Carlos del Castillo y Alejandro López de Miguel
Periodistas

La nueva filtración de Wikileaks, con dos documentos en los que los la CIA instruye a sus agentes sobre cómo saltarse los controles de inmigración en los aeropuertos de todo el mundo cuando viajen bajo identidades falsas, ha vuelto a dejar patente que Europa y la UE han sido durante años un campo de juegos para la Inteligencia norteamericana.

En Schengen Overview, uno de los manuales divulgado por Julian Assange y los suyos, la CIA detalla las medidas de seguridad que pueden encontrarse sus agentes cuando entren en el espacio sin fronteras europeo durante sus misiones encubiertas. 

Portadas del manual secreto de la CIA y de la filtración de Wikileaks

El informe, fechado en enero de 2012, revela que la CIA conocía las tripas de todos los programas de seguridad que ha dispuesto la autoridad comunitaria para evitar la inmigración ilegal. En la descripción que hacen a sus agentes de uno de esos programas, los redactores hacen una curiosa especificación:  

"SIRENE (Solicitud de información adicional al puesto fronterizo de entrada) complementa a SIS vinculando cada sistema nacional a través de la base de datos central del SIS en Estrasburgo. (...) Los agentes de SIRENE están de guardia todo el día para enviar o recibir alertas y coordinar la cooperación policial transfronteriza. El funcionamiento de SYRENE es manual y se basa en archivos de Microsoft Word en inglés enviados vía e-mail"

Un año después de que la CIA hiciera hincapié en este detalle. Edward Snowden reveló que un nutrido grupo de empresas tecnológicas estadounidenses colaba con las agencias de seguridad del país y les permitía el acceso a sus bases de datos. Entre esas empresas se encontraban Microsoft y varios proveedores de correo electrónico como Yahoo o Google. 

Espionaje entre socios

Tras las megarevelaciones de Snowden, todos los grupos del Parlamento Europeo pidieron al Consejo Europeo (compuesto por los jefes de Gobierno de los Veintiocho) y a la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión) que pararan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con EEUU y renovaran la directiva europea de protección de datos, que data de 1995.

Cinco meses tardaron los presidentes de los Estados miembros de la UE en reunirse para tratar las revelaciones de espionaje. En una nota adjunta a las conclusiones de la cumbre, el Consejo Europeo no cumplió ninguna de las dos peticiones, recalcando "el valor de la asociación con EEUU".  
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La respuesta del Consejo supuso un jarro de agua fría para algunos grupos, y un anticipo de la que con el tiempo se convertiría también en línea de actuación básica de este organismo. Sin embargo, la mayoría de ONGs, plataformas ciudadanas y fuerzas políticas críticas con el tratado no mostraron sorpresa alguna porque los mismos que llevaban años preparando el caldo de cultivo para la firma del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) se limitasen a pedir sin demasiado ahínco que Bruselas revisase sus relaciones con Washington, como tampoco han puesto demasiadas pegas al tratado a día de hoy.

De hecho, liberales, conservadores y socialistas han pasado de puntillas sobre la opacidad con la que la UE negocia el acuerdo, para seguir vendiendo sus virtudes.
Lo más parecido a un rayo de esperanza fue el reciente anuncio de Francia, que afirmó que no apoyará un tratado que contenga una cláusula de protección de inversiones o ISDS: un peligroso mecanismo que permitirá a las multinacionales demandar a los estados en los que realicen inversiones de considerar estas inversiones perjudicadas por los cambios regulatorios que apliquen los diferentes gobiernos.

La inmensa mayoría de los tratados bilaterales incluyen esta cláusula de protección de inversiones que la Comisión se empeña en envolver en piel de cordero para que los ciudadanos no se fijen en sus garras y colmillos.

En sus cada vez más habituales y todavía poco publicitados briefings para vender las virtudes del TTIP, Bruselas omite que con este mecanismo sólo pueden demandar las empresas y no los estados, y que estas demandas se saltarán las justicias nacionales para ir a parar a cortes de arbitraje privadas. Con abogados especializados que cobran hasta 800 euros la hora y con árbitros que se embolsan hasta 3.000 euros por día de trabajo, no hace falta decir que el arbitraje es un negocio tremendamente lucrativo, controlado por unas pocas empresas de EEUU y la UE, que se reparten el grueso del pastel del dinero público que los estados emplean para defenderse.

Huelga decir que un Estado nunca puede vencer cuando hay una cláusula ISDS de por medio, como aprecia en el caso de Uruguay contra la tabacalera Philip Morris, que exige una compensación millonaria al país lationamericano por haber introducido advertencias sobre los riesgos del tabaco para la salud en las cajetillas de cigarros, porque considera que este cambio regulatorio afecta a sus ventas, y eso está por encima de la salud de los uruguayos.

La oposición al TTIP crece de forma evidente, y los socialistas españoles se han visto obligados a pronunciarse contra el polémico ISDS, de nuevo con discreción, y nunca por escrito. El presidente del Europarlamento, el socialista alemán Martin Schulz, pidió la paralización de las negociaciones tras la revelación de los casos de espionaje, aunque tampoco puso especial empeño en lograr su objetivo, que no ha seguido defendiendo a posteriori.