaba en Público su historia: con cuatro años vio cómo su padre y su hermano mayor desaparecían. Los sublevados los detuvieron la noche del 20 de julio de 1936 y los fusilaron pocos días después. A Remedios le parece 'vergonzoso' que todavía no se haya puesto en marcha una Comisión de la Verdad que se encargue de encontrar a los desaparecidos: 'todo son declaraciones, papeles y reuniones de pasillos, pero a la hora de la verdad seguimos sin saber nada'. A sus 81 años, ya no puede 'hacer milagros' y aunque admite que es difícil que encuentre a sus familiares, todavía alberga una 'ilusión' por que sus derechos se cumplan.

La falta de apoyos del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las víctimas ha llevado a las asociaciones por la memoria histórica a recabar el apoyo de las instituciones europeas. 'España es el único país de la Unión Europea que no ha hecho una revisión histórica de estos hechos', ha señalado el eurodiputado de ICV, Raül Romeva, que ha recordado que 'sin justicia hay un grave riesgo de repetir ciertos fenómenos'. Ha llamado a europeizar el problema: 'si el nazismo es un problema europeo, con el franquismo tampoco debería haber dudas'.

Para encontrar la única causa abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo hay que desplazarse hasta Argentina. El portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, Jordi Gordon, ha denunciado que España 'ha cerrado todas las vías', obligando a las víctimas a desplazarse a otros países. Reclama el establecimiento de la comisión para que 'deje de haber dos tipos de víctimas, las que tienen todos los derechos y las que no tienen ninguno'.

Paqui Maqueda, portavoz de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía es una de esas víctimas que han cruzado el Atlántico para exigir la verdad. Denunció en Buenos Aires la muerte de su bisabuelo Juan Rodríguez Tirado, asesinado hace 77 años. Ha acusado a las instituciones españolas de tratar con 'frialdad' a las víctimas y se ha reafirmado en su propósito: 'llegaremos hasta donde haga falta para que nos consideren como las víctimas que somos'.

Que todavía no exista una Comisión de la Verdad en España, 'es inexplicable', ha exclamado otro de los eurodiputados que firman la petición, el socialista Vicente Garcés. Según el político, la UE ha tratado el problema de las víctimas como un tema 'secundario' porque quienes son contrarios a que se sepa la verdad ocupan puestos de responsabilidad en el gobierno español.

Rosa Moreno Carranza, de 76 años, es otra de las víctimas que han llegado hasta Bruselas en busca de justicia. Cuenta emocionada que se va con 'un poquito de esperanza' de cara a la creación de una Comisión de la Verdad. 'Se trata de pedir perdón, sencillamente, nosotros no queremos más guerras', declara. Rosa perdió a su padre, a su tío y a su abuelo después de la Guerra Civil. De su padre y de su tío no tiene nada, 'ni un papel que me diga dónde los mataron'. Siente mucha impotencia por el silencio con el que responden las autoridades españolas a sus reclamaciones, pero no está dispuesta a rendirse: 'luché en la resistencia a Franco, no voy a parar hasta que se cierren las heridas, aunque sea lo último que haga'.

Para algunas de las víctimas, Europa tiene una deuda con España. Así lo considera el portavoz de la Plataforma Contra la Impunidad del franquismo, Julián Rebollo: '700.000 personas cruzaron la frontera con Europa y muchos de ellos lucharon contra los nazis'. Como su tío, que fue capturado y murió en el campo de concentración de Mauthausen. Rebollo estima que la UE 'debe pronunciarse claramente' sobre los crímenes. La Plataforma ha celebrado ya 400 manifestaciones en la Puerta del Sol y continúa convocándolas cada jueves.

Ernesto Caballero tenía cuatro años cuando terminó la Guerra Civil y se encontró con una 'represión brutal'. Su padre, alcalde republicano de su pueblo natal, Villanueva de Córdoba, fue asesinado en 1947, después de pasar ocho años detenido. También sufrieron la guerra sus tíos, que pasaron 7 y 15 años en la cárcel, o su madre, que fue detenida en varias ocasiones. Él mismo fue encarcelado en 1960 y pasó seis años en prisión. Defiende los derechos de aquellos que no participaron en la guerra pero lucharon contra la dictadura.

A las cifras se suman las miles de familias víctimas de los casos de niños robados. El portavoz de la Coordinadora Estatal x24 de niños robados, Paco Tena, ha reiterado que 'se trata de un asunto actual y de Estado' y que los delitos como los cometidos durante el franquismo 'no prescriben'. Ha acentuado que una de las causas por las que no se afronta el problema es que 'la población sigue advirtiendo una ideología franquista en las instituciones, que siguen poniendo trabas'. Tena ha clamado que muchas de las familias siguen luchando solas a la hora de intentar encontrar a los niños secuestrados durante el franquismo. Ha contado el caso de una mujer que después de buscar durante 32 años a su hijo, 'se ha encontrado con alguien a quien no conoce'.

Los responsables son, en gran medida, el Ministerio de Justicia y la Iglesia Católica, sugiere Tena, por la falta de ayudas a las familias que buscan a sus hijos. Los acuerdos con la Santa Sede impiden el acceso a los documentos eclesiásticos, que según Tena podrían resolver muchos casos. Pero además ha hecho un llamamiento a aquellas familias que poseen documentos que puedan ayudar a esclarecer secuestros, a que no los entreguen al ministerio, que ha empezado a recabar información. Cree que las instituciones están actuando en contra de las familias y ha manifestado que uno de los indicios es el 'casual' incendio de un archivo en las Palmas de Gran Canaria el pasado 4 de febrero.