La jueza argentina María Servini ha tomado el testigo en la investigación de los crímenes franquistas de Baltasar Garzón, después de que, el pasado mes de mayo, el exjuez español declarase como testigo ante la magistrada que 'en España no hay posibilidad alguna de investigar dichos crímenes, y así ha sido reconocido en diferentes resoluciones judiciales dejando a las víctimas sin ningún amparo judicial de justicia penal'. 'La impunidad respecto de estas acciones es y sigue siendo total', añadió.

En el auto judicial dictado esta semana, en el que reclama a España la detención de cuatro policías franquistas denunciados por torturas, la jueza Servini reproduce textualmente la declaración que prestó ante ella Garzón el pasado 27 de mayo, que refuerza su tesis de que en España no hay una 'investigación eficaz' de estos hechos, justificando con ello la actuación de un tribunal argentino.

Asimismo, la jueza subraya en sus razonamientos que Garzón, cuando era juez de la Audiencia Nacional española, solicitó a Reino Unido la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet en aplicación de la jurisdicción universal que la Ley Orgánica del PoderJudicial española establece, sober la base de una acusación fundada en genocidio, tortura y terrorismo'.

Como ha hecho la jueza, Garzón consideró que en la causa contra los crímenes cometidos durante el franquismo examinaba 'la ejecución sistemática' de delitos contra la vida, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales. ataques contra bienes, y sustracción de menores de edad.

En su comparecencia ante la jueza Servini, Garzón explicó que hasta el comienzo de sus indagaciones, 'no se había producido ninguna investigación durante los años de la dictadura franquista hasta el 20 de noviembre de 1975 fecha de la muerte de Francisco Franco, ni en la transión hasta la fecha de la aprobación de la Constitución el 6 de diciembre de 1978, ni con posterioridad durante la democracia. De esta forma quedó constancia que las víctimas no habían recibido ninguna reparación por vía judicial penal'.

A continuación relataba cómo las víctimas habían fijado su cifra en 114.000, y cómo dictó un auto declarando la competencia del caso de su Juzgado, el Central número 5 de la Audiencia Nacional, al considerar que los delitos examinados eran crímenes de lesa humanidad, por lo que mantenían sus efectos como delitos permanentes. Al número de damnificados sumó los 30.000 menores de edad sustraidos a sus familias, los conocidos como 'niños robados del franquismo'.

Garzón confesó a la jueza que, según su criterio, la investigación 'debería haber continuado', pero en el mes de marzo de 2012, el Tribunal Supremo --que procesó por prevaricación al propio Garzón por la instrucción de este caso, aunque finalmente le absolvió-- dejó 'manifiestamente claro que no podían investigarse los crímenes franquistas'.

'A partir de ese momento, y partiendo del contenido de esa resolución, en España no hay posibilidad alguna de investigar dichos crímenes, y así ha sido reconocido en diferentes resoluciones judiciales dejando a las víctimas sin ningún amparo judicial de justicia penal', destacó el exjuez español.

Después recordó que en la Audiencia de Barcelona se ha calificado como delito de guerra un ataque de las fuerzas italianas en un bombardeo en la ciudad condal, por lo que procede investigarse, de modo que es el único tribunal que investiga estos crímenes de naturaleza internacional.

Sin embargo, según Garzón, 'a día de hoy --27 de mayo de 2013-- no existe ninguna causa abierta en España que investigue ningún crimen cometido por el régimen franquista o por cualesquiera de sus aparatos ni tampoco lo ha habido antes'

En ese sentido, el exmagistrado recordó que la Ley de Amnistía de 1977, pese a que no aludía a crímenes de genocidio, lesa humanidad u otros de naturaleza internacional, 'se ha aplicado indefectiblemente a todos, por lo que la impunidad respecto de las acciones presuntamente cometidas o imputadas a los actores del régimen franquista ha sido y sigue siendo total'.

A preguntas de la instructora, el juez insistió en negar la afirmación de la Fiscalía española de que había investigaciones en España de los crímenes del franquismo: 'Radicalmente, no. En España no se ha investigado en ningún momento, al margen del intento hecho por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el plan sistemático de eliminación, de detención, desaparición, iniciado con el alzamiento nacional en 1936. Sï existe investigación sobre el robo de niños que en los años 60 y 70 se produjeron y que son ajenos a esa causa'.