La exhumación del cuerpo de Pablo Neruda se ha completado este lunes en Isla Negra con el fin de someterlos a análisis para determinar si falleció de cáncer o fue asesinado por la dictadura de Pinochet el 23 de septiembre de 1973, días después del golpe militar. Los resultados se conocerán en los próximos meses.
Las labores se han llevado a cabo hoy en la casa-museo de Isla Negra, una localidad situada a 100 kilómetros al oeste de Santiago, donde reposan los restos del premio Nobel de literatura junto a los de su tercera esposa, Matilde Urrutia. Sus tumbas se encuentran, mirando al océano Pacífico, en el jardín de la casa-museo, que cada año recibe miles de visitas y que cerró sus puertas ya el domingo por la tarde, de forma excepcional, y también, como es habitual, hoy lunes.
Para la exhumación se ha instalado una carpa y se utilizaron trajes especiales ante la posible presencia de sustancias tóxicas. Las labores han sido llevadas a cabo por un equipo multidisciplinar de forenses chilenos y extranjeros: cinco expertos del estatal Servicio Médico Legal, cuatro peritos de la Universidad de Chile y cuatro expertos internacionales. Entre ellos se encuentran la toxicóloga estadounidense Ruth Winecker y tres españoles, el toxicólogo Guillermo Repetto, el cirujano Aurelio Luna y el médico forense Francisco Etxeberría, que también participó en 2011 en la exhumación del presidente chileno Salvador Allende.
Hubo, además, tres observadores internacionales, y estuvieron presentes el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier; el abogado de esa formación, Eduardo Contreras; un sobrino del poeta, Rodolfo Reyes, y el antiguo chófer de Neruda, Manuel Araya. Fue precisamente Araya quien en 2011 planteó por primera vez en una entrevista la posibilidad de que Neruda pudo ser asesinado, lo que llevó al Partido Comunista, al que el poeta pertenecía, a presentar en mayo de ese año una querella que dio pie a la investigación judicial.
Tras practicar diversas diligencias, el juez Mario Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, decidió en febrero que habría que desenterrar los restos del autor de 'Veinte poemas de amor y una canción desesperada' para esclarecer las causas de su muerte. Según la versión oficial, Neruda falleció en una clínica privada de Santiago el 23 de septiembre de 1973, doce días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet (1973-1990), debido al cáncer de próstata que padecía desde hacía años.
Sin embargo, Manuel Araya sostiene que su muerte se debió a una inyección que le pusieron ese mismo día, en vísperas de un viaje que le debería haber llevado al exilio a México, donde se podría haber convertido en un azote para el régimen militar. Neruda 'era una figura muy peligrosa para Pinochet por todo el prestigio internacional que tenía', manifestó Araya, que ahora reside en la localidad costera de San Antonio, a pocos kilómetros de Isla Negra. El chófer asegura que el poeta había aceptado el refugio que le ofreció México tras el golpe y se aprestaba a viajar a ese país para involucrarse activamente en la lucha política contra el régimen.
El antiguo chófer del poeta Pablo Neruda, Manuel Araya, ha criticado el equipo forense elegido para participar en la exhumación del premio nobel de literatura, aunque otros actores involucrados en este proceso desestimaron sus observaciones. Araya asegura que el juez Carroza 'vetó al equipo de peritos propuestos por la familia de Pablo Neruda, representada por su sobrino Rodolfo Reyes, y por el PC, representado por Eduardo Contreras'. Sin embargo, Contreras indicó que no comparte el contenido de ese texto y que el PC contará con la perito Gloria Ramírez durante la exhumación y con el neurólogo y psiquiatra Luis Fornazzari y el genetista Cristián Orrego durante los exámenes posteriores. El letrado sí coincidió con Manuel Araya en que el juez debería haber aceptado, a propuesta de la familia del poeta, la presencia del perito tanatólogo Luis Ravanal, que en 2008 se hizo conocido por difundir un informe sobre la muerte en 1973 de Salvador Allende.
Antes que Neruda, los cadáveres de otras figuras clave en la historia reciente de Chile han sido también exhumadas los últimos dos años para aclarar las causas de sus muertes.
En el caso de Allende, en 2011 se estableció que el mandatario sí se suicidó durante el bombardeo ordenado por los militares golpistas contra La Moneda. En cambio, en el caso de su exministro José Tohá, en 2012 los análisis determinaron que no se suicidó sino que murió por la acción de terceros -por estrangulamiento o por ahorcamiento homicida- cuando estaba internado en el Hospital Militar de Santiago en 1974. Pero la situación que más se asemeja a la que vivió Neruda es la del expresidente Eduardo Frei Montalva, que falleció en 1982 en la misma clínica, en la Santa María, cuando encabezaba una incipiente oposición a la dictadura. Durante años su deceso se atribuyó a una septicemia, pero en 2009 una investigación judicial estableció que había muerto envenenado.
En la indagatoria sobre el poeta, el juez Carroza se ha topado con que ninguno de los tres centros hospitalarios en que Neruda fue atendido durante 1973 conservan sus informes médicos, pese a que la ley obliga a guardarlos durante 40 años. Además, 'ahora hay dudas respecto de la real identidad del médico que habría inyectado un fármaco (dipirona) al poeta, supuestamente para aliviarle el dolor aquel domingo', según cuenta su abogado Eduardo Contreras.
'Son muchas las contradicciones que hay en el proceso acerca de lo que sucedió en la clínica con Neruda que, a lo menos, nos hacen tener una legítima duda respecto de que haya muerto de cáncer', declaró a Efe el letrado. Incluso, añadió, 'ahora hay dudas respecto de la real identidad del médico que habría inyectado un fármaco (dipirona) al poeta, supuestamente para aliviarle el dolor aquel domingo'. Inicialmente, explicó, 'se suponía que fue un médico llamado Sergio Draper, pero hay testigos en el proceso que dicen que no fue Draper quien lo inyectó'. 'Resulta extraño que Draper entrara a trabajar en la clínica sólo tres días antes de la muerte de Neruda; un médico ligado por muchos años al Hospital Militar y, además, mencionado en la muerte (en 1982) del expresidente Eduardo Frei Montalva, en esa misma clínica producto de un envenenamiento, como está acreditado en la Justicia', precisó.
Estas dudas comenzarán a despejarse a partir de hoy, cuando los restos serán trasladados a un laboratorio especial en la sede del Servicio Médico Legal en Santiago, sometido a vigilancia permanente con guardias y cámaras. 'Habrá un análisis antropológico y médico. Se construirá un perfil biológico y se evaluará el estado de los restos. Además, se levantarán muestras con las que se harán los exámenes toxicológicos', declaró el director del SML, Patricio Bustos, al diario La Tercera. También se buscarán rastros de metástasis ósea y posibles sustancias toxicológicas de origen químico que ayuden a desvelar un misterio que, según el letrado Eduardo Contreras, puede convertirse en un 'golpe a la memoria internacional'.
Determinar la causa de la muerte será 'una labor difícil', según dijo a periodistas Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal. 'Las muestras se van perdiendo con los años, pero estamos acostumbrados a trabajar en la adversidad', precisó Bustos, quien destacó la permanente disposición del organismo 'para buscar la verdad'.
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