Ecuador vive una ola de violencia sin precedentes en varias ciudades que ha puesto contra las cuerdas a las fuerzas de seguridad. El país sudamericano vivió este pasado martes una auténtica jornada de terror en la que un grupo armado tomó un canal de la televisión pública en Guayaquil, al menos diez personas fueron asesinadas y se produjeron numerosos secuestros de agentes de policía e incluso ataques con coches bomba. Además, el Gobierno ha perdido el control de seis cárceles donde los presos permanecen amotinados. Los encarcelados rechazan el traslado de presos de una prisión a otra.

Setenta personas han sido detenidas hasta el momento en todo el país en operativos realizados a nivel nacional. En un comunicado en redes sociales, la Policía ecuatoriana reveló un balance preliminar de acciones, entre las que mencionó la liberación de tres agentes, que habían sido secuestrados el lunes y que fueron liberados el martes, la recaptura de 17 presos fugados y la incautación de armas, municiones, explosivos y vehículos. 

Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, declaró el estado de excepción el lunes por la noche en un decreto en el que afirma que el país está inmerso en un "conflicto armado interno". Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares contra los grupos de crimen organizado que están detrás de esta ola de violencia. 

Pese a este estado de excepción, el martes se registraron la explosión de varios coches bomba, atentados con explosivos y secuestro de policías. El suceso más llamativo, sin embargo, ocurrió en Guayaquil cuando un comando formado por 13 individuos fuertemente armados que portaban rifles de asalto, granadas y explosivos irrumpió en el canal público TC Televisión mientras emitía en vivo un programa informativo. Los asaltantes amenazaron a los periodistas y les exigieron que pidieran al presidente Noboa que no mandara a la Policía. Finalmente, agentes de élite entraron en las instalaciones, detuvieron a los delincuentes y liberaron a los rehenes.

La operación de rescate en el canal de la televisión pública se saldó sin víctimas, pero eso no impidió que el pánico se desatara en las calles, centros educativos y comercios de la ciudad, donde ocho personas resultaron muertas y otras dos heridas cuando grupos de encapuchados dispararon a transeúntes y vehículos y tomaron a la fuerza una tienda de abastecimientos. Posteriormente, la Policía ecuatoriana informó de la muerte de dos agentes más "vilmente asesinados por delincuentes armados" en la localidad de Nobol, en la región de Guayas. 

En Guayaquil, la Policía tuvo que intervenir ante las más de 600 situaciones de emergencias reales recibidas y acudió en ayuda del personal en varios hospitales que también fueron asaltados. Las calles de la ciudad quedaron prácticamente desiertas.

Crisis carcelaria

El estado de excepción y toque de queda durará sesenta días. La fuga  un día antes de Adolfo Macías, alias Fito, el peligroso líder de la banda criminal Los Choneros, y considerado el delincuente más peligroso del país, provocó la reacción del Gobierno. La fuga de Fito se produjo cuando el Gobierno planeaba trasladar a Macías a una cárcel de máxima seguridad. El estallido de varios motines en seis centros penitenciarios del país terminó de agravar la situación.

Con el decreto aprobado por Noboa, "todo grupo terrorista es un objetivo militar", advirtió en un mensaje difundido la noche del martes el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela, en alusión a los 22 grupos del crimen organizado transnacional mencionados por el presidente Noboa en la declaración de conflicto armado interno.

La advertencia del alto mando militar de que el país "no retrocederá ante el terrorismo" fue realizada al término de un Consejo de Seguridad convocado de manera urgente por el mandatario, con la participación de los tres poderes del Estado y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

A pesar de la gravedad de los acontecimientos, el presidente Noboa, quien asumió el cargo en noviembre pasado tras ganar las elecciones en octubre, no ha aparecido en público desde que el lunes por la noche difundiera en redes sociales un vídeo con la declaración del estado de excepción y el toque de queda.

El mandatario, en cambio, encabezó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, en la que participaron representantes de los tres poderes del Estado y también altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Noboa y el Gobierno cuentan con el apoyo de la Asamblea Nacional de Ecuador, que manifestó su respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás funcionarios encargados de mantener la seguridad y la paz frente a la ola de violencia. El Parlamento ecuatoriano anunció que adoptará "indultos y/o amnistías" en los casos que sean necesarios para garantizar que puedan cumplir su tarea.

En un pronunciamiento publicado en X, los diputados ecuatorianos dijeron a los ciudadanos que están trabajando "en unidad, sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas".

Inestabilidad política y económica

La declaración formal por parte de Noboa de que Ecuador vive un "conflicto armado interno" evidencia hasta qué punto los grupos criminales han extendido su poder y su presencia, palpable tanto en el sistema penitenciario como en las calles de algunas ciudades como Guayaquil. Todo ellos se ha traducido en niveles de homicidios sin precedentes históricos.

La inestabilidad política y económica de los últimos años ha terminado de convertir a Ecuador, considerado en su día como uno de los países más estables de América Latina, en el más violento de toda la región. El año 2023 cerró con unas 7.600 muertes violentas, lo que equivale a una tasa de más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

La tasa se dispara en ciertas provincias y, de hecho, países como España recomiendan evitar los viajes a las regiones de Guayas y Esmeraldas, consideradas el epicentro de la criminalidad. En el barrio de Nueva Prosperina, en Guayaquil, el índice de homicidios asciende a 114 muertes por cada 100.000 habitantes, según fuentes oficiales citadas por el diario El Universo.

Ecuador, no en vano, es un país clave en la ruta del narcotráfico en Estados Unidos y en los últimos años los grupos locales han estrechado lazos con cárteles de países como México y Colombia, sin que las fuerzas de seguridad ecuatorianas hayan logrado encontrar la fórmula de contener su constante expansión.

Argentina, Bolivia y Colombia ofrecen su ayuda

Argentina, Bolivia y Colombia, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comunidad Andina, así como organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch (HRW), condenaron la ola de violencia y algunos de ellos se ofrecieron incluso a apoyar a las autoridades de ese país con el envío de efectivos armados si fuese necesario.