La plataforma Telegram firmó este viernes un acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil para combatir la desinformación, una semana después de que la Corte Suprema ordenó la suspensión de su servicio en el país por no colaborar con la Justicia.

La red social se adhirió al Programa Permanente de Enfrentamiento a la Desinformación en el Ámbito de la Justicia Electoral, en el cual ya participan firmas del sector como Google, Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras, según indicó el TSE en una nota.

De esta forma, Telegram se comprometió a actuar activamente contra los contenidos falsos relacionados con los procesos electorales y el sistema electrónico de votación, objeto de una campaña de descrédito por parte del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Las urnas electrónicas funcionan en Brasil desde 1996, pero el mandatario sostiene, sin pruebas, que fomentan los "fraudes", motivo por el cual apuesta por implementar un sistema mixto con voto en papel.

Por esos ataques, Bolsonaro está siendo investigado en el Supremo, así como en el TSE, que ha buscado alianzas con las distintas redes sociales para cortar la diseminación de "noticias falsas" entre sus usuarios.

Telegram ha sido la última en unirse a esa iniciativa, aunque solo lo ha hecho después de tener problemas con la Justicia brasileña. El viernes pasado, el Supremo ordenó el bloqueo cautelar de la plataforma por negarse a "colaborar con la Justicia".

El servicio, sin embargo, nunca llegó a ser interrumpido porque Telegram cumplió con una serie de determinaciones judiciales, como la retirada de fake news publicadas por Bolsonaro, y el domingo el juez encargado del caso levantó la suspensión.

En este contexto, el TSE consiguió reunirse por primera vez con el representante en Brasil de Telegram, Alan Campos, en la víspera para invitar a la compañía a sumarse a su programa contra la desinformación, con vistas sobre todo a los comicios presidenciales de octubre, a los que pretende presentarse Bolsonaro.

Y es que Telegram se ha convertido en la herramienta de comunicación predilecta del gobernante y de los grupos de ultraderecha que le apoyan, que vieron cómo muchos de sus contenidos eran vetados por otras redes sociales por engañosos u ofensivos.