Barack Obama dio ayer un ultimátum a los republicanos al anunciar que vetará cualquier propuesta para reducir el déficit que no incluya subir los impuestos a los más adinerados y rechazó las acusaciones de que estaba lanzando 'una guerra de clases'. Obama propuso un plan para recortar el déficit del país en más de 4,4 billones de dólares (3,2 billones de euros, al cambio de ayer, el triple del PIB español) en la próxima década al rescindir las deducciones fiscales de los más ricos y plantear 'ajustes' en los programas de salud de los mayores (Medicare) y los más desfavorecidos (Medicaid).

Obama no sólo pide que dejen de ampliarse las deducciones fiscales aprobadas por George Bush a los que ingresan más de 200.000 dólares al año y que expiran a finales de 2012. Su plan también incluye la llamada ley Buffet, que obligará a los que ganen más de un millón de dólares al año a pagar el mismo porcentaje que el estadounidense medio (alrededor de un 35%).

El plan incluye ingresos por un billón y recortes del gasto militar

En resumen y en cifras, el plan de Obama incluye nuevos ingresos: 1,5 billones de dólares (un billón de euros) en ingresos procedentes de los impuestos de los ricos, de las empresas petroleras y grandes corporaciones, y de otras reducciones incluidas en la normativa fiscal, como las que dan privilegios a los propietarios de jet privados. Y, sobre todo, recortes y ajustes por casi dos billones (1,5 billones de euros): 1,1 billones del repliegue progresivo de las tropas de Irak y Afganistán, 580.000 millones de dólares de programas sociales como Medicare (248.000 millones) y Medicaid (72.000 millones), y otros 430.000 millones que no se pagarán en intereses al reducirse la deuda.

La Casa Blanca presentará su propuesta al nuevo supercomité del Congreso, formado por 12 congresistas, que, antes de finales de noviembre, deberán concretar los recortes.

Obama reconoció que su propuesta no sería muy popular entre los conservadores e intentó anticiparse a las críticas. 'Nadie quiere castigar el éxito en Estados Unidos', dijo el presidente. 'O subimos los impuestos a quienes más tienen o recortamos el gasto sanitario a los ancianos' señaló y añadió: 'no podemos permitirnos las dos cosas. Esto no es lucha de clases. Son matemáticas'.

Un comité de 12 congresistas concretará dónde se meterá la tijera

Respondía así a las acusaciones de los republicanos, que durante el fin de semana acusaron a la Casa Blanca precisamente de eso, de quebrar el orden social. 'No creo que pedir al presidente de un hedge fund que pague los mismos impuestos que un fontanero o un profesor sea una guerra de clases', insistió el presidente en otro momento de su discurso. 'Es lo que hay que hacer', añadió.

Obama lanzó, sobre todo, un mensaje de austeridad. 'Washington debe vivir acorde con sus posibilidades. El Gobierno debe hacer lo que las familias de este país han hecho durante años, recortar lo que no se puede permitir', declaró el presidente.

Antes de que terminara el discurso, los republicanos ya habían dicho que no. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, declaró en un comunicado que la propuesta no solucionaba los problemas de fondo y no suponían 'una contribución seria' al debate sobre el déficit o al tema de las pensiones (que en este plan no se tocan). 'Enfrentar a un grupo de estadounidenses contra otro no es muestra de liderazgo', dijo el responsable republicano.

En su intervención, el presidente acusó precisamente a Boehner, con el que luchó a brazo partido este verano por el tema de la ampliación del tope de la deuda, de no tener una visión 'equilibrada' (es decir, todo recortes, nada de ingresos). Y dijo que su constante oposición 'no era inteligente'.

La batalla se anuncia casi imposible. El discurso de ayer fue, sobre todo, un llamamiento a la base demócrata, que acusa a Obama de hacer demasiadas concesiones a los republicanos. La Casa Blanca espera que la idea del gravamen a los ricos ayude en los sondeos.

Con el de ayer son dos los frentes que tiene abiertos Obama este otoño. El pasado día 8 también pidió al Congreso que aprobara la American Jobs Act, una propuesta que pretende inyectar 447.000 millones de dólares en la economía, ampliando los descuentos fiscales a empresas y particulares (240.000 millones del total) y poniendo en marcha un ambicioso programa de obras públicas y ayudas a los estados (unos 140.000 millones).