Unas 60.000 mujeres son víctimas de la explotación sexual en Argentina, forzadas a ejercer la prostitución en al menos 8.000 prostíbulos diseminados por todo el territorio. Pero ninguna persona ha sido condenada hasta ahora por el delito de trata.

Con semejante escenario, Argentina aguardaba esta semana el desenlace de uno de los casos más emblemáticos sobre tráfico de personas que recuerde el país gracias a la lucha de una mujer, Susana Trimarco, que lleva más de una década buscando a su hija María de los Ángeles ('Marita') Verón, desaparecida el 3 de abril de 2002 en la provincia norteña de Tucumán cuando tenía 23 años.

La expectación social se transformó en conmoción y rabia cuando se dio a conocer el fallo judicial. El trío de magistrados encargado del caso absolvió por unanimidad a los 13 acusados, algunos ex policías, que habían sido imputados por el secuestro y explotación sexual de Marita Verón. Miles de personas salieron a manifestarse en varias ciudades del país, protestas que se volvieron violentas en Tucumán y en la capital argentina.

'No, no esperaba esa sentencia', reconoce a Público Susana Trimarco, el rostro más visible en Argentina de la guerra contra la trata de personas. '¿Cómo iba a esperar semejante injusticia? Pero por cosas que fueron pasando en los diez meses que duró el juicio, se nota que el tribunal fue demasiado complaciente con los acusados', observa.

La sentencia de la Cámara Penal de Tucumán es el último varapalo de un sistema judicial que despierta toda su desconfianza. 'Hace más de 10 años que vengo reclamando por mi hija, por que investiguen'. Ahora emprenderá un juicio político contra los tres jueces. 'Todavía no he escuchado sus fundamentos, pero para mí hay algo raro. He recibido cartas diciendo que los magistrados habían sido comprados por los acusados. Hay que investigar', sostiene.

Es testigo de esta lucha su nieta de 13 años, Micaela Sol, hija de Marita Verón. 'Micaelita se ha criado durmiendo en un banco y en un rincón de la entrada de los tribunales esperando que me dieran una respuesta de cómo iba la investigación de mi hija', indica.

'En la actualidad se están tomando muchas medidas para perseguir el delito de trata de personas, desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad y desde organismos judiciales', admite. 'Pero todavía falta bastante por hacer, en particular en las investigaciones por parte de los fiscales, para que se desarticulen las redes delictivas y se condene a los tratantes'.

La 'complicidad  de muchos funcionarios judiciales y políticos' con la explotación sexual, según sus propias palabras, ha intentado boicotear su búsqueda desde el principio. Trimarco contó durante el juicio cómo los obstáculos comenzaron en el mismo momento de interponer la denuncia en comisaría. Primero le indicaron que la denuncia debía presentarla el marido de Marita. 'Después nos dicen que no tenían papel (...) Después que no había cinta, que estaban las ruedas pinchadas, que no tenían nafta [gasolina]. Mi marido le hizo arreglar la rueda y les dio plata para la nafta, y asi logramos que se mueva la policía', contó por entonces.

Tras recibir una llamada anónima que la puso sobre la pista de las redes de trata, y consciente de que se movía en terreno peligroso, Trimarco decidió investigar por su cuenta. Se infiltró como supuesta proxeneta en cuatro prostíbulos y así conoció de primera mano aquel submundo del que pudo rescatar ,sólo en los primeros cuatro años, a 129 mujeres.

“Buscando a mi hija viajé a España y rescaté a muchas chicas en Burgos. Las redes de trata operan a nivel mundial y ningún país está libre” Mientras Trimarco intentaba dar con el paradero de Marita Verón, su caso empezó a recibir cierta atención pública. En 2007 constituyó una fundación que lleva el nombre de su hija, María de los Ángeles, y que hasta ahora ha salvado a más de 400 mujeres de las bandas de explotación sexual.

'En el camino que llevo andando en estos casi 11 años, descubrí este delito aberrante y no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo las víctimas sufrían la desprotección luego de ser rescatadas. Por eso creé la fundación, para darles asistencia integral. Desde hace cinco años seguimos por ese camino', concluye.

Trimarco ha sido víctima de dos intentos de asesinato y de varias amenazas de muerte. No han sido suficientes para detenerla. 'Buscando a mi hija he viajado a España y he rescatado a muchas chicas en Burgos. Las redes de trata operan a nivel mundial y ningún país está libre de ella', advierte.

Según la Oficina de Rescate y Acompañamiento, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, más de 3500 víctimas han sido rescatadas en unos 1700 procedimientos judiciales desde la sanción de la Ley de Trata de Personas en 2008.

Luján Araujo, responsable de comunicación de la fundación que dirige Trimarco, destaca a Público que están a la espera de juicio más de 1.200 supuestos integrantes de redes de trata. 'Argentina es un país federal, por lo que no están centralizadas las leyes y la Justicia. Al no estar capacitados todos los juzgados en los casos de trata, no se los juzga bajo ese delito', indica.

Entre los funcionarios judiciales y las fuerzas de seguridad hay además mucha resistencia para investigar,  'al margen de los esfuerzos del Ministerio de Seguridad y del Gobierno a capacitarse, a sensibilizarse, y a intervenir en el delito de trata de la manera correcta'.

Araujo explica que existe un procedimiento sobre cómo asistir a las víctimas.  'Las fuerzas intervinientes a veces tratan a las víctimas como prostitutas en caso de explotación sexual, cuando hay un protocolo de cómo acercarse a las víctimas, que son amenazadas y entrenadas sobre lo que tienen que decir a la hora de ser interrogadas por las autoridades'.

Las mujeres son secuestradas en las regiones norteñas más pobres y llevadas a las ricas del centro y el oesteLas provincias del norte de Argentina --Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Salta, Jujuy--, más vulnerables económicamente, son las llamadas 'regiones de origen', de donde provienen la mayoría de las mujeres sometidas a las redes de trata.

Las provincias de destino, en cambio, son las más desarrolladas económicamente: Buenos Aires, Córdoba y Mendoza  (centro y oeste del país), 'y el cordón petrolero en la Patagonia [en el sur] donde están los trabajadores de petróleo con alto poder adquisitivo', aclara la portavoz de la fundación, que se financia con fondos públicos y privados. 

La organización Casa del Encuentro estima que todavía existen en Argentina más de 700 mujeres y niñas desaparecidas víctimas de las mafias de trata.

El caso de Marita Verón ha levantado un revuelo de tal magnitud que sobre el caso se pronunció hasta la presidenta Cristina Fernández, inmersa a su vez en el litigio judicial que finalmente ha decretado la constitucionalidad de la Ley de Medios en una causa que impulsa Clarín, el mayor grupo mediático del país.

La mandataria salió a rechazar 'el divorcio entre la sociedad y la Justicia' y a pedir la 'democratización' de esta última. Luego ordenó agilizar en la Cámara de Diputados una modificación a la Ley de Trata de 2008 que ha estado frenada un año y medio, cuando en el Senado había sido aprobada en 2011.

Este miércoles se prevé la sanción definitiva de un proyecto que entre otros aspectos, castiga con penas de cuatro a seis años de cárcel al proxeneta o al que 'promueva o facilite la prostitución de una persona'. En caso de víctimas menores de edad, los castigos serán de 10 a 15 años de prisión.