Los sindicatos CSI-F, CCOO, UGT y STAJ han acordado esta mañana dar luz verde a la 'contestación social' y 'medidas de presión' contra la decisión del Ministerio de Justicia de privatizar el Registro Civil al entregar su gestión al Colegio de Registradores, tal y como anunció la semana pasada el decano, Gonzalo Aguilera, al resto de colegiados tras una reunión con el Departamento de Alberto Ruiz-Gallardón.

Según las organizaciones, la privatización de los registros supone un 'despilfarro de medios materiales (más de 182 millones de euros), de experiencia y formación de los funcionarios de Justicia o del potencial' de ese personal, que además, alertan, se expone a que los 'concursos de traslados' se vean afectados, a 'despidos de interinos y movilidad forzosa de titulares, a amortización de plazas, restricción de la promoción interna, devaluación de sus funciones o pérdida de características esenciales'.

El CSI-F (sindicato mayoritario en el sector de la Justicia) ha informado en una nota sobre la reunión de las organizaciones, que en un primer paso, ha hecho 'hoy un llamamiento al conjunto de los trabajadores del Registro Civil para impedir in extremis que el Ministerio de Justicia lleve al Consejo de Ministros la privatización del Registro Civil'. Además, los sindicatos pretenden 'intensificar de manera progresiva las medidas de presión a lo largo de los próximos días', incluyendo concentraciones todos los jueves frente a las puertas de los registros civiles de toda España.

El CSI-F ha pedido una 'reunión urgente' con los responsables del Ministerio para abordar este asunto, aunque aún no han obtenido respuesta. Mientras ésta no se produzca, aseguran las organizaciones, las medidas se ejecutarán 'con toda la contundencia y la fuerza que nos da nuestra representación entre los funcionarios de Justicia', porque los empleados públicos, advierten, 'no están dispuestos a asistir como convidados de piedra a una nueva maniobra del ministro de Justicia que supone la mercantilización de su puesto de trabajo'.

Los sindicatos quieren hacer extensiva la protesta a la sociedad civil, 'en todos los ámbitos'. Para ello, han iniciado contactos con el conjunto de los operadores judiciales (asociaciones de jueces, fiscales, abogados o secretarios judiciales) y con los grupos parlamentarios. En este sentido, el CSI-F engloba en su estrategia de movilización la pregunta que mañana jueves, el PSOE trasladará al ministro Ruiz-Gallardón, instándole a responder 'si le queda algún recorte por efectuar en los derechos y libertades de los ciudadanos'.

Los sindicatos quieren promover también la oposición de los alcaldes al proyecto de Gallardón, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el PP en la persona del alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. Las organizaciones recurren a los entes municipales al entender que 'esta privatización puede dejar a los ciudadanos de los municipios más pequeños sin el servicio de registro que se presta a través de los Juzgados de Paz'. Una campaña informativa y de concienciación dirigida a los ciudadanos constituye otra pata de la movilización sindical.

Por último, el sindicato ha pedido en una carta al decano del Colegio de Registradores que 'rechace' el plan de Gallardón porque la asunción de competencias está condicionada a la 'financiación pública, la existencia de consenso parlamentario y consenso social sobre el nuevo modelo', algo que, según las organizaciones, 'no existe, en gran parte, porque el Ministerio de Justicia no se ha dignado a contestar a las propuestas alternativas presentadas' presentadas por sindicatos y organizaciones.