Diez días después de que presentara en el Parlamento el más profundo recorte del gasto público en décadas, el Gobierno británico comienza a descubrir que le cuestionan tanto el mensaje como las cifras.

En España, ha encontrado un aliado en el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, que ha dicho que le gusta el plan de David Cameron y que pondría en marcha “algo similar” si ganara las próximas elecciones.

Sin embargo, algunos de los conceptos que maneja Rajoy no se corresponden con las medidas de Cameron y el debate suscitado en el Reino Unido.

Las iglesias protestantes, las ONG, y el alcalde de Londres han coincido en resaltar los puntos débiles. A los religiosos les molesta que el eslogan tantas veces repetido por Cameron y su ministro de Hacienda, George Osborne –“Estamos en esto juntos”–, no se corresponda con la realidad.

Osborne hizo hincapié en un compromiso que agrada a las bases conservadoras: poner fin al alto nivel de fraude en la percepción de subsidios. Ese fraude existe, pero no al nivel denunciado por Osborne.

Las iglesias metodista, baptista y reformista unida hicieron ver la pasada semana que se está intentando echar todas las culpas sobre los que menos tienen. “Exagerar el fraude en el gasto social es una forma de culpar a los pobres”, dijo la sacerdote metodista Alison Tomlin. “Dejemos claro que esta recesión no la han causado los pobres, los que reciben subsidios ni tampoco los que engañan al recibirlos”.

Más allá de esta interpretación, hay un hecho incuestionable. Osborne se equivocó con las cifras hasta tal nivel que parece difícil justificarlo con un descuido. “No toleraremos más el fraude en el Estado del bienestar. Calculamos que por su culpa se pierden 5.000 millones de libras al año. 5.000 millones que otros tienen que aportar con sus impuestos”, dijo el ministro en el Parlamento.

La cifra real de ese fraude es de 1.500 millones de libras, que no es una cantidad menor, según datos del Ministerio de Trabajo. El resto se debe a errores de un sistema que sí necesita una reforma profunda.

El Gobierno insiste en que los recortes castigan a todos los sectores sociales por igual y sin discriminaciones. “La justicia ha sido literalmente la cuestión que más me ha preocupado en este proceso”, dijo el viceprimer ministro, Nick Clegg, que insistió en que eran los ricos los más perjudicados.

No es eso lo que opina el Instituto de Estudios Fiscales, el organismo independiente más citado por la prensa británica en los análisis sobre gasto público. “Los más pobres van a perder más renta en proporción a sus ingresos a causa de estos cambios”, según el análisis de sus expertos. Las familias con hijos son las principales damnificadas.

En los últimos días, el tema más polémico ha sido el de las ayudas para pagar el alquiler de la vivienda para las familias de menos recursos. El Gobierno ha introducido nuevos máximos: 288 euros a la semana para casa de dos dormitorios y 461 para las de cuatro. Con esos precios, es casi imposible vivir en Londres, y muchas familias se verán obligadas a abandonar la ciudad.

“Lo último que queremos es una situación como la de París, donde la gente con menos recursos se ve expulsada a los suburbios”, protestó el alcalde de Londres, el conservador Boris Johnson. “No aceptaremos ningún tipo de limpieza social al estilo de Kosovo”.

Decenas de miles de familias tendrán que buscar casas más baratas en municipios cercanos a Londres donde ya existe un déficit de viviendas sociales que se mide por miles. La ingeniería social del plan de Cameron tiene aún un final incierto.